La embajadora de Estados Unidos en Grecia, Kimberly Guilfoyle, presentó su renuncia el martes 13 de octubre después de que la Administración de Donald Trump le comunicara que debía abandonar el cargo. La decisión puso fin a una misión diplomática de menos de un año, marcada en sus últimas semanas por una sucesión de acusaciones sobre posibles conflictos de intereses, favores políticos y comportamientos impropios de una representante oficial de Washington.
El desenlace llegó después de que Trump expresara públicamente su malestar. El lunes, preguntado por la posibilidad de destituirla, afirmó: «Lo estamos analizando» y añadió: «No estamos contentos». Un día después, la nueva portavoz de la Casa Blanca, Katie Zacharia, confirmó que el Gobierno le había pedido renunciar. Guilfoyle anunció posteriormente su salida y rechazó las acusaciones, que calificó de falsas. Aseguró que defendería «enérgicamente» su nombre, reputación e integridad.
Guilfoyle fue presentadora de Fox News, participó activamente en las campañas de Trump y estuvo comprometida durante varios años con Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente, de quien se separó a finales de 2024. Su cercanía al entorno republicano contribuyó a convertirla en una figura reconocida dentro del movimiento MAGA y facilitó su posterior confirmación como embajadora de Estados Unidos en Grecia. Sin embargo, esta misma proximidad ha alimentado los cuestionamientos públicos sobre los criterios que guiaron su designación diplomática, un debate que se ha intensificado tras su reciente salida del cargo en octubre de 2026 a petición de la Casa Blanca.
La denuncia más grave fue publicada por The Wall Street Journal y se centra en Eric Deters, empresario y donante republicano. Según el periódico, mensajes intercambiados en julio de 2025 muestran que Guilfoyle le pidió que pagara una factura de aproximadamente 100.000 dólares de su tarjeta American Express poco antes de su audiencia de confirmación en el Senado.
De acuerdo con la información publicada, la diplomática habría planteado la posibilidad de ayudar a Deters a acceder a altos cargos de la Administración y de intervenir en asuntos relacionados con sus problemas fiscales y legales. El empresario describió la petición como un intercambio de dinero por influencia política. Afirmó que no llegó a efectuar el pago solicitado.
Guilfoyle y sus abogados ofrecen otra versión. Sostienen que el dinero correspondía a servicios profesionales, apariciones públicas y conferencias que Deters supuestamente le debía, y niegan que existiera un acuerdo para intercambiar dinero por favores oficiales. Su defensa también ha cuestionado la autenticidad o la interpretación de los mensajes difundidos.
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Por tanto, las informaciones publicadas plantean sospechas relevantes, pero no equivalen a una condena ni prueban por sí solas que se cometiera un delito. La cuestión que debe esclarecerse es si se trataba de una reclamación económica privada o si se vinculó, de manera indebida, a la promesa de utilizar la influencia de una futura embajadora.
El escándalo no se limita a ese episodio. The Wall Street Journal también ha informado sobre supuestos regalos y servicios de lujo, viajes en aviones privados y la relación de Guilfoyle con Christos Marafatsos, un lobista vinculado a la empresa griega de construcción y energía Aktor. Según esas informaciones, Marafatsos la acompañó a reuniones oficiales y pudo haber sido confundido por algunos interlocutores con un integrante de su equipo diplomático.
También se ha cuestionado si Guilfoyle promovió intereses empresariales privados durante encuentros oficiales. Sus abogados han defendido que los viajes se realizaron siguiendo las orientaciones del Departamento de Estado y que la diplomática cumplió las normas aplicables. Las acusaciones requieren, por tanto, una investigación que determine qué ocurrió y si hubo infracciones.
Trump cambia de posición y Rubio queda bajo presión
La salida de Guilfoyle también expone las dificultades de la Casa Blanca para gestionar un caso que inicialmente recibió una respuesta defensiva. Durante su visita a Atenas, el secretario de Estado, Marco Rubio, elogió públicamente el trabajo de la embajadora y criticó a los periodistas por tratar las informaciones como hechos demostrados. Sin embargo, la acumulación de nuevas revelaciones aumentó el coste político de mantenerla en el puesto.
Según fuentes citadas por medios estadounidenses, tanto Trump como Rubio estaban profundamente molestos por las acusaciones. El presidente aseguró que no había hablado personalmente con Guilfoyle, pero reconoció que lo publicado le había convencido de actuar: «No me gustó lo que leí».
La Casa Blanca anunció que había pedido la renuncia antes de que Guilfoyle publicara su propio mensaje, lo que dejó poco margen para presentar la decisión como una salida enteramente voluntaria. La diplomática, sin embargo, mantuvo su respaldo al presidente y al movimiento «America First», tratando de separar su lealtad política de las acusaciones que afronta.
El episodio plantea un problema para una Administración que ha defendido la lealtad personal como uno de los atributos centrales de sus nombramientos. La proximidad a Trump no ha impedido que Guilfoyle pierda su puesto cuando las informaciones empezaron a amenazar la credibilidad de la representación estadounidense en un aliado de la OTAN.
La crisis diplomática escaló de forma crítica tras revelarse su injerencia directa en la soberanía política de socios estratégicos de la OTAN. La polémica estalló cuando The Wall Street Journal destapó que Guilfoyle, durante una cena privada celebrada en Atenas en marzo con altos funcionarios griegos y estadounidenses, alardeó de que Washington había orquestado e impulsado la caída del Gobierno de coalición en Rumania, lanzando además la advertencia de que la Casa Blanca podría replicar una operación similar en otros países de la región, incluida la propia Grecia.
Estas polémicas declaraciones, sumadas a la apertura de una investigación por parte del Departamento de Estado y a la indignación de los gobiernos europeos, dinamitaron su posición diplomática. Según el relato atribuido a una persona presente en la conversación, Guilfoyle habría dicho que Estados Unidos podía actuar de esa manera en «cualquier país». La supuesta advertencia habría surgido durante una discusión con el ministro griego de Energía, Stavros Papastavrou, sobre la situación política de Rumanía.
El Gobierno del primer ministro rumano Ilie Bolojan cayó en mayo de 2026 después de una moción de censura parlamentaria impulsada por una alianza inédita entre el Partido Socialdemócrata y la ultraderecha de la Alianza para la Unión de los Rumanos, dejando al mandatario en funciones en medio de una crisis política.
La controversia tuvo repercusiones en Grecia. Los partidos de la oposición pidieron explicaciones y reclamaron que la embajadora respondiera por sus comentarios. El ministro de Exteriores griego, Giorgos Gerapetritis, negó que hubiera sido necesario convocarla formalmente para dar explicaciones, pero el episodio alimentó el debate sobre los límites de la diplomacia estadounidense.
En Rumanía, la cuestión es particularmente sensible porque las supuestas palabras de la embajadora pueden interpretarse como una insinuación de injerencia política. En Grecia, evocan el temor a que Washington utilice su influencia estratégica y económica para presionar a un Gobierno aliado. No obstante, la relevancia diplomática de esas declaraciones debe distinguirse de la prueba de que se ejecutara un plan para provocar un cambio de Gobierno.
Una embajada atrapada entre la diplomacia y los intereses privados
La controversia también ha perjudicado la imagen de la representación estadounidense en Atenas. La embajadora debía gestionar asuntos estratégicos para ambos países, desde la cooperación militar y energética hasta las relaciones económicas regionales. En ese contexto, las acusaciones sobre la presencia de un lobista en reuniones oficiales y la supuesta promoción de intereses empresariales privados han abierto dudas sobre la separación entre las funciones diplomáticas y las relaciones comerciales.
El caso ha adquirido una dimensión institucional porque legisladores demócratas han pedido que se investigue la conducta de Guilfoyle. La Oficina del Inspector General del Departamento de Estado está examinando las denuncias, aunque no se han hecho públicos todos los detalles ni se ha establecido que exista una investigación penal formal. La renuncia no resuelve automáticamente esas cuestiones: los hechos pueden seguir siendo examinados para determinar si hubo incumplimientos de las normas éticas o de las obligaciones del cargo.
La salida también deja a Washington ante el reto de restablecer la confianza con Grecia y evitar que las acusaciones sobre una embajadora eclipsen la relación bilateral. El Gobierno griego no ha presentado las denuncias como hechos probados, pero la polémica ha obligado a sus dirigentes a responder a preguntas sobre el comportamiento de la representante estadounidense.
La carrera de Guilfoyle, desde su trabajo como fiscal y comentarista televisiva hasta su papel en la política republicana y su nombramiento en Atenas, ilustra la creciente presencia de figuras de gran proximidad política en puestos diplomáticos de alto nivel. Esa relación puede facilitar el acceso a la Casa Blanca, pero también aumenta el escrutinio cuando surgen dudas sobre el criterio profesional, los intereses particulares o la conducta de quienes representan al país. @mundiario
