Furgonetas con combustible frente a una base clave: EE UU y el Reino Unido frustran un complot iraní

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha desvelado una nueva acusación contra tres hombres a los que atribuye la organización de una campaña de atentados contra objetivos judíos en Europa y Norteamérica, además de un presunto ataque contra la base aérea británica de RAF Fairford, en Gloucestershire. El aspecto más inquietante de la investigación es que uno de los supuestos coordinadores, Mohammad Dawood al-Saadi, habría dirigido parte de la operación desde una prisión federal de Nueva York, utilizando llamadas familiares y mensajes codificados para transmitir instrucciones a sus colaboradores.

La acusación, presentada ante un tribunal federal de Manhattan y difundida por medios como Reuters, The Guardian, CNN y DW, sitúa el presunto complot en el contexto de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. RAF Fairford no era un objetivo militar cualquiera: es una instalación estratégica de la Real Fuerza Aérea británica que sirve como base europea para bombarderos estadounidenses y que fue utilizada durante las operaciones contra territorio iraní.

Las autoridades sostienen que el plan fue frustrado antes de que pudiera ejecutarse. Sin embargo, el caso plantea interrogantes sobre la seguridad de las instalaciones militares occidentales, la actividad de las redes vinculadas a Teherán en Europa y la capacidad de los sospechosos para mantener contactos operativos incluso después de ser detenidos.

La base de RAF Fairford adquirió especial relevancia durante la guerra contra Irán al servir como punto de apoyo para los bombarderos estratégicos estadounidenses B-1, ya que su ubicación en el Reino Unido la convierte en una infraestructura clave para las operaciones aéreas de Washington en Europa y Oriente Próximo. Esta instalación ya había aparecido previamente en las amenazas de Teherán cuando, en julio, la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que las bases utilizadas por Estados Unidos para atacar su territorio —incluida Fairford— podían considerarse «objetivos legítimos». Aquella advertencia adquirió una dimensión aún mayor en septiembre, después de que la policía británica investigara la presencia de vehículos sospechosos en las inmediaciones del recinto militar.

Según la acusación estadounidense, el plan contemplaba utilizar furgonetas cargadas de combustible, barriles y materiales químicos que podrían servir para fabricar artefactos explosivos. Los investigadores también sostienen que se estudiaba incorporar objetos metálicos para aumentar los daños mediante metralla.

El objetivo habría sido provocar una explosión de gran impacto en las proximidades de la base o contra sus instalaciones. No obstante, los documentos judiciales describen un proyecto presuntamente organizado y preparado, no un atentado consumado. Tampoco se ha acreditado públicamente que los sospechosos llegaran a disponer de un artefacto explosivo operativo.

Cómo se descubrió el complot y qué ocurrió en septiembre

La investigación británica se activó el 27 de septiembre, cuando se recibió una alerta por la presencia de vehículos sospechosos cerca de RAF Fairford. De acuerdo con las informaciones publicadas por CNN y otros medios, una agricultora había advertido de la presencia de furgonetas que bloqueaban una carretera próxima a la instalación cuando regresaba de una celebración.

La policía intervino en la zona de Whelford y detuvo inicialmente a cinco hombres bajo sospecha de delitos relacionados con explosivos y terrorismo. Otras informaciones elevaron posteriormente a siete el número de arrestados durante las actuaciones policiales. Las autoridades establecieron un perímetro de seguridad, evacuaron viviendas cercanas y movilizaron unidades especializadas en desactivación de explosivos.

Aunque la primera intervención no terminó con la localización de explosivos en las furgonetas y algunos de los detenidos quedaron posteriormente en libertad bajo condiciones, la investigación continuó. A finales de octubre se produjeron nuevas detenciones después de que las autoridades británicas señalaran una alta probabilidad de participación de la Guardia Revolucionaria iraní en el presunto complot. En este sentido, la presencia de vehículos cargados de combustible y las labores de vigilancia atribuidas a los sospechosos llevaron a los investigadores a considerar que no se trataba de una simple actividad sospechosa en las inmediaciones de una instalación militar.

De este modo, la nueva acusación estadounidense ofrece ahora una posible explicación sobre quién habría coordinado la operación y qué conexiones internacionales habría tenido. Tras los arrestos, Estados Unidos retiró sus bombarderos de Fairford, según informó DW. La medida se produjo en un contexto de preocupación por la seguridad de la base, aunque las informaciones disponibles no permiten afirmar que la retirada respondiera exclusivamente al supuesto atentado.

Un presunto coordinador que operaba desde una cárcel

El principal protagonista de la acusación es Mohammad Dawood al-Saadi, ciudadano con doble nacionalidad iraní e iraquí que ya se encontraba detenido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, en Nueva York. Los fiscales lo describen como un comandante vinculado a Kataib Hezbollah, una organización armada iraquí respaldada por Irán y designada como grupo terrorista extranjero por Estados Unidos. Según los documentos judiciales, Al-Saadi habría comenzado a coordinar el plan contra la base de Fairford mientras permanecía bajo custodia federal.

La Fiscalía sostiene que utilizaba llamadas telefónicas a familiares para transmitir instrucciones mediante expresiones aparentemente inocuas. En esas conversaciones se habría referido a un «trabajo» que, según los investigadores, era una fórmula empleada anteriormente para hablar de operaciones terroristas. También habría utilizado nombres falsos y solicitado transferencias de dinero destinadas a financiar las actividades de sus colaboradores.

Uno de los episodios destacados por los fiscales corresponde a una llamada del 24 de septiembre en la que, según el documento judicial, Al-Saadi habría ordenado a sus familiares: «denle dinero para que podamos hacerlo». Tres días después, los presuntos colaboradores habrían intentado ejecutar el plan cerca de la base británica. Asimismo, la Fiscalía sostiene que el detenido pidió a sus parientes que transmitieran mensajes a Mohsen Mohajeri, a quien identifica como un operativo de la Guardia Revolucionaria iraní, señalando también como segundo supuesto colaborador a Mohammad Ali al-Hassani, un ciudadano iraní al que se le atribuye la coordinación de las tareas sobre el terreno.

El caso resulta especialmente relevante porque Al-Saadi estaba sometido a medidas administrativas especiales de comunicación, conocidas como SAMS. Estas restricciones limitaban sus contactos a familiares directos y abogados, después de que el Departamento de Justicia considerara que sus comunicaciones podían representar un riesgo de daños graves. Los investigadores alegan que, pese a esas limitaciones, logró utilizar las llamadas autorizadas para transmitir instrucciones cifradas.

De acuerdo con los documentos judiciales, Al-Hassani habría dirigido las primeras fases de la operación mediante tareas como ordenar la vigilancia de RAF Fairford, localizar personas dispuestas a colaborar y conseguir tanto los vehículos como los barriles de combustible. Los fiscales sostienen que también se investigó la adquisición de acelerantes químicos y materiales metálicos que podrían utilizarse para aumentar la capacidad destructiva de un artefacto, añadiendo que los conductores habrían mantenido contacto constante con sus coordinadores mientras se aproximaban a la zona de la base.

La estructura de tres niveles descrita por la Fiscalía —coordinación desde Estados Unidos, intermediarios con redes iraníes y colaboradores en el Reino Unido— permitió sostener la planificación pese a las detenciones iniciales. Los fiscales atribuyen a los acusados una red más amplia implicada en la preparación de cerca de veinte ataques contra comunidades e instituciones judías en Europa y Estados Unidos, incluyendo una sinagoga en Manhattan.

Al-Saadi ya había sido acusado anteriormente de participar presuntamente en atentados en Europa, incluidos incendios provocados contra instituciones judías, y de buscar a una persona para ejecutar posibles asesinatos en Estados Unidos. En aquel caso, la persona con la que habría negociado era en realidad un agente encubierto, circunstancia que permitió avanzar en su detención.

Las conexiones con la Guardia Revolucionaria

La investigación estadounidense atribuye el presunto complot a una red vinculada con dos organizaciones clave: el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y Kataib Hezbollah, un grupo armado iraquí aliado de Teherán. Mientras que la Guardia Revolucionaria funciona como una estructura militar y de seguridad con un papel central en la política exterior iraní y en su relación con las milicias de la región, Kataib Hezbollah opera principalmente en Irak y mantiene vínculos estrechos con las redes respaldadas por el régimen de Teherán

Los fiscales sostienen que Al-Saadi tenía una relación estrecha con figuras relevantes de ese entramado. En los documentos se le atribuyen vínculos anteriores con Qasem Soleimani, antiguo comandante de la Fuerza Quds, muerto en un ataque estadounidense en 2020. También se afirma que habría mantenido contactos con el antiguo líder supremo iraní, Ali Jamenei, fallecido durante los primeros ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero, según el contexto descrito en la acusación.

Estas afirmaciones forman parte de la reconstrucción presentada por los fiscales y deben distinguirse de los hechos que logren acreditarse formalmente durante el proceso judicial. La existencia de contactos con miembros de organizaciones respaldadas por Irán no demuestra por sí sola que el Gobierno de ese país ordenara directamente cada una de las operaciones investigadas. Mientras Teherán ha rechazado cualquier implicación en el supuesto complot contra Fairford, las autoridades británicas habían señalado previamente la elevada probabilidad de participación iraní, una valoración que ahora coincide con la línea de investigación expuesta por la Fiscalía estadounidense.

La nueva acusación identifica a tres hombres, pero según la información difundida por las autoridades estadounidenses, únicamente Al-Saadi se encuentra bajo custodia en Estados Unidos, mientras que los otros dos permanecen imputados sin que los datos facilitados permitan confirmar su detención. Al-Saadi, quien se declaró inocente de los cargos anteriores y se ha definido a sí mismo como «prisionero de guerra», también ha cuestionado su situación procesal e intentado asumir su propia representación legal. En todo caso, esta nueva acusación amplía las imputaciones en su contra, aunque no equivale a una condena.

El fiscal federal Jamie McDonald afirmó que los acusados habrían organizado una campaña de terror en nombre de organizaciones vinculadas a Irán y que continuaron coordinando actividades incluso después de que uno de ellos fuera encarcelado. Añadió que la amenaza de las redes respaldadas por Teherán contra Estados Unidos y sus aliados no es hipotética.

La investigación tendrá que determinar ahora el alcance real de la estructura, la participación concreta de cada acusado, el origen de los fondos y si existieron instrucciones directas de responsables iraníes. También deberá aclarar hasta qué punto el plan contra RAF Fairford estaba preparado para ejecutarse y qué capacidad destructiva tenían los materiales que, según los fiscales, se intentaron conseguir. @mundiario