La demanda de Donald Trump contra la BBC por difamación ha recibido un impulso judicial en Estados Unidos. El juez federal Jeffrey T. Kuntz, del distrito sur de Florida, rechazó parcialmente la petición de la cadena británica para desestimar el procedimiento y permitió que la principal acusación continúe. Sin embargo, descartó otra parte de la reclamación relacionada con la legislación de protección al consumidor de Florida.
La decisión representa un avance procesal para el presidente estadounidense, pero no equivale a una sentencia favorable sobre el fondo del asunto. El tribunal no ha establecido que la BBC cometiera difamación, que actuara deliberadamente para perjudicar a Trump ni que el presidente sufriera daños indemnizables. Lo que ha determinado es que, si se aceptan provisionalmente como ciertas las alegaciones de la demanda, existen argumentos suficientes para que el litigio siga adelante.
El litigio se remonta a un episodio del programa Panorama, titulado Trump: A Second Chance y emitido antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024. El documental incorporó fragmentos de un discurso pronunciado por Trump el 6 de enero de 2021, poco antes del asalto al Capitolio, centrándose la controversia en la forma en que fueron montadas dichas declaraciones. En concreto, la BBC unió dos partes del discurso pronunciadas con aproximadamente 55 minutos de diferencia: en una de ellas, Trump pidió a sus seguidores que marcharan hacia el Capitolio, mientras que en otra utilizó la expresión «fight like hell» —»luchad con todas vuestras fuerzas»—. Sin embargo, el montaje omitió un pasaje intermedio en el que el mandatario también había llamado a sus simpatizantes a manifestarse pacíficamente.
La combinación de esos fragmentos generó la impresión de que Trump había pronunciado una exhortación directa y continua a sus seguidores para actuar violentamente contra el Congreso. Esa es precisamente la interpretación que el presidente considera difamatoria.
La BBC reconoció posteriormente que la edición había sido incorrecta y pidió disculpas. La cadena admitió que el montaje podía transmitir la impresión equivocada de que Trump había realizado una llamada directa a la acción violenta. El episodio desencadenó una crisis interna y provocó dimisiones de altos responsables de la corporación. Sin embargo, la disculpa no significó que la BBC aceptara responsabilidad jurídica por difamación. La cadena sostiene que el reconocimiento de un error editorial no demuestra que hubiera intención de perjudicar al presidente ni que se produjeran los daños que este reclama.
-
La maquinaria estatal que anuló y encarceló a miles de mujeres bajo el pretexto de su protección
-
De las sanciones a la expulsión: las nuevas normas escolares de Keiko Fujimori desatan el debate en Perú
-
Trump rompe su silencio sobre Jensen Huang y la presunta espía china vinculada al jefe de Nvidia
Por qué el juez considera que la demanda puede continuar
En su resolución de aproximadamente 40 páginas, Kuntz consideró que Trump había presentado argumentos suficientes para sostener, al menos en esta fase, que el documental pudo perjudicar su reputación y que la BBC conocía o debería haber conocido el carácter engañoso del montaje.
El elemento central para el magistrado es la distancia temporal entre las dos declaraciones, ya que, según su razonamiento, no se trató simplemente de recortar una intervención extensa para resumirla, sino de unir expresiones pronunciadas en momentos diferentes y construir con ellas una secuencia que podía alterar el significado original. En este sentido, el juez cuestionó el argumento de la BBC de que se trataba de una práctica habitual de edición para condensar un discurso de unos 70 minutos en apenas 12 segundos. «Esto no fue recortar ligeramente, sino crear algo distinto de lo que se dijo en el discurso», señaló en su resolución.
También consideró que la utilización de fragmentos separados por casi una hora permite plantear razonablemente si los responsables del documental sabían que el resultado podía inducir a una interpretación falsa. A ello añadió las alegaciones de Trump sobre otros errores anteriores de la cadena en su cobertura informativa, que podrían resultar relevantes para examinar su estado de conocimiento y su comportamiento editorial.
El magistrado concluyó que las acusaciones sobre el posible abandono de los estándares periodísticos de la BBC superaban, en esta fase, la mera negligencia. No obstante, el juez no ha probado que existiera una estrategia deliberada de manipulación. Su resolución se limita a considerar que la demanda contiene elementos suficientes para continuar y que la cuestión debe examinarse con mayor profundidad durante el procedimiento.
Uno de los aspectos jurídicos más importantes del caso es el concepto de actual malice, traducido habitualmente como «malicia real», un estándar especialmente exigente en Estados Unidos cuando una persona pública demanda a un medio de comunicación por difamación. Esta doctrina procede de la histórica sentencia del Tribunal Supremo en el caso New York Times contra Sullivan, de 1964. Según dicho precedente, una figura pública debe demostrar que la información falsa fue publicada con conocimiento expreso de su falsedad o con un desprecio temerario hacia la verdad.
No basta, por tanto, con demostrar que una noticia era incorrecta, que una edición resultó desafortunada o que el medio cometió un error profesional. Es necesario acreditar un grado de responsabilidad mucho mayor: que el medio conocía la falsedad o actuó ignorando conscientemente un riesgo evidente de que lo publicado no fuera cierto.
Kuntz cuestionó algunos aspectos de la doctrina de New York Times contra Sullivan, pero dejó claro que, como juez de un tribunal federal inferior, está obligado a respetar el precedente del Tribunal Supremo. Por eso, aunque consideró plausibles las alegaciones de Trump sobre la posible malicia real, no eliminó la exigencia de que el presidente la pruebe. Este punto será decisivo. La BBC puede haber reconocido un error editorial, pero Trump tendrá que demostrar que ese error reúne las condiciones jurídicas necesarias para constituir difamación contra una figura pública.
Trump reclama al menos 10.000 millones de dólares, divididos en dos partidas: 5.000 millones por difamación y otros 5.000 millones por presuntas infracciones de la legislación de Florida sobre prácticas comerciales engañosas e injustas. Sin embargo, el juez Kuntz rechazó esta segunda reclamación al considerar que el documental no constituía una comunicación comercial comprendida dentro de la normativa invocada por el presidente. De esta manera, la demanda continúa adelante únicamente por la vía de la difamación.
Además, el tribunal exigió que Trump demuestre que sufrió daños reales. La existencia de una edición engañosa no garantiza automáticamente una indemnización. Será necesario acreditar que la publicación produjo un perjuicio jurídicamente reconocible y establecer su relación con el documental.
La cuestión presenta otra dificultad para el presidente: según la información incorporada al procedimiento, sus abogados no consiguieron acreditar que el programa estuviera disponible en Estados Unidos a través de BritBox, de la página web de la BBC, de BBC Select o de otras plataformas estadounidenses que habían señalado inicialmente. Trump aceptó retirar de la demanda a BBC Studios, la división comercial de la corporación, después de que esta argumentara que no había participado en la producción del documental.
La distribución y el alcance efectivo de la emisión pueden influir en la discusión sobre jurisdicción, responsabilidad y daños, aunque el juez ha considerado que las alegaciones actuales permiten mantener abierta la reclamación principal.
La BBC mantiene su defensa pese a reconocer el error
El procedimiento no está exento de dificultades para el propio presidente, pues en octubre una jueza federal ordenó que Trump comparezca para responder bajo juramento a las preguntas de los abogados de la BBC antes del 11 de diciembre. Esta declaración había sido aplazada después de que el mandatario cancelara una comparecencia anterior alegando compromisos relacionados con asuntos de «importancia nacional». Mientras los representantes de la cadena sostuvieron que el presidente estaba retrasando deliberadamente el interrogatorio, sus abogados defendieron que existían razones justificadas para modificar la fecha.
La advertencia judicial fue clara: si no cumple el plazo, podría enfrentarse a sanciones, entre ellas consecuencias que afectarían a la continuidad de su propia demanda.
Por su parte, la corporación británica expresó su sorpresa por la decisión, aunque aseguró que respeta la autoridad del tribunal y que seguirá defendiendo su posición mediante los cauces legales. Su estrategia consiste en separar dos cuestiones fundamentales: por un lado, el reconocimiento de que el montaje fue inadecuado y merecía una disculpa; por otro, la responsabilidad jurídica por difamación, la cual considera que no está demostrada.
La demanda contra la BBC forma parte de una estrategia judicial más amplia de Trump frente a medios de comunicación cuya cobertura considera perjudicial. El presidente ha emprendido distintas acciones legales contra organizaciones informativas, aunque cada procedimiento tiene sus propios hechos y exigencias jurídicas.
El litigio con la cadena británica tiene una dimensión particular porque enfrenta a un presidente estadounidense con una corporación pública financiada principalmente mediante la licencia televisiva británica. También plantea una cuestión de alcance internacional: hasta qué punto una emisión realizada por un medio extranjero puede generar responsabilidad ante un tribunal estadounidense cuando se alega que ha perjudicado a una figura pública de Estados Unidos. @mundiario
