Sin gimnasio ni privilegios: así es la nueva reclusión de Santiago Peña en una prisión militar

El traslado de Santiago Peña a la prisión militar de Viñas Cué, en las afueras de Asunción, ha añadido un nuevo capítulo al terremoto político y financiero que atraviesa Paraguay. El expresidente, que cumplió 48 años el mismo día del cambio de centro penitenciario, abandonó el Regimiento Escolta Presidencial, donde permanecía desde su destitución, para ingresar en un régimen de reclusión más estricto. La imagen de su llegada, con casco y chaleco antibalas, reforzó el impacto público de una decisión que se produjo después de las denuncias sobre los privilegios de los que habría disfrutado durante sus primeros días detenido.

El caso no se limita a las condiciones de encarcelamiento de un antiguo jefe de Estado. Detrás se encuentra la intervención de Ueno Bank, una entidad que, según las cifras difundidas, tenía cerca de 2,94 millones de clientes y gestionaba fondos de organismos públicos y cajas de jubilación. La investigación ha alcanzado a antiguos responsables del banco, funcionarios del Banco Central y al propio Peña, imputado por presuntos delitos relacionados con la gestión de la entidad.

La decisión de trasladar a Peña fue adoptada por el juez penal de garantías Osmar Legal, quien ordenó su «inmediato traslado» a Viñas Cué mediante una comunicación dirigida a la Suprema Corte de Justicia Militar, en la que dispuso que el expresidente permaneciera a disposición del juzgado y pudiera mantener libre comunicación, exigiendo además medidas específicas para proteger su vida y su integridad física. Asimismo, el magistrado ordenó que estuviera separado del resto de los internos —especialmente de otros investigados en la causa de Ueno Bank—, una medida que responde tanto a razones de seguridad como a la necesidad de evitar contactos con personas que podrían estar vinculadas al mismo expediente.

La llegada del exmandatario se produjo con casco y chaleco antibalas. Aunque el despliegue y las imágenes de su traslado alimentaron la impresión de un escarmiento público, la documentación no permite confirmar que ingresara esposado. Lo que sí está acreditado del caso es el endurecimiento de las condiciones de reclusión.

La nueva celda tiene aproximadamente cuatro metros por cuatro y dispone de una cama, un colchón, una mesa, una silla, un armario, un ventilador y un baño propio. Según explicó Nicolás Narváez, presidente de la Suprema Corte de Justicia Militar, Peña tendrá dos periodos diarios de salida al aire libre: de 08:00 a 10:00 y de 15:00 a 17:00. También contará con un espacio para realizar ejercicio, pero ya no tendrá acceso a un gimnasio privado.

Narváez precisó que el expresidente permanecerá aislado de los pasillos que conectan con los otros 52 internos. La separación no supone, por tanto, que vaya a compartir las instalaciones comunes con el resto de los presos.

Las denuncias sobre los privilegios que precipitaron el traslado

El cambio de prisión llegó después de que el diario ABC Color publicara informaciones e imágenes sobre las condiciones en las que Peña permanecía detenido en el Regimiento Escolta Presidencial, revelando que el expresidente disponía de una estancia con dormitorio moderno, baño privado, oficina, comedor amplio y equipos de gimnasio de uso exclusivo. Estas denuncias provocaron fuertes cuestionamientos sobre la igualdad de trato dentro del sistema penitenciario, ya que, mientras otros investigados permanecían privados de libertad bajo condiciones ordinarias, el antiguo jefe de Estado habría disfrutado de instalaciones y comodidades que no estaban disponibles para el resto de los internos.

La controversia tuvo consecuencias directas en la estructura militar, pues el presidente Pedro Alliana anunció la destitución del coronel José Dayub, comandante del Regimiento Escolta Presidencial, quien había asumido el puesto el pasado 20 de octubre, luego de que el ministro de Defensa, Óscar González, confirmara que había consultado al mando militar sobre la existencia de máquinas y equipos de gimnasia y que el comandante había reconocido que estaban instalados. De este modo, el traslado de Peña estuvo acompañado por una decisión política destinada a responder a las críticas sobre el tratamiento diferenciado, mientras el nuevo mandatario aseguró que su prioridad era recuperar la confianza en las instituciones y ofrecer respuestas sobre el escándalo financiero.

La causa judicial tiene su origen en la intervención y posterior procedimiento de resolución de Ueno Bank, iniciado por el Banco Central del Paraguay el 3 de noviembre. La entidad informaba de más de 2,94 millones de clientes y administraba fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), de otras cuatro cajas de jubilados y de distintas instituciones públicas.

Peña fue detenido el 6 de noviembre, horas después de que el Senado lo declarara culpable de «mal desempeño de funciones» en un juicio político y lo apartara de la Presidencia. La Fiscalía lo imputó por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio. Posteriormente amplió la acusación para incluir el supuesto delito de asociación criminal.

La investigación también alcanza al antiguo titular del Banco Central, Carlos Carvallo, y a otros responsables de la institución, entre ellos el superintendente de bancos, Holger Insfrán. También fueron imputados antiguos integrantes del directorio del organismo emisor y otros funcionarios. El gerente de la Unidad Jurídica del Banco Central, Aldo Rodríguez, se entregó después de que la Fiscalía ordenara su captura por su presunta participación en la modificación de un informe técnico sobre la situación de Ueno Bank remitido al Senado.

Además, las informaciones judiciales señalan que otros 27 integrantes del banco y de empresas asociadas fueron imputados. Siete directivos permanecen en prisión preventiva, mientras que dos ejecutivas cumplen detención domiciliaria.

Un cumpleaños bajo un régimen penitenciario más estricto

El traslado coincidió con el cumpleaños número 48 de Peña y supuso un cambio visible en su vida cotidiana. Según las informaciones sobre su estancia anterior, el expresidente recibía tres comidas diarias proporcionadas por su familia y podía mantener visitas en condiciones relativamente cómodas. En Viñas Cué, en cambio, deberá adaptarse a las normas de la prisión militar y a las condiciones previstas para el nuevo alojamiento.

Las autoridades penitenciarias indicaron que tendrá acceso a visitas familiares conforme a los procedimientos establecidos, pero ya no dispondrá de las mismas comodidades que se le atribuían en el Regimiento Escolta. La diferencia entre ambos espacios se convirtió en el centro de la polémica pública: de una habitación equipada con servicios especiales a una celda básica, aunque con baño propio y medidas de separación por seguridad.

Por su parte, Pedro Alliana, quien debe permanecer en el cargo hasta agosto de 2028, anunció diversas medidas para intentar contener la crisis, afirmando en una comparecencia pública que el Gobierno utilizará todos los recursos disponibles para esclarecer lo ocurrido y garantizar que los responsables afronten las consecuencias de sus actos. Asimismo, trató de tranquilizar a los jubilados que cobraban sus prestaciones a través de Ueno Bank, asegurando que tanto las pensiones como las pagas extraordinarias estaban garantizadas y que los pagos se encontraban previstos para las jornadas siguientes.

La situación del expresidente se ha convertido en una imagen de la dimensión política del escándalo: un antiguo jefe de Estado que pasa de una dependencia militar con comodidades especiales a una prisión de régimen más estricto, mientras la Justicia examina una operación financiera que afectó a millones de clientes y comprometió fondos de instituciones públicas. El desenlace dependerá de las pruebas que se incorporen al proceso y de las decisiones que adopten los tribunales. @mundiario