Menos de un año después de la consumación del Brexit, el gobierno británico denuncia los efectos perversos del protocolo, arrastra los pies a la hora de aplicarlo y exige una nueva negociación que lo supere. La Comisión y los gobiernos de los 27 se niegan y como mucho ofrecen una interpretación creativa del texto acordado. Sin dejar de mostrar dicha flexibilidad, a estas alturas podría tener sentido invitar a Londres a exponer su alternativa y valorarla en serio o desmontar el farol. Es posible que ésta no exista y que todo sea una reclamación nacionalista, basada en la utilidad de tener un enemigo externo al que culpar de los males que afligen al país.
Cuanto antes se deje atrás la fase de reproches mutuos, antes se podrán las bases para una relación constructiva entre dos actores internacionales que por tantas razones no pueden no entenderse. Hay otras partes del tratado de cooperación y comercio que hacen todavía más daño a la economía británica y que con el tiempo deberían revisitarse. Asimismo, queda un buen número de cuestiones pendientes por acordar con Bruselas, empezando por los servicios financieros, la cooperación en investigación y ciencia o la relación imprescindible en seguridad y defensa. El protocolo norirlandés fue el resultado de un mal cálculo de los estrategas del Brexit y convendría que en Londres alguien empezara a reconocerlo.
