La disputa por las elecciones israelíes ha entrado en una fase de acusaciones y negociaciones. El Likud, el partido del primer ministro Benjamin Netanyahu, ha pedido a la Policía y al Shin Bet —el servicio de inteligencia interior— que investiguen supuestas irregularidades en colegios electorales de localidades árabes, después de que la participación en esas comunidades experimentara un notable incremento.
En un comunicado, la formación derechista afirmó que las elecciones habían sido «robadas por partidos árabes» y atribuyó los presuntos hechos a sobornos, amenazas, violencia, falsificaciones y al uso de programas informáticos prohibidos para movilizar votantes. El Likud aseguró haber entregado «cientos de testimonios y pruebas» a la Comisión Electoral Central y a los organismos de seguridad. Entre sus denuncias mencionó supuestos sobres con dinero en efectivo y papeletas de Raam, el partido islamista árabe.
Se trata, sin embargo, de acusaciones formuladas por el Likud, no de hechos probados. Según la información publicada por el diario Israel Hayom, fuentes policiales y de la Comisión Electoral señalaron que no existían pruebas que respaldaran las denuncias de fraude y que, hasta ese momento, no había motivos para considerar comprometida la integridad general de la votación. La Comisión confirmó que había recibido la queja y que la examinaba dentro de los procedimientos habituales para este tipo de reclamaciones.
El martes, según The Times of Israel, la autoridad electoral también había indicado que no apreciaba señales de manipulación sistemática de las papeletas y que los incidentes concretos comunicados estaban siendo revisados. Estas valoraciones no impiden investigar posibles infracciones individuales, pero sí obligan a distinguir entre una denuncia partidista y una conclusión respaldada por pruebas.
El salto entre ambas cosas resulta especialmente importante en una elección tan ajustada. Si se detectan irregularidades concretas, deberán identificarse, documentarse y valorarse conforme a la ley. Pero la acusación de que una formación o una comunidad ha «robado» unos comicios exige evidencias que vayan más allá del aumento de la participación o de la conveniencia política del resultado.
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Los partidos árabes, en el centro del bloqueo parlamentario
El contexto explica por qué el conflicto ha adquirido tanta relevancia. Con aproximadamente el 85%-90% de los votos escrutados, las proyecciones citadas por medios israelíes situaban al bloque de Netanyahu en torno a los 53 escaños, frente a los 48 del bloque opositor encabezado por Gadi Eisenkot. Las formaciones árabes sumarían alrededor de 19 diputados: unos 12 de la Lista Conjunta y siete de Raam, según las estimaciones provisionales aportadas.
La Knéset, el Parlamento israelí, cuenta con 120 escaños. Para disponer de una mayoría se necesitan 61. Ninguno de los dos bloques llegaba por sí solo a esa cifra, de modo que la posición de los partidos árabes podía resultar decisiva para abrir una alternativa a Netanyahu o prolongar el bloqueo político.
Las cifras deben interpretarse con cautela: se trata de proyecciones con el escrutinio todavía incompleto, y quedaban papeletas de doble sobre pendientes de recuento, incluidas las emitidas por militares y diplomáticos. La distribución definitiva de escaños y las consultas institucionales posteriores determinarían el margen real de negociación.
La importancia parlamentaria de las formaciones árabes no significa, por sí misma, que vayan a incorporarse a un Gobierno. Su capacidad de influir en una investidura, apoyar a un candidato desde fuera de la coalición o negociar compromisos concretos son opciones distintas. Esa diferencia resulta esencial en un sistema en el que los partidos compiten por listas y la formación de mayorías depende de acuerdos entre fuerzas que pueden mantener profundas discrepancias ideológicas.
Los ciudadanos árabes de Israel representan aproximadamente una quinta parte de la población, aunque las estimaciones varían según la definición demográfica empleada. Su participación electoral ha sido tradicionalmente menor que la de otros sectores de la sociedad israelí, debido a una combinación de desencanto político, falta de confianza en los partidos nacionales y percepción de que las instituciones no responden a sus necesidades.
En esta ocasión, la movilización ha sido considerable. Un ejemplo citado en las informaciones es Um el-Fajem, localidad del norte del país donde la participación habría pasado de alrededor del 40% en las elecciones de 2022 al 75,7% en estos comicios. La cifra ilustra la dimensión del cambio, aunque un caso municipal no debe confundirse con una tasa uniforme para todas las comunidades árabes.
El voto expresa varias preocupaciones. Una parte del electorado busca impedir la continuidad de la coalición de Netanyahu y de los sectores ultraderechistas asociados al ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir. También reclama mayor seguridad frente a la delincuencia y el crimen organizado, problemas que las comunidades árabes denuncian desde hace años, además de inversiones, servicios públicos y una integración más efectiva en las instituciones del Estado.
La inseguridad es uno de los asuntos que más afectan a la vida cotidiana en numerosas localidades árabes. Sus representantes han acusado a las autoridades de no actuar con suficiente eficacia frente a la violencia criminal, y han cuestionado la gestión policial bajo la responsabilidad política de Ben Gvir. Esas críticas forman parte de la agenda social que ha impulsado a muchos votantes a acudir a las urnas, junto con la oposición al actual Gobierno.
¿Puede la oposición gobernar con apoyo árabe?
La aritmética parlamentaria no garantiza una salida política. Yousef Jabareen, dirigente de la Lista Conjunta, declaró a AFP que su formación estaría dispuesta a apoyar desde fuera a un Gobierno alternativo encabezado por la oposición, pero descartó integrarse formalmente en una coalición en las actuales circunstancias. Entre los motivos citó la guerra en Gaza y la expansión de los asentamientos en Cisjordania.
Ahmed Tibi, veterano diputado árabe, también ha defendido la necesidad de poner fin al actual Gobierno y ha instado al bloque opositor a aceptar una cooperación que permita construir una mayoría. Sin embargo, esa posibilidad tropieza con las reservas de varios partidos judíos de la oposición, que rechazan depender de las formaciones árabes o condicionan cualquier acuerdo a compromisos sobre la identidad del Estado y la guerra con Hamás.
Netanyahu ha presentado la eventual cooperación como una amenaza y ha descartado gobernar con los partidos árabes. Su estrategia responde a una línea política que lleva años manteniendo: cuestionar la legitimidad de una coalición que dependa de formaciones a las que considera incompatibles con sus objetivos nacionales y de seguridad. La dificultad es que, con los resultados provisionales actuales, tampoco su bloque dispone de los escaños necesarios para gobernar en solitario.
La experiencia de 2021 demuestra que la cooperación no es inédita. Raam, liderado por Mansour Abbas, participó entonces en la coalición que permitió a Naftali Bennett y Yair Lapid desplazar temporalmente a Netanyahu del poder. Pero el contexto actual es más difícil, especialmente por la guerra de Gaza, las tensiones con los palestinos y las diferencias sobre la definición de Hamás. Los partidos árabes han condenado los ataques del 7 de octubre de 2023, aunque su posición y su lenguaje blando sobre Hamás siguen siendo motivo de controversia dentro de la política israelí.
El presidente Isaac Herzog ha pedido a los partidos que hagan todo lo posible para evitar unas nuevas elecciones y ha destacado la elevada participación como una muestra del interés de la sociedad por la democracia. Según The Times of Israel, esperaba recibir los resultados oficiales de la Comisión Electoral Central antes de iniciar las consultas con las distintas formaciones para determinar quién tendrá la oportunidad de formar Gobierno.
El procedimiento prevé consultas presidenciales y un primer mandato para intentar reunir una mayoría parlamentaria. El candidato designado dispone inicialmente de 28 días y puede solicitar una ampliación de hasta 14 días. Si fracasa, el presidente puede encargar la tarea a otro candidato; si tampoco prospera esa vía y ningún diputado reúne los apoyos necesarios, el país podría volver a las urnas. @mundiario
