Por: Aik Ambiorix.
aikambiorix@gmail.com
El autor e gerente de Prensa Hispana y miembro del Consejo de Codeeste.
PARA: EL GRAN SANTO DOMINGO . COM Y EL GRAN CIBAO.COM
Muchas veces hablamos del sector privado solo desde la óptica de la producción o del empleo, pero su función social y democrática va mucho más allá. Las cámaras de comercio y las asociaciones no son únicamente grupos que defienden intereses particulares, sino que cumplen la misión de organizar la voz de la iniciativa privada frente al Estado, estableciendo un equilibrio necesario para la vida democrática.
En una democracia sólida, el poder político requiere contrapesos, necesita de instituciones vivas que representen a distintos sectores de la sociedad. Y en ese marco, los organismos empresariales tienen la responsabilidad de velar por la competitividad, la innovación, el respeto a las leyes, la seguridad jurídica y la transparencia.
El profesor Michael Porter, de la Universidad de Harvard, experto en estrategia y competitividad, ha planteado en múltiples foros que “los países que progresan son aquellos donde el sector privado y el Estado encuentran un punto de colaboración productiva”. Esto significa que los empresarios, organizados en cámaras y federaciones, no deben ser simples espectadores ni opositores ciegos, sino actores críticos y constructivos.
Miremos el escenario internacional:
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En países como Alemania, las Cámaras de Industria y Comercio están integradas en la vida pública y tienen voz directa en procesos de formación profesional, educación dual y políticas de innovación.
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En los Estados Unidos, las Chambers of Commerce son auténticos foros de discusión, lobby legítimo y defensa del libre mercado, pero también canalizan iniciativas comunitarias, sociales y de responsabilidad empresarial.
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En América Latina, particularmente en Chile y Colombia, hemos visto cómo los consejos empresariales se han convertido en protagonistas de reformas que fortalecen la institucionalidad y la inserción internacional de sus economías.
Ahora bien, en nuestro país, las cámaras y asociaciones tienen un gran desafío: asumir con valentía su rol frente al Estado, no como adversarios, sino como aliados vigilantes. Deben recordar que representan a miles de pequeños, medianos y grandes negocios que esperan reglas claras, impuestos justos y servicios eficientes. El silencio o la complacencia ante la improvisación gubernamental es, en sí mismo, una irresponsabilidad.
El doctor Bernardo Kliksberg, considerado uno de los padres de la gerencia social en América Latina, sostiene que la responsabilidad empresarial va mucho más allá de crear riqueza; implica defender los valores de la ética, la equidad y el bien común. Y esa visión es clave para nuestro contexto: el empresariado dominicano, agrupado en sus cámaras y consejos, no puede limitarse a pedir beneficios, sino que debe ser garante de la institucionalidad, promotor de la educación y defensor del desarrollo sostenible.
En conclusión, las cámaras de comercio y asociaciones empresariales no son simples oficinas de registro o espacios de reunión. Son pilares de la democracia económica, mediadores entre la producción y el Estado, actores que deben recordar siempre su responsabilidad histórica: construir un país con más oportunidades, más transparencia y más futuro.
La democracia no solo se defiende en el Congreso o en las urnas, también en los gremios, en los consejos empresariales, en los espacios donde la sociedad civil organizada establece los límites y las propuestas al poder político. Y esa, sin duda, es la misión que no deben olvidar.