La decisión de la Comisión Europea de invitar a representantes de los talibanes a Bruselas para discutir migración y retornos de refugiados afganos marca uno de los movimientos diplomáticos más controvertidos de la política migratoria europea desde el regreso del grupo islamista al poder en 2021.
Aunque Bruselas insiste en que no supone un reconocimiento político del régimen afgano, la iniciativa revela un cambio significativo en las prioridades de la Unión Europea: el control migratorio y las deportaciones han pasado a ocupar un lugar central incluso en escenarios diplomáticamente incómodos.
La reunión, todavía sin fecha oficial confirmada, se celebraría en la capital belga con funcionarios de la Comisión Europea, representantes del Servicio Europeo de Acción Exterior y varios gobiernos nacionales. La delegación afgana estaría encabezada por Abdul Qahar Balkhi, portavoz de Exteriores del régimen talibán y una de las figuras más visibles internacionalmente del gobierno de facto instalado en Kabul.
El trasfondo político es claro. Europa busca mecanismos para aumentar el retorno de ciudadanos afganos cuya solicitud de asilo ha sido rechazada o que han sido considerados una amenaza para la seguridad pública. Y para hacerlo necesita interlocución directa con quienes controlan Afganistán, aunque oficialmente no los reconozca.
Durante los últimos años, numerosos gobiernos europeos han aumentado la presión sobre Bruselas para flexibilizar las restricciones legales y diplomáticas que dificultan las deportaciones hacia países considerados inestables o inseguros.
Afganistán se ha convertido en uno de los principales focos de ese debate. Los ciudadanos afganos representan actualmente el grupo más numeroso de solicitantes de asilo en la Unión Europea, con más del 27 % de las peticiones registradas, según datos de Eurostat. Sin embargo, la capacidad real de ejecutar retornos ha sido extremadamente limitada desde la caída del gobierno afgano respaldado por Occidente y la toma de Kabul por los talibanes en agosto de 2021.
-
La UE y Afganistán: un dilema entre derechos humanos y políticas de deportación
-
Guerra entre Pakistán y Afganistán: talibanes, TTP y el riesgo de una escalada nuclear
-
La UE endurece su política migratoria: luz verde a los centros de deportación fuera de Europa
Según cifras citadas por varios gobiernos europeos, apenas el 2 % de los afganos que recibieron órdenes de expulsión en 2024 fueron efectivamente retornados. Ese bloqueo operativo llevó a una veintena de países —entre ellos Alemania, Bélgica, Austria, Italia, Países Bajos o Polonia— a exigir a la Comisión Europea que encontrara vías diplomáticas para facilitar tanto retornos voluntarios como deportaciones forzosas.
Bruselas insiste: “no es reconocimiento político”
La Comisión Europea intenta mantener una línea extremadamente delicada. Por un lado, necesita cooperación práctica con Kabul. Por otro, evita cualquier gesto que pueda interpretarse como legitimación oficial del régimen talibán.
Ningún Estado miembro de la UE reconoce formalmente al gobierno instaurado por los talibanes tras la retirada occidental de Afganistán. De hecho, la mayoría de embajadas europeas siguen cerradas y Afganistán continúa fuera de la lista de “países seguros” contemplados por la normativa comunitaria.
Por ello, Bruselas insiste constantemente en definir estos contactos como “técnicos” y “operativos”. La Comisión recuerda además que ya se produjo un primer encuentro técnico en Kabul el pasado enero entre funcionarios europeos y representantes talibanes. El nuevo paso en Bruselas sería una continuación de aquel contacto inicial, impulsado especialmente por Suecia y Bélgica.
Permitir que una delegación talibán viaje oficialmente a Bruselas para negociar cuestiones migratorias supone un cambio importante respecto al aislamiento diplomático que Occidente mantuvo tras el regreso del grupo islamista al poder.
El acercamiento europeo ocurre mientras Afganistán atraviesa una de las peores crisis humanitarias del planeta.
Desde 2021, los talibanes han impuesto una interpretación extremadamente restrictiva de la ley islámica. Las mujeres han sido excluidas de gran parte del sistema educativo y laboral, se han endurecido las restricciones sociales y las organizaciones internacionales continúan denunciando graves vulneraciones de derechos humanos.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó recientemente que el trato del régimen hacia las mujeres puede constituir persecución, reforzando así las bases legales para conceder protección internacional a muchas solicitantes afganas.
Además, el país enfrenta una profunda emergencia económica y alimentaria. Naciones Unidas estima que más de 17 millones de personas sufren inseguridad alimentaria severa, mientras Afganistán absorbe simultáneamente cientos de miles de retornados procedentes de Pakistán e Irán.
Ese escenario ha generado fuertes críticas de organizaciones humanitarias y entidades especializadas en refugiados, que consideran que la UE corre el riesgo de priorizar objetivos políticos internos sobre las condiciones reales del país.
Algunos gobiernos consideran imprescindible abrir canales de cooperación con Kabul para gestionar deportaciones y cuestiones de seguridad. Otros creen que cualquier diálogo con los talibanes erosiona la posición europea sobre derechos humanos y legitimidad internacional.
España, por ejemplo, no formó parte del grupo de países que impulsó formalmente la iniciativa el pasado otoño. Mientras tanto, las fuerzas políticas más conservadoras y varios gobiernos del norte y centro de Europa siguen presionando para endurecer aún más las normas migratorias comunitarias.
En paralelo, Bruselas ha aprobado recientemente nuevas regulaciones que facilitan deportaciones, endurecen el acceso al asilo y permiten la creación de centros externos de procesamiento migratorio fuera del territorio europeo, inspirados parcialmente en modelos como el impulsado por Italia en Albania. @mundiario
