Francia prepara un dispositivo de seguridad extraordinario después de uno de los episodios de disturbios más graves de los últimos años. El primer ministro, Sébastien Lecornu, ha anunciado un refuerzo de las medidas policiales y militares para las manifestaciones previstas este sábado, mientras el ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha confirmado que participarán efectivos de la operación Sentinelle. El objetivo declarado es evitar nuevos saqueos, proteger los edificios sensibles y permitir que policías y gendarmes se concentren en los grupos violentos.
La decisión se produce en un contexto de creciente tensión social. Las protestas comenzaron vinculadas al coste de la vida, el deterioro de los servicios públicos y las deficiencias del sistema educativo, pero durante el último fin de semana coincidieron movilizaciones estudiantiles, reivindicaciones de profesores y acciones de grupos vinculados al movimiento de los chalecos amarillos. En varias ciudades, las concentraciones derivaron en enfrentamientos, incendios y saqueos.
Nuñez explicó ante la Asamblea Nacional que los militares sustituirán a las fuerzas de seguridad interior en determinadas tareas, principalmente la vigilancia estática de instalaciones sensibles. La finalidad es liberar a policías y gendarmes para que puedan intervenir en las manifestaciones y responder a grupos que, según el Gobierno, se desplazan con rapidez y dispersan sus efectivos para dificultar la actuación policial.
La Operación Sentinelle se puso en marcha en enero de 2015 como parte del Plan Vigipirate, tras los atentados terroristas contra la revista Charlie Hebdo que golpearon a Francia. Su dispositivo militar, diseñado originalmente con un contingente móvil de hasta 10.000 soldados desplegados en el territorio nacional, protege de forma permanente lugares de culto, centros educativos, estaciones de transporte, aeropuertos y zonas de alta afluencia turística. Tras demostrar su capacidad de despliegue a gran escala durante acontecimientos multitudinarios recientes como los Juegos Olímpicos de París 2024 —donde se movilizaron unos 18.000 efectivos de las Fuerzas Armadas—, la naturaleza de la operación ha vuelto a extenderse hacia el control del orden interno en momentos de alta tensión social.
La medida actual se tomó tras registrarse fuertes disturbios durante las huelgas y movilizaciones promovidas por sindicatos y sectores de la izquierda contra las políticas de austeridad fiscal, el encarecimiento de la vida y la congelación de los salarios públicos en el presupuesto estatal. El uso de tropas antiterroristas para asegurar infraestructuras críticas del Estado y liberar funciones de la Policía y la Gendarmería en contextos de protesta civil reaviva el debate político sobre el alcance constitucional y los límites operativos del despliegue militar en suelo nacional.
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Su participación en el dispositivo de este sábado no significa, según el planteamiento anunciado, que el Ejército vaya a sustituir a la policía en el mantenimiento ordinario del orden público. La diferencia es relevante: los militares asumirán tareas de protección y vigilancia para que las fuerzas civiles puedan concentrarse en la gestión de las concentraciones y los incidentes.
El Gobierno también estudia prohibir manifestaciones no autorizadas cuando existan indicios de que pueden provocar alteraciones graves del orden público. Incluso una convocatoria comunicada a las autoridades podría ser restringida si la evaluación de riesgos indica que no existen garantías suficientes. Nuñez ha defendido, además, recorridos alejados de edificios públicos y zonas comerciales, junto con un refuerzo de la información policial para identificar los riesgos antes de que se produzcan los disturbios.
Los errores policiales y las críticas a la respuesta del Gobierno
La movilización militar ocurre después de que el Ejecutivo reconociera deficiencias en la respuesta del fin de semana. El primer ministro Lecornu admitió fallos de inteligencia y errores en el despliegue de los efectivos, al tiempo que se cuestiona el mantenimiento de los permisos policiales pese a los indicios de una posible escalada. Por su parte, Núñez asumió parte de la responsabilidad y expresó su pesar por lo sucedido. La revisión del dispositivo pretende corregir esos problemas mediante una mayor movilidad, capacidad de reacción y coordinación entre los servicios de seguridad.
La magnitud de los daños ha intensificado la presión política. Según los balances citados por las autoridades y los medios, se produjeron miles de detenciones y numerosos comercios, vehículos y edificios resultaron afectados. En Limoges, la destrucción por un incendio de un histórico edificio municipal llevó a la detención de un sospechoso al que las autoridades vinculan con un grupo de extrema izquierda. La investigación deberá establecer su responsabilidad individual y las circunstancias del ataque.
Carrefour ha informado de pérdidas de decenas de millones de euros por robos y daños, mientras el aumento de la incertidumbre política ha presionado los costes de financiación de Francia. La crisis, por tanto, no se limita a los enfrentamientos en las calles: afecta a los negocios, la percepción de seguridad y la confianza en la capacidad del Estado para responder.
Lecornu ha presentado el conflicto como una disyuntiva entre la violencia y la República y ha atribuido parte de los disturbios a grupos de extrema izquierda que, según su Gobierno, aprovechan las movilizaciones para provocar enfrentamientos. Los sectores críticos, por su parte, sostienen que el Ejecutivo minimiza el descontento social y utiliza la violencia de una minoría para desacreditar unas reivindicaciones más amplias.
La polémica se ha intensificado después de una información de Mediapart que, citando a responsables anónimos de los servicios de inteligencia, asegura que se habrían recibido instrucciones para atribuir a La Francia Insumisa (LFI), el partido de Jean-Luc Mélenchon, un papel en la organización de los disturbios. Lecornu ha negado tajantemente esa versión y ha afirmado que sería impensable que un Gobierno ordenara elaborar informes falsos. LFI ha anunciado acciones legales contra Nuñez.
El Ministro del Interior negó tajantemente la manipulación en la sesión de control, argumentando que «los servicios de inteligencia no trabajan sobre los partidos políticos» y acusando a LFI de armar una «acción de diversión». Por ahora, las acusaciones enfrentadas no equivalen a hechos judicialmente acreditados. La comisión parlamentaria de investigación anunciada deberá esclarecer tanto las causas de los disturbios como los posibles fallos de los servicios de inteligencia y la actuación de las autoridades.
Italia también endurece su respuesta ante los disturbios
La crisis francesa se produce mientras Italia afronta sus propios episodios de violencia urbana. Milán y otras ciudades del norte italiano registraron saqueos y daños en comercios durante el mismo fin de semana, lo que llevó al Gobierno de Giorgia Meloni a preparar nuevas medidas de seguridad.
El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, describió los acontecimientos como una forma de «guerra híbrida» vinculada a las redes sociales, en las que los mensajes y las convocatorias pueden difundirse con rapidez. Sin embargo, esa caracterización política no demuestra por sí sola que exista una operación coordinada detrás de los disturbios. Las plataformas digitales pueden facilitar la organización de grupos violentos, pero también sirven para difundir convocatorias pacíficas y documentar los acontecimientos.
Francia e Italia comparten así la preocupación por la capacidad de las autoridades para anticipar alteraciones del orden público. La diferencia es que París ha anunciado expresamente el refuerzo mediante militares de Sentinelle, mientras que en Italia el debate se centra en nuevas medidas de seguridad. No se trata de dispositivos idénticos, aunque ambos reflejan una mayor presión política para responder a la violencia callejera.
El Gobierno francés insiste en que no permitirá que los disturbios se repitan y ha extendido restricciones nocturnas en algunas zonas afectadas, incluidas medidas dirigidas a menores. Pero las movilizaciones anunciadas para el sábado muestran que el descontento no se ha disipado. La unión de estudiantes, profesores y sectores próximos a los chalecos amarillos reúne demandas distintas: financiación educativa, servicios públicos, precios de la energía y rechazo a la gestión de Emmanuel Macron.
La proximidad de las elecciones presidenciales añade una dimensión política. La seguridad, la inmigración, el coste de la vida y la capacidad del Estado para mantener el orden son asuntos centrales para los partidos, en un escenario donde la extrema derecha y la izquierda radical aspiran a ampliar su respaldo. La respuesta del Ejecutivo será examinada tanto por quienes reclaman más firmeza como por quienes temen que las restricciones afecten al derecho de manifestación. @mundiario
