“Deberán responder”: Macron acusa a la extrema izquierda de incitar la violencia en las calles

El presidente francés Emmanuel Macron se dirigió a la nación el domingo 18 de octubre, después de una de las jornadas de disturbios más graves de los últimos años. Con edificios públicos incendiados, comercios saqueados y enfrentamientos en varias ciudades, el mandatario centró su mensaje en la defensa de las instituciones republicanas y en la necesidad de exigir responsabilidades a quienes participaron en los actos violentos.

«¿Cómo pueden los franceses hacerle esto a Francia?», planteó durante su intervención, en la que expresó su indignación ante la destrucción de edificios, los ataques contra las fuerzas de seguridad y el saqueo de más de 1.500 negocios. Su advertencia fue directa: quienes «intentaron derribar la República» deberán responder por sus actos. Macron responsabilizó a grupos de extrema izquierda y a delincuentes de haber desbordado las movilizaciones, que comenzaron con reivindicaciones sociales y educativas.

En su discurso televisado desde el Elíseo, el presidente Macron trazó una línea divisoria tajante entre los actores de las movilizaciones. El mandatario insistió en que «nunca debemos mezclar la protesta pacífica con saqueadores y alborotadores», reconociendo la validez del malestar de los estudiantes, docentes y ciudadanos afectados por la inflación y el deterioro de la educación pública. No obstante, dirigió toda la contundencia del Estado hacia los grupos radicales que asaltaron comisarías e incendiaron ayuntamientos históricos como el de Limoges. Esta diferenciación es el pilar de su estrategia: el Ejecutivo busca desarmar el discurso de la oposición desmarcando las demandas sociales legítimas del «intento de derrocar a la República» que atribuye a las células violentas.

Con las elecciones presidenciales fijadas para abril de 2027 en el horizonte, Macron afronta los últimos seis meses de su segundo mandato en una situación de extrema debilidad política. Su Gobierno se encuentra asfixiado por las críticas de una Asamblea Nacional polarizada que amenaza con una moción de censura durante el debate del presupuesto de 2027, condicionado por un severo ajuste fiscal de 54.000 millones de euros. Si bien el estallido en las calles profundiza el desgaste de su partido (Renaissance), el presidente intenta capitalizar la crisis como un último resorte institucional: busca reafirmar la autoridad estatal coordinando medidas de urgencia con alcaldes y prefectos, posicionándose como el único dique de contención frente al auge de los extremos liderados por Marine Le Pen (RN) y Jean-Luc Mélenchon (LFI).

El balance de los disturbios refleja la magnitud del desafío, pues las autoridades comunicaron más de 2.000 detenciones en el conjunto del país desde el inicio de la violencia, aunque algunos recuentos posteriores elevaron la cifra hasta aproximadamente 2.400. Asimismo, se informó de centenares de policías, bomberos y sanitarios heridos, además de cuantiosos daños en numerosos establecimientos y edificios públicos. En París, donde se registraron 855 detenciones durante la jornada del sábado, varias calles amanecieron con escaparates rotos, vehículos calcinados y restos de barricadas; una tensión que continuó el domingo en las inmediaciones de la plaza de la República, donde la policía empleó gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersar a los grupos que habían acudido a una concentración no autorizada.

El presidente distingue a los estudiantes de los grupos violentos

Uno de los episodios más graves tuvo lugar en Limoges, donde un incendio destruyó buena parte del ayuntamiento histórico del siglo XIX y provocó el derrumbe parcial de su estructura. El alcalde, Guillaume Guérin, denunció amenazas contra los trabajadores municipales y calificó la situación como un «fracaso colosal del Estado», al cuestionar los recursos disponibles para contener a los grupos violentos.

Por su parte, Macron tachó los asaltos de «atentados contra la democracia» y prometió una respuesta judicial implacable que «no dejará espacio» para la impunidad. El Ministerio de Justicia, bajo la dirección de la Fiscalía del Estado, ha activado el protocolo de comparecencia inmediata en los tribunales de París, Lyon y Marsella para procesar de forma exprés a los más de 2.300 detenidos. La instrucción penal se centrará en individualizar las responsabilidades penales mediante el análisis de cámaras de seguridad y geolocalización telefónica. El reto de los magistrados radicará en desvincular la simple presencia en las marchas de los delitos graves tipificados en el Código Penal francés: destrucción de bienes públicos por medios peligrosos, participación en agrupaciones con fines de violencia y atentado contra agentes de la autoridad.

Las protestas habían comenzado semanas atrás, impulsadas en buena medida por estudiantes que denunciaban la falta de profesores, el deterioro de las instalaciones escolares y la insuficiencia de recursos educativos. Después se sumaron familias, sindicatos y trabajadores preocupados por el encarecimiento de la vida, el poder adquisitivo y la calidad de los servicios públicos.

La movilización del sábado reunió a unas 550.000 personas, según el Ministerio del Interior, mientras que los sindicatos elevaron la participación a más de 800.000. Aunque la jornada incluyó marchas pacíficas en distintas ciudades, grupos violentos protagonizaron ataques y saqueos que terminaron eclipsando buena parte de las reivindicaciones originales.

El presidente francés insistió en separar las demandas sociales legítimas del vandalismo, buscando evitar que el movimiento estudiantil fuera criminalizado por las acciones de grupos radicales. Políticamente, esta distinción reconoce que la crisis de la educación pública y la inflación no se disuelven por los disturbios, pero tampoco legitima el asalto a más de 1.500 comercios ni el incendio de sedes institucionales.

Antes del estallido, la ministra de Educación Nacional, Anne Genetet, ya había anunciado un plan de contingencia que incluía la contratación de 3.000 profesores sustitutos y una inversión de 400 millones de euros para la escuela pública, una respuesta que los sindicatos del sector consideraron insuficiente ante un sistema ya desbordado. Con las manifestaciones consolidadas y ampliadas a otros sectores laborales, el conflicto evidencia que los dispositivos policiales no bastan: el Ejecutivo enfrenta la presión de detallar medidas estructurales para el coste de la vida en pleno debate de los presupuestos de 2027, condicionados por un estricto plan de austeridad.

Macron anuncia una revisión de los fallos de prevención

Además de condenar los disturbios, el presidente ordenó revisar si hubo deficiencias de inteligencia, anticipación o preparación policial antes de la jornada más violenta. La decisión responde a las críticas de alcaldes y dirigentes políticos que cuestionan cómo pudieron producirse ataques coordinados contra edificios públicos y comercios en varias ciudades.

El alcalde de Limoges, Guillaume Guérin, denunció con dureza que la Policía Nacional «se quedó sin municiones» y se vio obligada a retroceder frente a las huestes de manifestantes radicales que terminaron incendiando el histórico Ayuntamiento. Guérin acusó directamente al Estado de haber «abandonado a sus agentes» ante una movilización nacional contra la inflación que superó con creces las previsiones oficiales, alcanzando los 550.000 participantes en todo el país según el Ministerio del Interior. Esta supuesta falta de medios e imprevisión ha desatado una tormenta política sobre el ministro del Interior, Laurent Nuñez, a quien la oposición en la Asamblea Nacional (tanto desde la izquierda de Jean-Luc Mélenchon como desde la derecha de Marine Le Pen) le exige explicaciones inmediatas e incluso su dimisión en bloque por el colapso del orden público.

Ante la gravedad del escenario, Macron avaló un giro estricto en la contención de las protestas. El Ejecutivo ha facultado a los prefectos y autoridades locales para prohibir de forma preventiva cualquier concentración que suponga un riesgo inminente para la seguridad. Asimismo, el ministro Laurent Nuñez autorizó con urgencia el uso de granadas aturdidoras y material antidisturbios pesado —medidas que estaban estrictamente restringidas en las protestas previas— en un intento por blindar las sedes institucionales de cara a las próximas jornadas, lo que abre un complejo examen judicial sobre los límites al derecho fundamental de manifestación.

El Gobierno prepara además ayudas para los comercios afectados y una respuesta judicial contra los responsables de los saqueos y los incendios. La reunión de crisis convocada por el primer ministro, Sébastien Lecornu, debe concretar las medidas de apoyo y la coordinación entre los organismos encargados de investigar los hechos.

La revisión de los dispositivos de seguridad será especialmente relevante porque la crisis tiene dos vertientes: la actuación de quienes cometieron delitos y la capacidad de las instituciones para prevenirlos. La condena política de la violencia no sustituye la investigación sobre posibles fallos de preparación, del mismo modo que las dudas sobre la policía no eximen a los responsables de ataques y saqueos.

Macron atribuyó buena parte de la violencia a grupos de extrema izquierda y a delincuentes que, según el Gobierno, aprovecharon las manifestaciones para sembrar el caos. Marine Le Pen, líder de la Agrupación Nacional, sostuvo también que las reivindicaciones legítimas habían sido secuestradas por la extrema izquierda y responsabilizó al entorno de Jean-Luc Mélenchon de alimentar la tensión.

Mélenchon, que participó en una manifestación en París, denunció fallos organizativos del Gobierno y cuestionó la actuación policial, aunque condenó los saqueos y los incendios. Durante la marcha, se registraron vídeos donde se le veía repartiendo sonrisas y caminando tranquilamente entre sus acólitos, una imagen que sus detractores han viralizado para contrastarla con el clima hostil y las agresiones físicas sufrieron otros políticos y funcionarios municipales al movilizarse a través de la protesta. Lecornu respondió que atribuir la responsabilidad de la violencia a los responsables policiales era una inversión «peligrosa y cínica» de los hechos. @mundiario