Daniel Ortega ha encontrado una fórmula para hacer lo que había anunciado que quería hacer, pero sin escribir literalmente en la Constitución que Nicaragua deja de celebrar elecciones. El Parlamento, controlado por el oficialismo, aprobó la noche del lunes una reforma constitucional que amplía de seis a siete años el mandato de las autoridades elegidas en los últimos comicios. Por tanto, las elecciones generales previstas para noviembre de 2026 desaparecen del calendario y los próximos comicios quedan aplazados hasta 2028.
La maniobra llega apenas unas semanas después de que Ortega afirmara abiertamente que en Nicaragua no habría “más elecciones”, una declaración que provocó críticas y amplias condenas internacionales. Frente a aquella amenaza de ruptura abierta con el sistema democrático para mutar a un Estado unipartidista, el régimen ha optado finalmente por mantener formalmente la existencia de las elecciones, pero prorrogar el mandato de quienes ya ocupan el poder y blindar constitucionalmente las condiciones que determinan quién podrá concurrir en los comicios. El resultado sigue siendo una transformación profunda del sistema político nicaragüense.
La reforma establece que los periodos de las autoridades elegidas en las últimas elecciones generales, municipales y regionales quedan ampliados a siete años. El mandato presidencial, que ya había pasado de cinco a seis años en la reforma constitucional de 2025, vuelve a prolongarse ahora un ejercicio más. Ortega y su mujer, la copresidenta Rosario Murillo, podrán así permanecer en el poder hasta 2028 sin someterse a las urnas a finales de año.
La reforma debe ser ratificada en una segunda legislatura para entrar definitivamente en vigor. La Asamblea Nacional ha fijado esa segunda votación para el 18 de enero de 2027, según anunció Murillo. Al tratarse de una modificación constitucional, el oficialismo tiene todavía una oportunidad para introducir cambios adicionales en el texto. La oposición en el exilio ya contempla esa posibilidad y teme que la segunda legislatura sirva para ampliar todavía más los mecanismos destinados a garantizar la continuidad del régimen.
La experiencia reciente alimenta esas sospechas. En 2025, Ortega y Murillo promovieron una profunda reforma constitucional que instauró la figura de la copresidencia y permitió ampliar el mandato presidencial de cinco a seis años. Ahora llega el siguiente paso que podría llevar a Nicaragua a consolidarse como una autocracia cerrada.
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La oposición queda vetada de las elecciones
La novedad más relevante no está únicamente en la duración del mandato. La reforma también lleva a la Constitución una exclusión política que, según los opositores, ya funcionaba de facto. El nuevo texto impide acceder a cargos públicos, presentarse como candidato o dirigir partidos a quienes el régimen considere vinculados a intentos de golpe de Estado, financiación extranjera, sanciones internacionales, actuaciones contra la soberanía nacional o supuestos actos de “traición a la patria”. La amplitud de estas categorías deja un enorme margen de interpretación al poder, especialmente porque son acusaciones que Managua ha hecho contra la oposición. La cuestión, por tanto, deja de ser únicamente si habrá elecciones y pasa a ser qué tipo de elecciones habrá y quién podrá concurrir a ellas.
La reforma constitucional consolida una dinámica que Nicaragua conoce desde las elecciones de 2021. Entonces, los principales aspirantes opositores fueron detenidos antes de la votación, dejando al oficialismo frente a una oposición profundamente debilitada y sin capacidad real para competir en igualdad de condiciones. Ahora el mecanismo pretende quedar incorporado al propio marco constitucional.
La nueva arquitectura otorga además mayores atribuciones al Consejo Supremo Electoral para cancelar partidos y sancionar a candidatos o dirigentes por supuestas infracciones relacionadas con la soberanía nacional. El órgano electoral adquiere así un papel decisivo no solo en la organización de los comicios, sino también en quién puede integrar el ecosistema de partidos. La consecuencia es un sistema en el que la elección puede sobrevivir como institución formal mientras la competencia electoral queda cada vez más restringida.
Ortega retrocede, pero solo sobre el papel
El movimiento también puede interpretarse como una corrección táctica respecto a la amenaza formulada por Ortega el 19 de julio. Su declaración sobre el final de las elecciones situó al régimen ante un dilema. Eliminar directamente los comicios habría supuesto asumir una ruptura explícita con cualquier apariencia de institucionalidad democrática y habría elevado el coste internacional para Managua.
La reforma aprobada ofrece una salida distinta, porque simplemente las aplaza, prolonga el mandato de los gobernantes actuales y restringe constitucionalmente el acceso de sus adversarios al sistema político. La diferencia jurídica es importante. De ahí que los críticos del régimen interpreten la operación como una forma de ganar tiempo sin renunciar al objetivo esencial: mantener el poder sin exponerse a una competición electoral que pueda ponerlo en riesgo.
La reforma va más allá de la Presidencia y la Asamblea Nacional. Los periodos de los cargos de elección popular y las jefaturas del Ejército y la Policía también quedan ampliados a siete años. De esta manera, la modificación constitucional afecta a buena parte de la arquitectura institucional del Estado.
También cambia la fecha de toma de posesión de las autoridades: del tradicional 10 de enero por el asesinato del periodista Pedro Joaquín Chamorro pasa al 18 de enero, en homenaje a Rubén Darío. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, recurrió repetidamente a la figura del poeta nicaragüense para justificar el cambio.
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La OEA mantiene abierta la presión diplomática
La reforma llega además cuando la Organización de Estados Americanos (OEA) mantiene pendiente una reunión de consulta de cancilleres dedicada a la situación de Nicaragua. La convocatoria fue respaldada el 19 de agosto por 29 países del Consejo Permanente. Estados Unidos había tratado de acelerar la celebración del encuentro antes del 1 de septiembre, precisamente ante la amenaza de Ortega de eliminar las elecciones.
La reunión continúa, sin embargo, pendiente de una fecha consensuada. Brasil votó en contra de la convocatoria y México se abstuvo. Después de aquella votación, organizaciones opositoras y de la sociedad civil nicaragüense reclamaron a ambos gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum una mayor implicación diplomática para favorecer una salida política y unas elecciones libres, transparentes y con observación internacional.
La evolución del régimen nicaragüense dibuja así una trayectoria cada vez más represiva. Primero se debilitó la competencia, después los opositores fueron perseguidos, encarcelados o desterrados, al tiempo que despojados de sus bienes y su nacionalidad. Más tarde se modificaron las reglas constitucionales para consolidar la copresidencia y ampliar los mandatos. Ahora se retrasa nuevamente la convocatoria electoral y se incorporan a la Constitución criterios que pueden utilizarse para impedir la participación de adversarios políticos. @mundiario
