La Fiscalía Europea ha intensificado la investigación sobre el antiguo grupo parlamentario Identidad y Democracia (ID), la familia política que reunió en el Parlamento Europeo a algunas de las principales formaciones de la derecha soberanista europea, entre ellas el Reagrupamiento Nacional (RN) de Marine Le Pen. La nueva ofensiva judicial, con registros simultáneos en Francia, España, Italia y Bélgica, amplía el alcance de unas pesquisas centradas en el presunto uso irregular de 4,33 millones de euros de fondos comunitarios.
La operación adquiere una dimensión política especialmente delicada porque coincide con el momento más decisivo para el futuro de la dirigente francesa. Dentro de unos días, un tribunal de apelación deberá pronunciarse sobre la condena que mantiene a Le Pen inhabilitada para concurrir a las elecciones presidenciales de 2027, en las que el mandatario Emmanuel Macron no puede concurrir. una decisión que puede alterar profundamente el panorama político francés.
La Fiscalía Europea confirmó que las actuaciones forman parte de una investigación abierta sobre el uso de fondos del Parlamento Europeo por parte del grupo ID durante el periodo comprendido entre 2019 y 2024. Las diligencias se desarrollaron de forma simultánea en varios países miembros.
Esta bancada actualmente está extinta, toda vez que tanto el RN como sus socios de la Liga de Matteo Salvini decidieron integrarse en la fracción de Patriots for Europe (PfE) del ex primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, después de las elecciones europeas de 2024. Esa misma maniobra emprendió Vox, que abandonó el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, por la familia política del Fidesz.
En España, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) participaron en el registro de un despacho situado en el distrito madrileño de Salamanca vinculada a la estructura del antiguo grupo parlamentario, en coordinación con las autoridades europeas especializadas en la lucha contra la corrupción y los delitos financieros. Las operaciones también alcanzaron diversos domicilios y despachos en Francia, además de actuaciones en Italia y Bélgica.
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Empresas bajo sospecha
La investigación gira alrededor del destino dado a 4,33 millones de euros asignados por el Parlamento Europeo para financiar el funcionamiento ordinario del grupo parlamentario. Según la documentación incorporada a la causa, parte de ese dinero habría sido utilizado con fines distintos a los previstos por la normativa comunitaria.
Las sospechas afectan principalmente a dos vías de gasto. Por un lado, alrededor de 700.000 euros habrían sido transferidos a asociaciones cuya actividad no guardaría relación directa con el funcionamiento parlamentario del grupo. Aproximadamente otros 3,6 millones de euros se habrían canalizado mediante contratos con empresas consideradas próximas a algunas de las formaciones integradas en ID.
Las investigaciones intentan determinar ahora si esos contratos respondían a servicios efectivamente prestados o si constituyeron un mecanismo para financiar estructuras políticas nacionales con recursos europeos. Entre las sociedades analizadas figura GUD Connexion, empresa dedicada a la comunicación política que ha trabajado durante años para campañas electorales del RNl. Su fundador, Paul-Alexandre Martin, figura entre las personas afectadas por los registros practicados en Francia.
Según diversas informaciones publicadas por la prensa francesa, como Le Monde, Martin trasladó posteriormente parte de su actividad empresarial a Madrid, en particular el barrio de Salamanca, donde continuó desarrollando servicios de comunicación política tras las elecciones presidenciales francesas de 2022 en las que Le Pen perdió en segunda vuelta contra Macron. Los investigadores analizan si parte de los fondos europeos terminaron financiando contratos con esta empresa bajo fórmulas incompatibles con la normativa del Parlamento Europeo.
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Una causa distinta, pero conectada con la condena de Le Pen
La nueva investigación no parte de cero. Le Pen ya fue condenada en Francia por un sistema distinto de utilización irregular de fondos europeos destinado al pago de asistentes parlamentarios. La Justicia francesa concluyó que recursos asignados por el Parlamento Europeo para financiar personal parlamentario terminaron sufragando trabajadores vinculados directamente a la estructura del entonces Frente Nacional, hoy Reagrupación Nacional, entre 2004 y 2026.
La sentencia situó a Le Pen en el “vértice” del “sistema» de malversación y le impuso cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, además de una pena de prisión con grillete electrónico de un año y una multa económica. La dirigente recurrió el fallo y el próximo 7 de julio conocerá la resolución del tribunal de apelación, una decisión determinante para sus aspiraciones de concurrir a las presidenciales francesas de 2027.
Bardella también entra en el foco
Las nuevas diligencias también salpican al actual presidente de RN, Jordan Bardella, considerado el delfín de Le Pen y su posible reemplazo si finalmente su inhabilitación queda confirmada. Las investigaciones examinan su antigua relación contractual con el Parlamento Europeo y analizan si pudo beneficiarse de alguno de los mecanismos investigados.
El propio Bardella confirmó públicamente la existencia de registros relacionados con proveedores de comunicación que colaboraron con su partido y defendió que la formación no tiene “nada que reprocharse”. Al mismo tiempo, denunció que el procedimiento coincide con un calendario político especialmente sensible para la extrema derecha francesa.
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La ampliación de la investigación evidencia que la Fiscalía Europea pretende ir más allá del conocido caso de los asistentes parlamentarios para examinar el conjunto de la gestión financiera del desaparecido grupo ID. Las pesquisas pretenden determinar si existió un sistema organizado para utilizar recursos comunitarios destinados al funcionamiento institucional del grupo con fines partidistas o para beneficiar a empresas próximas a sus dirigentes.
El desenlace judicial llega, además, en un momento especialmente decisivo para Marine Le Pen. Mientras espera conocer si podrá concurrir a las elecciones presidenciales francesas de 2027, la líder del Reagrupamiento Nacional afronta ahora un nuevo frente abierto por la Fiscalía Europea que amplía el escrutinio sobre la utilización de fondos públicos durante su etapa al frente del grupo parlamentario Identidad y Democracia. @mundiario
