El Manchester City ha decidido pasar al ataque jurídico sin agotar el límite temporal fijado en el calendario procesal. Apenas unas horas antes de que expirara el plazo oficial fijado para este viernes 2 de octubre, la entidad mancuniana anunció a última hora de la tarde del jueves la interposición formal de un recurso de apelación total contra el veredicto dictado la semana pasada por la comisión independiente de la Premier League, órgano disciplinario que declaró al club culpable de más de un centenar de infracciones financieras cometidas a lo largo de nueve ejercicios consecutivos.
A través de un contundente comunicado oficial, los servicios jurídicos del conjunto de Mánchester cargaron frontalmente contra la solidez técnica del fallo que amenaza la estabilidad del proyecto emiratí. «La firme posición del club sostiene, sobre múltiples bases, que la opinión de la comisión independiente contiene claros errores materiales, legales, de principio y factuales, y genera inseguridad. El club es inocente de todas las acusaciones realizadas por la Premier League, y existe todo un cuerpo completo de pruebas irrefutables que apoya su posición en este caso», aseveró la institución deportiva.
La columna vertebral de la estrategia de defensa diseñada por los letrados del club pretende dar un giro conceptual a la acusación principal de falsedad documental en los patrocinios comerciales. Mientras que el dictamen condenatorio sostiene que el holding propietario Abu Dhabi United Group (ADUG) financió clandestinamente de su propio bolsillo gran parte de los acuerdos firmados por marcas asociadas como la aerolínea Etihad Airways, el recurso argumenta que las inyecciones económicas provinieron directamente de las arcas del Gobierno de Abu Dhabi, propietario legítimo de las citadas corporaciones públicas.
De acuerdo a las informaciones publicadas por algunos de los medios más importantes del continente, entre ellos El País, la maniobra busca acogerse a un vacío normativo estratégico dentro del reglamento del fútbol británico, dado que los estatutos de la Premier League no establecen topes económicos directos ni vetos a los patrocinios procedentes de empresas de titularidad estatal soberana. El propio director ejecutivo del Manchester City, Ferran Soriano, ya anticipó esta línea dialéctica al denunciar la fragilidad de la acusación: «Todo el caso de la Premier League se basa en una simple acusación, la de que los propietarios pusieron de modo secreto su dinero personal en el club a través de patrocinadores de Abu Dhabi. Eso es falso».
La gravedad de la controversia ha forzado la intervención pública de los máximos estamentos del deporte rey en las islas británicas. La Asociación de Fútbol inglesa (The FA) se pronunció de manera formal este viernes para valorar el alcance del conflicto, advirtiendo de que el veredicto condenatorio contra los ‘citizens’ encierra «implicaciones muy serias para la integridad del deporte» y asegurando que adoptará «las medidas pertinentes en el momento apropiado» tras evaluar con detenimiento la sentencia y sus derivadas regulatorias.
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Un laberinto de nueve cursos bajo la lupa de la justicia
El macroproceso que sacude los cimientos del fútbol continental se remonta formalmente a febrero de 2023, fecha en la que la Premier League presentó su pliego de cargos tras un lustro de exhaustivas auditorías forenses. Las irregularidades acreditadas por la comisión disciplinaria abarcan nueve cursos ininterrumpidos entre 2009/10 y 2017/18, etapa en la que el club no habría proporcionado «información financiera fidedigna de buena fe» respecto a sus ingresos reales por patrocinio y sus costes de estructura operativa.
El desglose de las irregularidades abarca además contratos y remuneraciones opacas abonadas tanto al cuerpo técnico como a futbolistas del primer plantel. En el banquillo, las pesquisas señalan pagos no declarados durante la etapa del preparador italiano Roberto Mancini (2009 a 2013), extendiéndose posteriormente a acuerdos contractuales de figuras clave de la plantilla entre 2010 y 2016, todo ello antes del aterrizaje de Pep Guardiola en el verano de 2016. Asimismo, el dictamen recoge graves vulneraciones del Fair Play Financiero de la Uefa entre 2013 y 2018.
La interposición formal de la apelación abre un nuevo y prolongado capítulo en la batalla legal del siglo en el fútbol inglés. Aunque la sanción ejecutiva —que oscila entre la deducción masiva de puntos, descensos administrativos o multas récord— queda momentáneamente en suspenso a la espera del análisis de este recurso, la presión de los rivales y de las instituciones deportivas británicas exige un castigo ejemplarizante para preservar la equidad de la competición.
El Manchester City afronta los próximos meses atrincherado en sus argumentos legales y dispuesto a agotar todas las instancias jurisdiccionales pertinentes para defender la legitimidad de su era dorada.
Frente a la acusación de haber edificado su dinastía sobre balances falseados, la cúpula emiratí redobla su órdago institucional, convencida de que su ejército de abogados logrará tumbar un fallo que ha puesto en tela de juicio la credibilidad del campeonato más poderoso del planeta. @mundiario
