Por: Aik Ambiorix.

El autor es gerente de Prensa Hispana . Miembro del Círculo Verdées Fundation Group.

Sin rodeos ni tibiezas. La situación generada en torno a la recién levantada Ciudad Judicial de Santo Domingo Este ha sobrepasado los límites de la tolerancia. Lo que debió erigirse como un hito de eficiencia institucional y modernidad en la zona oriental se ha transformado, por la falta de planificación urbana básica, en un calvario cotidiano.

La Sociedad Acción Multiempresarial SAM, el Consejo Empresarial del Municipio CODEESTE y la Asociación Nacional de Importadores y Distribuidores de Repuestos de Vehículos ANADERAVEN —bloque de vital importancia económica para el municipio— han dado un paso al frente. Las tres entidades han emplazado de manera firme e innegociable al Gobierno Dominicano, exigiendo a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones MOPC explicaciones inmediatas y soluciones definitivas a la severa crisis de movilidad y parqueos que asfixia el entorno judicial.

Es francamente inaceptable que una edificación cuya inversión superó los RD$ 4,000 millones carezca de los espacios de estacionamiento necesarios para absorber la masa de ciudadanos que a diario acuden a tramitar sus procesos. La insuficiencia de espacios provoca que abogados, jueces, empleados, imputados y familiares deban dejar sus vehículos a cinco, seis y hasta siete esquinas de distancia.

Esta imprecisión operativa desata un caos vehicular insoportable e impone una vulnerabilidad constante a la ciudadanía. Las calles aledañas quedan expuestas a la delincuencia y al desorden, convirtiendo la gestión judicial en un viacrucis.

La interrogante que lanzan los sectores productivos de Santo Domingo Este es contundente: ¿Dónde estaban los técnicos del Estado encargados de supervisar esta obra? ¿Cómo fue posible validar e inaugurar un proyecto millonario sin haber resuelto un estudio de impacto de tráfico y capacidad de parqueo elemental? La negligencia en la fiscalización resulta flagrante.

La inquietud del sector empresarial no se detiene en las trabas viales. Existe una fundada preocupación sobre el destino y manejo de las propiedades adquiridas por el Estado en las inmediaciones del proyecto. Se exige transparencia absoluta para evitar que manos maliciosas saquen partido de estos activos inmobiliarios en perjuicio del interés colectivo.

Lejos de quedarse en la queja estéril, el liderazgo empresarial ha puesto sobre la mesa alternativas viables:

Construcción de una infraestructura moderna de estacionamientos en la zona del Mercado de Los Mina.

Traslado y adecuación de dicho mercado hacia los terrenos propiedad de la Alcaldía en la Avenida Venezuela, optimizando la distribución urbana y descongestionando los accesos a la sede judicial.

Este reclamo no es una llamada de atención aislada; se trata de una ofensiva institucional en toda regla. La causa está encabezada por los dirigentes Andre Tejada, Joaquín Hilario, Fidel López y Juan Javier Familia, quienes, en ese mismo orden, lideran la mesa de trabajo empresarial.

El liderazgo económico local ha anunciado la ejecución de dinámicas y medidas de presión inmediatas, advirtiendo que llegarán hasta las últimas consecuencias dentro del marco de la ley hasta obtener una respuesta satisfactoria del Poder Ejecutivo y del MOPC.

Desde esta tribuna respaldamos y felicitamos la determinación viril de SAM, CODEESTE y ANADERAVEN. Cuando las instituciones técnicas del Estado le fallan a la ciudadanía, la sociedad civil y el sector empresarial tienen el deber moral de levantar la voz y exigir responsabilidades. Exigir un desarrollo urbano funcional y respetuoso no es un favor: es un derecho que Santo Domingo Este defenderá en el terreno institucional.