La investigación sobre Gabriel Pérez —uno de los técnicos más veteranos en el círculo de Donald Trump— no es un simple caso de mala conducta individual. Las autoridades estadounidenses están destapando un problema mucho mayor que parece haberse vuelto habitual en la Administración: cómo se usa la información privilegiada del gobierno para alterar los mercados de apuestas políticas y qué falló en los filtros que debían evitarlo.
Durante casi una década, Pérez fue una figura prácticamente desconocida para la opinión pública. Como operador del teleprónter presidencial, su función consistía en preparar y supervisar el correcto funcionamiento de los discursos del presidente, una tarea eminentemente técnica pero que le permitía conocer con antelación el contenido de numerosas intervenciones oficiales.
Según la investigación abierta por la agencia federal independiente Commodity Futures Trading Commission (CFTC), el empleado habría utilizado ese conocimiento previo para realizar operaciones en Kalshi, una plataforma de mercados de predicción (y rival de Polymarket) en la que los usuarios pueden apostar, entre otras cuestiones, sobre si determinadas palabras o temas aparecerán en discursos públicos. Las operaciones fueron detectadas por los propios sistemas internos de vigilancia de la compañía, que alertaron al regulador tras identificar patrones considerados anómalos.
El elemento más llamativo del caso reside precisamente en la naturaleza del mercado utilizado. Kalshi ofrece contratos conocidos como «mention markets», en los que los participantes intentan anticipar si un dirigente político pronunciará determinadas expresiones (exactas) durante una comparecencia pública. A diferencia de las apuestas deportivas tradicionales, estos mercados operan como contratos financieros regulados cuyo valor depende de la ocurrencia de un hecho verificable.
La sospecha de los investigadores es que Pérez habría aprovechado el acceso anticipado a los discursos presidenciales para apostar con una ventaja informativa que el resto de participantes no poseía. Las investigaciones apuntan a operaciones realizadas durante diversos discursos oficiales, incluido el tradicional discurso sobre el Estado de la Unión y otras intervenciones públicas del presidente.
Las estimaciones difundidas por diferentes medios sitúan los beneficios investigados en más de 90.000 dólares, aunque algunas informaciones hablan de cantidades superiores. Parte de esas ganancias permanece congelada mientras continúa el procedimiento administrativo.
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La reacción de la Casa Blanca: un caso “lamentable” aislado
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que el trabajador había sido apartado de sus funciones mediante una suspensión administrativa sin sueldo mientras continúan las investigaciones. También señaló que el presidente Donald Trump fue informado del caso y calificó la situación como una «vergüenza» e insistió en que la Casa Blanca mantiene normas éticas estrictas para impedir que los empleados utilicen información obtenida por razón de su cargo con fines económicos.
Hasta el momento, las autoridades no han acusado a Trump de conocer las operaciones investigadas ni existen indicios públicos de que otros miembros de la administración participaran en ellas.
Un aspecto significativo es que fue la propia plataforma la que detectó la actividad sospechosa. Kalshi explicó que sus sistemas internos identificaron movimientos incompatibles con el comportamiento habitual del mercado y trasladaron la información a la CFTC. La compañía sostiene que coopera plenamente con la investigación y que ha reforzado sus mecanismos de supervisión para prevenir posibles casos de utilización de información privilegiada.
Este episodio refleja cómo los mercados de predicción, cada vez más populares en Estados Unidos, afrontan un desafío similar al de los mercados financieros tradicionales: garantizar que todos los participantes operen bajo las mismas condiciones de información.
Un problema mayor que un solo empleado
El caso forma parte de una cacería mucho más grande. La justicia estadounidense lleva meses persiguiendo el uso de secretos gubernamentales en portales de apuestas online. Bajo investigación penal se encuentran múltiples operaciones financieras que adivinaron con precisión milimétrica desde giros políticos clave hasta despliegues y maniobras militares.
La expansión de este sector ha incrementado la atención de los reguladores porque, cuanto mayor es el volumen económico de estos mercados, mayor resulta también el incentivo para intentar obtener ventajas mediante información reservada. Más allá del desenlace concreto de la investigación, el expediente contra Gabriel Pérez puede convertirse en un precedente relevante para una industria que todavía está definiendo muchos de sus estándares regulatorios.
Si finalmente las autoridades concluyen que existió un aprovechamiento indebido de información no pública, el caso reforzaría la idea de que los mercados de predicción deben someterse a controles similares a los existentes en otros mercados financieros cuando intervienen personas con acceso privilegiado. @mundiario
