El fútbol femenino también tiene que pagar sus propias facturas

Hay una pregunta que durante demasiado tiempo se ha tratado casi como una provocación: ¿quién paga realmente el fútbol femenino profesional en España? Defender que las mujeres tengan los mismos derechos, oportunidades y condiciones laborales que los hombres es indiscutible. Fingir que dos competiciones generan el mismo dinero porque políticamente resulte conveniente decirlo es otra cosa completamente distinta.

El último proceso de venta de los derechos televisivos de Liga F dejó una imagen difícil de maquillar. Ninguna oferta de la primera ronda alcanzó los precios de reserva fijados por la competición, por lo que hubo que abrir una segunda ronda. Finalmente DAZN compró los ocho partidos por jornada y TVE y TV3 adquirieron cuatro en abierto durante tres temporadas. Por tanto, no es cierto que nadie quisiera pagar, pero sí que inicialmente el mercado rechazó pagar lo que Liga F consideraba que valía su producto.

Y ahí empiezan los problemas. Los clubes de Liga F ingresaron 56,6 millones de euros en 2024-2025, pero gastaron 72,8 millones y acumularon 16,2 millones de pérdidas antes de impuestos, un 52,2% más que el ejercicio anterior. Solo cuatro de los 16 clubes terminaron con beneficios. Se puede adornar con todos los conceptos que se quiera, pero una competición que gasta 16 millones más de lo que genera tiene un problema evidente de sostenibilidad.

Todavía más incómodo resulta mirar hacia el dinero público. El propio Consejo Superior de Deportes reconoce que durante las tres primeras temporadas de profesionalización destinó más de 40 millones de euros a la estructura de Liga F y a las instalaciones de sus clubes. Más de 40 millones después, las pérdidas agregadas continúan creciendo. Llegados a este punto, preguntarse cuándo debe empezar el fútbol femenino profesional a mantenerse principalmente con sus propios ingresos no es machismo. Es exigir explicaciones sobre el uso del dinero de todos.

Y ahora aparece RTVE. La televisión pública seguirá ofreciendo durante tres temporadas algunos de los principales encuentros de la competición, dentro de una estrategia que Liga F reconoce abiertamente que busca aumentar su visibilidad y su valor futuro. No se ha hecho público en las comunicaciones oficiales consultadas cuánto pagará RTVE, y precisamente por tratarse de una corporación financiada en buena medida con recursos públicos, esa cifra debería conocerse. Si la operación merece la pena, que se explique cuánto cuesta y qué retorno se espera obtener.

Durante años se ha mezclado deliberadamente la igualdad con la equiparación económica. Y son cosas distintas. Una futbolista merece exactamente los mismos derechos laborales que un futbolista; eso no convierte automáticamente sus competiciones en productos del mismo valor comercial. El fútbol masculino mueve cantidades enormes porque existen millones de espectadores, abonados, patrocinadores y televisiones dispuestos a pagarlas. No porque un Gobierno haya decidido administrativamente cuánto debería valer.

Ahí es donde determinados discursos políticos han hecho un daño considerable al debate. Se puede impulsar el deporte femenino, invertir en sus estructuras e intentar corregir décadas de desigualdad sin vender la ficción de que cualquier diferencia económica entre hombres y mujeres es discriminatoria. Los gobiernos pueden aprobar subvenciones; no pueden aprobar audiencias. Pueden financiar competiciones; no pueden obligar al ciudadano a verlas. Y pueden defender la igualdad; no pueden decretar la rentabilidad.

Lo mismo sucede con los salarios. Un jugador del Real Madrid no cobra lo mismo que uno de Primera Federación, igual que la estrella de un deporte no percibe lo mismo que alguien cuya competición apenas genera ingresos. El deporte profesional funciona alrededor del negocio que produce. Si se pretende elevar artificialmente los costes por encima de los ingresos en nombre de la igualdad, alguien terminará pagando la diferencia. Y actualmente demasiadas veces ese alguien es el club masculino, una institución pública o directamente el contribuyente.

 

Nada de esto significa que Liga F no esté creciendo. La propia competición asegura haber alcanzado 7,5 millones de espectadores acumulados, un 11,2% más, y sus ingresos también aumentan. Perfecto. Ese debería ser precisamente el camino: más público, más patrocinadores, mejores derechos televisivos y más ingresos propios. Pero crecer no permite esconder que los gastos todavía aumentan más deprisa que los ingresos y que el modelo continúa dependiendo de importantes apoyos externos.

El fútbol femenino quiere ser tratado como deporte profesional y debe serlo también cuando llegan las preguntas incómodas. No se puede exigir al mercado que pague lo que no considera que vale un producto y recurrir después al dinero público para tapar la diferencia mientras se acusa de desigualdad a quien cuestiona las cuentas. La igualdad se garantiza con derechos. El valor económico se gana consiguiendo que la gente quiera mirar, pagar y consumir. Y esa segunda parte, por mucho que moleste reconocerlo, no puede financiarla eternamente el BOE. @mundiario