El futuro de Santiago Peña en Paraguay: destituido y bajo arresto por el escándalo de Ueno Bank

La fulgurante carrera política de Santiago Peña ha terminado de la forma más abrupta. El presidente de Paraguay, que llegó al poder con la promesa de modernizar el país y proyectar una imagen renovada del histórico Partido Colorado, ha sido destituido por el Senado y ha quedado bajo arresto domiciliario por su presunta responsabilidad en el escándalo financiero de Ueno Bank. La caída se ha consumado en apenas unas horas: el juicio político concluyó el viernes con una votación mayoritaria que reunió incluso el respaldo de senadores de su propia formación, mientras la Fiscalía ordenaba su detención en el marco de una investigación por presuntos delitos económicos.

La crisis tiene una dimensión extraordinaria. Ueno Bank, intervenido y liquidado por el Banco Central (BCP), habría dejado sin acceso a sus ahorros a casi tres millones de personas, según las cifras recogidas en las informaciones sobre el caso. El escándalo ha provocado una conmoción nacional y ha situado bajo sospecha a las principales autoridades económicas del país. La Fiscalía investiga si el Gobierno y los responsables de la supervisión financiera conocían los problemas de la entidad y si omitieron medidas que podrían haber evitado el desenlace.

A las 18.50, hora local, los 44 senadores que participaron en la votación proclamaron al unísono su respaldo a la condena política del mandatario. La decisión puso fin a un proceso que amenazaba con prolongarse durante varios días y que terminó resolviéndose en menos de 10 horas. Al caer la noche, el vicepresidente Pedro Alliana juró el cargo como nuevo jefe del Estado, en un intento de garantizar la continuidad institucional en medio de una de las mayores crisis políticas y financieras de la democracia paraguaya.

La destitución de Peña representa también una derrota para el sector oficialista del Partido Colorado que había apostado por presentar al economista como el rostro de una nueva generación política. Su perfil tecnocrático y su discurso modernizador le permitieron llegar a la Presidencia con la promesa de renovar la gestión pública, pero su proyecto terminó subordinado a los equilibrios internos de una formación dominada durante décadas por estructuras de poder tradicionales, enfrentadas unas a otras.

El respaldo de los senadores colorados al juicio político evidenció que Peña había perdido la confianza de su propio partido y, especialmente, la del expresidente Horacio Cartes, principal referente de la formación. El dirigente, considerado el verdadero centro de gravedad del coloradismo, terminó apoyando el proceso que apartó del poder a quien había sido su delfín presidencial.

La ruptura dejó al mandatario sin una red política capaz de sostenerlo en el momento más delicado de su Gobierno. En las calles, miles de ciudadanos se concentraron frente al Congreso para celebrar la destitución. Entre banderas y cánticos de Patria querida, los afectados por la crisis bancaria expresaron su indignación y su esperanza de obtener respuestas sobre el destino de sus ahorros.

 

Peña intentó renunciar para evitar el juicio político

Antes de que se consumara su destitución, el presidente trató de encontrar una salida que le permitiera abandonar el cargo sin quedar expuesto a las consecuencias políticas y judiciales del escándalo. Su primera maniobra fue presentar su dimisión, una fórmula que, según la estrategia, podía llevarle a acceder automáticamente a la condición de senador vitalicio, por tanto, estaría aforado. El Congreso no aceptó esa vía. Peña intentó después ganar tiempo y solicitó una prórroga de 72 horas para preparar su defensa, pero los senadores rechazaron la petición y le concedieron apenas 30 minutos. El procedimiento avanzó así en un clima de enorme tensión institucional.

Aunque había anunciado que comparecería ante el Senado, el mandatario finalmente no acudió y delegó su defensa en los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda. Ferreiro ya había representado al expresidente Fernando Lugo durante el juicio político que terminó con su destitución en 2012, un proceso que entonces fue denunciado por sus partidarios como un golpe parlamentario.

Los letrados cuestionaron la legalidad del procedimiento y denunciaron que se había producido una “imposibilidad material de defensa”. Según argumentaron, el libelo acusatorio, compuesto por cientos de páginas y anexos, les fue entregado durante la noche anterior, con menos de doce horas para estudiar la documentación. También sostuvieron que el juicio había perdido su objeto después de que Peña presentara su renuncia y reprocharon al Congreso que no la hubiera aceptado.

Ninguno de esos argumentos logró detener la votación. La Cámara Alta continuó con el proceso y aprobó la destitución. Poco después, Peña publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales en el que aseguró que había renunciado para evitar “más daño al país” y contribuir a devolver la tranquilidad a Paraguay. “Me despido con gratitud, sin desconocer la angustia de quienes hoy esperan respuestas”, escribió.

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La Fiscalía ordena su detención por el caso Ueno Bank

La salida de la Presidencia no ha supuesto el final de los problemas judiciales para Peña. La Fiscalía emitió el 6 de noviembre la Nota número 97, dentro de la causa 92/2026, denominada “Santiago Peña s/ lesión de confianza y otros”, y ordenó su detención inmediata junto con la del expresidente del Banco Central Carlos Carvallo Spalding. La disposición fue firmada por los fiscales Elena Fiore, Christian Benítez y Silvia González Véster, junto con la agente especializada en delitos informáticos y lavado de activos Ruth Karina Benítez. La orden fue remitida a la Comandancia de la Policía Nacional para su ejecución.

En el caso de Peña, la medida establece que deberá permanecer bajo arresto domiciliario hasta quedar a disposición de la unidad fiscal especializada en delitos económicos y anticorrupción. Carvallo, por su parte, deberá cumplir la detención en las dependencias policiales que determine la Comandancia.

La investigación trata de esclarecer si las autoridades del Banco Central conocían desde abril de 2026 los problemas financieros de Ueno y si dejaron de activar los mecanismos legales disponibles para evitar el colapso. La denuncia ampliada por un grupo de legisladores incorpora nuevos hechos relacionados con los intereses del presidente y de su entorno en el grupo empresarial vinculado a la entidad bancaria.

La figura de Carvallo resulta especialmente relevante para la causa por su responsabilidad al frente del organismo encargado de supervisar el sistema financiero. Los investigadores deberán determinar qué información manejaba sobre la situación de Ueno, qué decisiones adoptó y si existieron omisiones que contribuyeron a agravar la crisis. Por ahora, las órdenes de detención forman parte de una investigación penal y no equivalen a una declaración de culpabilidad.

 

El final de una carrera política meteórica

La caída de Peña tiene una dimensión personal y política que puso a prueba las costuras del Estado paraguayo, gobernado por 75 de los últimos 79 años por el coloradismo. En poco tiempo pasó de ser presentado como el rostro renovador del Partido Colorado a convertirse en el primer presidente paraguayo de esta etapa política apartado del cargo en medio de una investigación de semejante alcance. Su ascenso había estado ligado a la confianza de Cartes y a la promesa de combinar solvencia técnica con estabilidad institucional.

La magnitud del escándalo también explica la reacción ciudadana. Para millones de paraguayos, el escándalo afecta directamente a sus ahorros y a la credibilidad de un sistema financiero que vivía una ebullición que apuntaba a posicionar a Paraguay como un país puntero en inversión. La investigación deberá aclarar qué ocurrió en Ueno Bank, quién conocía la gravedad de sus problemas y si hubo decisiones u omisiones que permitieron que la situación llegara al colapso.

 

Con Peña destituido y bajo arresto domiciliario, Carvallo también sujeto a una orden de detención y Alliana instalado en la Presidencia, Paraguay entra en una nueva etapa de incertidumbre. La caída del mandatario ha cerrado su fulgurante trayectoria en el poder, pero no la crisis que la provocó. El verdadero desenlace dependerá ahora de que la Justicia esclarezca las responsabilidades y de que los afectados puedan obtener respuestas sobre el destino de sus ahorros. @mundiario

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