Johnson puntualizó que el documento solo contienen algunos ajustes «triviales», un simple «cambio burocrático», pero la oposición y algunos parlamentarios conservadores consideran que el país podría violar el derecho internacional. Desde el ministerio de Exteriores defienden que «el Proyecto de Ley permitirá al gobierno abordar los problemas prácticos que el Protocolo ha creado en Irlanda del Norte en cuatro áreas clave: procesos aduaneros engorrosos, regulación inflexible, discrepancias en impuestos y gastos, y cuestiones de gobernanza democrática».
«Este proyecto de ley defenderá el Acuerdo de Belfast (Viernes Santo) y apoyará la estabilidad política en Irlanda del Norte. Pondrá fin a la situación insostenible por la que los norirlandeses reciben un trato diferente al del resto del Reino Unido, protegerá la supremacía de nuestros tribunales y nuestra integridad territorial», defendió la ministra británica de Asuntos Exteriores, Liz Truss, que argumentó que «esta es una solución práctica y razonable» que «salvaguardará el mercado único de la UE y garantizará que no haya una frontera dura en la isla de Irlanda». «Estamos listos para conseguir esto en unas conversaciones con la UE, pero solo podemos avanzar en las negociaciones si la UE está dispuesta a cambiar el Protocolo en sí, y por el momento no lo está».
Los problemas por el acuerdo han provocado además un bloqueo en la formación de gobierno en Stormont, ya que los unionistas del DUP se niegan a gobernar con el Sinn Féin si el Protocolo no es eliminado.
Keir Starmer, líder del Partido Laborista, consideró que este proyecto de ley reducirá, en lugar de aumentar, las posibilidades de un cambio negociado con la UE. Hay que «aceptar que hay algunos problemas en la forma en que funciona el protocolo» pero «no se resolverán con una legislación que infrinja el derecho internacional», dijo.
