El misterio alrededor de las reservas de oro de Argentina ha vuelto al centro del debate político. La cuestión no es cuánto metal conserva el país —los registros sitúan las reservas en unos 1,98 millones de onzas, valoradas en aproximadamente 8.611 millones de dólares—, sino dónde se encuentra una parte de esos activos y por qué se trasladaron fuera del país.
La controversia comenzó en 2024, cuando se conoció que varios lingotes habían salido de las instalaciones del Banco Central. Desde entonces, la institución se había negado a precisar su destino alegando razones de seguridad y confidencialidad, incluso después de requerimientos judiciales y parlamentarios. El silencio terminó parcialmente esta semana, pero la respuesta oficial no ha cerrado la polémica.
El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, aseguró ante el Congreso que una parte del oro está depositada en Suiza, concretamente en el Banco de Pagos Internacionales (BIS), una institución utilizada habitualmente por los bancos centrales.
Según su explicación, el traslado se produjo en 2024 para aprovechar las condiciones del mercado internacional del oro. La operación habría permitido mejorar la calidad de los lingotes y, al mismo tiempo, obtener un mayor aprovechamiento financiero de unas reservas que permanecían inmovilizadas.
Sin embargo, esta versión introduce una diferencia respecto a las explicaciones ofrecidas anteriormente por el Gobierno. En 2024, el ministro de Economía, Luis Caputo, había justificado el movimiento señalando que el objetivo era generar un rendimiento financiero con el oro. La falta de una explicación única alimenta precisamente las dudas que el Ejecutivo pretendía despejar.
La oposición apunta al Banco de Inglaterra
El peronismo sostiene una versión completamente distinta. La senadora Juliana Di Tullio acusó al Gobierno de ocultar que parte de las reservas estaría depositada en el Banco de Inglaterra, en Londres.
La acusación adquiere además una dimensión política por el conflicto histórico entre Argentina y Reino Unido por las islas Malvinas. Para la oposición, reconocer que los lingotes se encuentran bajo custodia británica tendría un coste político especialmente sensible para el Gobierno de Javier Milei.
Di Tullio, no obstante, no aportó públicamente documentos que permitan verificar esa afirmación y alegó que la información procede de fuentes clasificadas.
Mientras tanto, la Auditoría General de la Nación ha advertido que todavía no ha podido completar sus comprobaciones porque el Banco Central acumula un retraso superior a un año en la entrega de información necesaria.
El dato más relevante, por ahora, es que las auditorías disponibles no apuntan a una desaparición del oro: el volumen registrado se ha mantenido estable. El verdadero problema es otro: la opacidad sobre su ubicación y las distintas versiones ofrecidas para explicar una operación que afecta a miles de millones de dólares de las reservas argentinas. @mundiario

