La promesa de Donald Trump de entregar 5.000 dólares a cada ciudadano estadounidense adulto si los republicanos mantienen el control de la Cámara de Representantes y el Senado tras las elecciones de noviembre ha abierto un debate que va mucho más allá de la campaña electoral. El presidente ha presentado el pago como un dividendo generado por la fortaleza económica del país, pero los primeros cálculos sitúan su coste por encima de los 1,2 billones de dólares.
La dimensión de la propuesta explica buena parte de las dudas. El Censo estadounidense calcula unos 245 millones de ciudadanos mayores de 18 años, de modo que un cheque universal de 5.000 dólares supondría más de 1,2 billones. Trump no ha presentado todavía un mecanismo detallado que permita saber cómo se financiaría ni cómo se ejecutaría el programa.
El momento elegido añade otra dificultad. Estados Unidos afronta una deuda federal que ya ha superado los 40 billones de dólares y mantiene un déficit elevado. Al mismo tiempo, la inflación interanual se situó en el 3,4% en agosto, mientras el mercado ha elevado sus expectativas de que la Reserva Federal mantenga una política monetaria restrictiva.
En ese escenario, una inyección masiva de dinero podría generar un efecto contradictorio: proporcionar capacidad de gasto a corto plazo, pero aumentar las presiones sobre los precios y las necesidades de financiación del Gobierno si no existe una fuente suficiente de ingresos.
La tensión ya se refleja en el mercado de deuda. La rentabilidad del bono estadounidense a diez años se ha acercado al 5%, mientras los inversores exigen una mayor remuneración para mantener deuda a largo plazo. El Tesoro, dirigido por Scott Bessent, ha intentado contener esas rentabilidades mediante recompras de bonos, aunque los últimos movimientos no han conseguido disipar las dudas del mercado.
Los aranceles no parecen suficientes
Trump ha vinculado su propuesta a los ingresos generados por sus políticas comerciales. Sin embargo, los cálculos publicados por FactCheck.org señalan que los ingresos arancelarios necesitarían más de seis años para cubrir una factura estimada de 1,2 billones de dólares.
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La Casa Blanca ha defendido además otras posibles fuentes de financiación, mientras el secretario de Comercio, Howard Lutnick, ha apuntado a ingresos procedentes de determinadas medidas sobre extranjeros y a posibles ganancias asociadas a inversiones públicas. Por ahora, no existe un plan definitivo que permita determinar de dónde saldrían los fondos.
El precedente tampoco ayuda. Trump ya prometió anteriormente un dividendo de 2.000 dólares vinculado a los ingresos arancelarios y llegó a plantear otro de 5.000 dólares asociado a los supuestos ahorros del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Ninguna de aquellas propuestas se materializó.
El Congreso será una pieza clave
La otra gran incógnita es jurídica. El presidente ha sugerido que podría poner en marcha el pago, pero expertos citados por medios estadounidenses señalan que una transferencia federal de semejante magnitud requeriría afrontar importantes obstáculos presupuestarios y legales, incluido el papel del Congreso en la autorización del gasto.
El calendario también resulta significativo: el pago no se produciría antes de las elecciones, sino después de que los ciudadanos hayan decidido la composición del Congreso. Esa condición permite a Trump presentar los 5.000 dólares como una consecuencia directa de una victoria republicana, aunque todavía no exista un programa legislativo concreto.
Por eso, el verdadero alcance del anuncio no está únicamente en el posible cheque. La promesa coloca en el centro de la campaña el coste de vida, la inflación y la deuda pública, precisamente los problemas económicos que más presión ejercen sobre la Administración. Y obliga al mercado, al Congreso y a los propios votantes a responder a una pregunta mucho más incómoda: cuánto puede permitirse Estados Unidos gastar para aliviar el bolsillo de sus ciudadanos sin aumentar todavía más la factura de su deuda. @mundiario
