El Gobierno declara el desastre nacional tras el terremoto: Colombia se despliega para el rescate

El nuevo Gobierno colombiano apenas ha tenido tiempo de instalarse en el poder antes de afrontar su primera gran crisis. Tres días después de tomar posesión, el presidente Abelardo De la Espriella ha declarado el desastre de carácter nacional como consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país en la mañana y que ha dejado graves daños estructurales, víctimas mortales, heridos y personas atrapadas en diferentes puntos del occidente y el centro de Colombia.

La decisión supone elevar la respuesta desde el ámbito territorial al conjunto del Estado. El objetivo de la medida es movilizar recursos, coordinar a las administraciones y acelerar las operaciones de emergencia en unos territorios donde los primeros informes describen una situación especialmente crítica.

El Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres aprobó por unanimidad el concepto favorable para recomendar al presidente la declaratoria. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que ejerce como secretaría técnica del sistema nacional, deberá elaborar el informe actualizado de daños en las próximas horas, que servirá de fundamento técnico para el decreto correspondiente.

La respuesta se articula desde la sede de la UNGRD, convertida en el centro neurálgico de la emergencia. Allí se reúne el Comité Nacional para el Manejo de Desastres con el presidente y su Gabinete para evaluar la situación y establecer las prioridades de intervención. La primera decisión política ha sido centralizar la coordinación sin sustituir a alcaldes y gobernadores, que continúan desempeñando un papel esencial sobre el terreno.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, explicó que el Ejecutivo mantiene contacto permanente con los gobernadores y alcaldes de las principales zonas afectadas. Los informes preliminares apuntan a daños en nueve municipios del Chocó, ocho de Caldas, dos del Valle del Cauca y varios municipios de Risaralda y el Quindío. La magnitud territorial de la emergencia explica la necesidad de una respuesta coordinada. “Estamos activando los grupos de rescatistas y atención de desastres”, señaló Lara, que subrayó que el objetivo inmediato es comenzar las operaciones de ayuda y atención a las comunidades afectadas.

 

Ministros sobre el terreno

El Ejecutivo ha decidido, además, asignar responsables políticos a los principales focos de la emergencia. Aunque la distribución definitiva de funciones todavía está en proceso, el esquema inicial sitúa a varios miembros del gabinete en las regiones más afectadas.

  • Jorge Mora, ministro de Defensa, y Ana María Vesga, titular de Salud, concentrarán la coordinación en Chocó.
  • Rodrigo Lara, ministro del Interior, se ocupará del Eje Cafetero.
  • Elsa Noguera, ministra de Transporte, seguirá la respuesta en el Valle del Cauca.

A mediodía, hora local, el presidente De la Espriella compareció ante la prensa en la sede de la UNGRD para ofrecer una actualización sobre el estado de las zonas afectadas por el terremoto. Hasta ese momento, el Gobierno había contabilizado 111 muertos, 87 heridos, 1.575 viviendas afectadas y unas 37 derrumbadas totalmente. Unos 61 edificios colapsaron, 18 centros de salud se vieron alcanzados por el movimiento telúrico, así como 52 instituciones educativas y 17 centros comunitarios.

El Chocó y el Eje Cafetero, en el centro de la emergencia

Las primeras horas han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar los medios disponibles en las zonas más afectadas. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha ofrecido grúas y equipos de rescate. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por su parte, ha puesto a disposición del dispositivo las aeronaves del departamento.

El Gobierno ha comenzado a activar los grupos especializados en búsqueda y rescate urbano (USAR), especialmente necesarios allí donde los edificios han sufrido colapsos parciales o totales. La prioridad es localizar posibles supervivientes entre los escombros y garantizar que los equipos puedan trabajar con seguridad. En paralelo, la UNGRD mantiene comunicación con las alcaldías para actualizar el mapa de daños.

El terremoto tuvo su epicentro en las proximidades de San José del Palmar, en Chocó, pero sus efectos se han extendido por buena parte del occidente colombiano. El departamento ubicado en la costa del Pacífico concentra una de las situaciones más delicadas. Las autoridades locales han informado de daños importantes en varios edificios y de un elevado número de heridos. En el Eje Cafetero, especialmente en Caldas, Risaralda y Quindío, se han detectado también daños estructurales que obligan a extremar las precauciones. Los inmuebles que permanecen en pie pero presentan daños estructurales pueden convertirse en una segunda amenaza si no son inspeccionados antes de permitir el regreso de sus ocupantes. Por ello, la evaluación técnica de las construcciones se ha convertido en una de las prioridades del dispositivo.

La Autoridad Marítima Colombiana (Dimar) ha descartado la posibilidad de que el terremoto genere un tsunami en la costa Pacífica colombiana. La decisión elimina uno de los riesgos secundarios que suelen acompañar a los grandes movimientos sísmicos, aunque las autoridades mantienen las labores de vigilancia e inspección. El foco continúa puesto en tierra firme, donde el principal peligro reside en los daños estructurales, los desprendimientos, las comunicaciones y las dificultades para acceder a las zonas afectadas.

 

Qué implica declarar el desastre nacional

La declaración adoptada por el Gobierno permite activar mecanismos extraordinarios de respuesta ante una emergencia que supera la capacidad ordinaria de las administraciones locales y regionales. El ordenamiento colombiano contempla la posibilidad de recurrir a estados de emergencia cuando una circunstancia grave y sobrevenida amenaza de manera seria el orden económico, social o ecológico del país y no puede ser atendida adecuadamente mediante los procedimientos ordinarios.

En una situación de estas características, el Ejecutivo puede adoptar medidas excepcionales con la firma del presidente y de sus ministros para afrontar las consecuencias del desastre. Pero ese poder extraordinario no es ilimitado. La declaratoria debe explicar qué hechos han provocado la emergencia, por qué tienen carácter extraordinario, por qué los mecanismos ordinarios resultan insuficientes y qué medidas concretas se pretenden adoptar.

La respuesta del Gobierno estará sometida a controles institucionales. Los decretos dictados durante el estado de emergencia quedan sujetos al control correspondiente del Congreso y, especialmente, al control automático de la Corte Constitucional. @mundiario