Colombia ha estrenado Gobierno bajo el impacto de una de esas emergencias que alteran de golpe cualquier agenda política. El terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto ha convertido las primeras horas de la presidencia de Abelardo de la Espriella en una prueba de gestión mucho más inmediata que cualquier debate parlamentario o programa de Gobierno.
El balance provisional ofrecido por el propio presidente sitúa en 111 el número de fallecidos y en 87 el de heridos. Pero detrás de esas cifras hay una emergencia todavía abierta: 1.575 viviendas averiadas, 37 completamente destruidas y 61 edificios colapsados, además de daños en centros sanitarios, colegios, vías y aeropuertos. El balance puede cambiar a medida que los equipos de rescate accedan a las zonas más afectadas.
El terremoto tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y se produjo a las 7:34 de la mañana hora local. El movimiento fue percibido en buena parte del país y también en zonas de Ecuador, Panamá y Venezuela. Las áreas del Eje Cafetero y el suroccidente colombiano aparecen entre las más castigadas.
De la Espriella tomó posesión el pasado 7 de agosto. Apenas tres días después, la naturaleza ha colocado al nuevo Ejecutivo ante su primer gran examen de capacidad operativa. El presidente convocó de inmediato el Comité Nacional para el Manejo de Desastres. Posteriormente anunció la instalación de Puestos de Mando Unificado (PMU) para coordinar desde distintos puntos la respuesta a la emergencia.
El mandatario insistió en que asumirá personalmente la dirección de la respuesta nacional y se desplazará a las zonas afectadas. El Gobierno ha previsto además el despliegue de ministros y altos funcionarios en los territorios golpeados, mientras la Vicepresidencia coordina parte de los equipos de trabajo y la Cancillería canaliza eventuales ayudas internacionales.
No es un gesto menor para un presidente recién llegado al poder. En una catástrofe de estas dimensiones, la primera obligación política no consiste en explicar el programa electoral, sino en conseguir que las instituciones funcionen cuando más se las necesita.
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111 muertos y 87 heridos: la magnitud de los daños
La cifra de víctimas convierte al terremoto de este 10 de agosto en una emergencia de enorme gravedad. El Gobierno ha declarado la situación de desastre nacional, una decisión destinada a facilitar la movilización extraordinaria de recursos y acelerar determinados procedimientos administrativos.
El último balance oficial recoge un total de 111 personas fallecidas y 87 heridas. En cuanto a los daños materiales, se reportan 1.575 viviendas averiadas, 37 completamente destruidas y 61 edificios colapsados. Asimismo, la infraestructura social sufrió fuertes impactos, registrando 18 centros de salud afectados, 52 centros educativos averiados y 17 centros comunitarios dañados. Finalmente, en materia de transporte, se contabilizan 18 vías afectadas, seis aeropuertos con daños estructurales y sin operaciones comerciales, además de otra terminal aérea que presenta afectaciones tanto en su infraestructura como en la pista.
La distribución territorial tampoco es homogénea. Según el balance difundido por las autoridades locales, el departamento de Risaralda concentra el mayor número de fallecidos, con 40 víctimas, seguido por el Valle del Cauca, con 27, mientras Chocó, donde se localizó el epicentro, registra cuatro en ese recuento preliminar.
La profundidad del movimiento, la distancia respecto a las zonas urbanas y las características de las edificaciones determinan en buena medida el impacto final de un terremoto. Por eso, el mapa de la emergencia no se limita a San José del Palmar. Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y otras ciudades han sufrido daños y requieren inspecciones estructurales antes de que miles de ciudadanos puedan regresar con normalidad a sus viviendas.
La prioridad: rescatar antes que reconstruir
De la Espriella ha marcado una primera prioridad que parece elemental, pero que en una emergencia de estas características resulta decisiva: buscar y rescatar a quienes puedan permanecer atrapados bajo los escombros.
Ahora el tiempo se mide en horas. Los equipos de rescate necesitan acceder a edificios inestables, determinar qué estructuras pueden ser apuntaladas, localizar posibles supervivientes y trasladar a los heridos. Cada nuevo derrumbe, réplica o fallo de infraestructura puede complicar una operación que ya se desarrolla bajo presión.
El presidente ha ordenado que los reportes sean actualizados periódicamente y ha anunciado su presencia sobre el terreno. El desafío consiste ahora en que esa dirección política se traduzca en una cadena de mando eficaz, información fiable y distribución rápida de recursos.
Los 18 centros de salud afectados adquieren especial relevancia porque el sistema sanitario debe atender a los heridos precisamente cuando parte de sus propias instalaciones presentan daños. Algo parecido ocurre con las carreteras: una vía averiada puede retrasar durante horas la llegada de maquinaria pesada, ambulancias, alimentos o equipos especializados.
Los aeropuertos constituyen otro cuello de botella. Con seis instalaciones afectadas y sin operaciones comerciales, la capacidad de trasladar rápidamente personal, material médico y ayuda desde otras regiones queda limitada. Es decir, la emergencia no consiste únicamente en las personas que han resultado heridas o en los edificios que han caído. El verdadero alcance se mide también por la capacidad del Estado para mantener operativos los servicios básicos mientras evalúa los daños.
La política colombiana queda, inevitablemente, en segundo plano. Pero no desaparece.
Un presidente que acaba de asumir el cargo será juzgado durante las próximas semanas no solo por sus decisiones políticas, sino por la capacidad de su Administración para responder a esta crisis. La gestión de una catástrofe permite comprobar en cuestión de días algo que normalmente requiere meses: si las instituciones tienen capacidad de coordinación, si las órdenes llegan al territorio, si existen recursos suficientes y si los distintos niveles administrativos trabajan con una misma información.
Miles de viviendas dañadas significan familias que necesitarán alojamiento. Los colegios afectados implican problemas para recuperar la actividad educativa. Los centros sanitarios dañados requieren soluciones provisionales. Las infraestructuras de transporte deberán ser revisadas antes de recuperar plenamente su funcionamiento.
De la Espriella ha optado por una conducción centralizada de la emergencia, con PMU en Bogotá, Armenia, Quibdó y Cali, mientras sus ministros se desplazan hacia las zonas afectadas. La apuesta tiene una ventaja evidente: evitar una respuesta fragmentada. Pero también plantea una exigencia considerable. Cuanto más directamente se responsabiliza el presidente de una operación, mayor es también la responsabilidad política por sus resultados.
El mandatario ha dicho que permanecerá al frente y que acudirá personalmente a los territorios afectados. La presencia presidencial puede servir para acelerar decisiones y transmitir coordinación, pero no sustituye la capacidad técnica de los organismos de emergencia. @mundiario
