Las elecciones legislativas de medio mandato del 3 de noviembre de 2026 han comenzado en Estados Unidos bajo una intensa batalla institucional. Mientras los ciudadanos acudían a votar para decidir el control del Congreso, la Administración de Donald Trump ha sufrido una sucesión de reveses judiciales por sus actuaciones contra supuestos votantes no ciudadanos. Los tribunales han rechazado varias de sus principales demandas, han limitado las amenazas del Departamento de Justicia contra funcionarios electorales y han impedido que el Gobierno federal imponga a los estados cómo deben gestionar determinadas papeletas.
El conflicto no se limita a una discusión técnica sobre quién tiene derecho a votar. Afecta a una cuestión esencial del sistema estadounidense: quién administra las elecciones, qué pruebas hacen falta para cuestionar la elegibilidad de un elector y hasta dónde puede llegar el Ejecutivo federal cuando interviene en un proceso electoral que la Constitución atribuye fundamentalmente a los estados.
La Administración sostiene que sus actuaciones buscan impedir el fraude y garantizar que únicamente los ciudadanos estadounidenses participen en elecciones federales. Sin embargo, los tribunales han encontrado problemas de competencia, falta de pruebas suficientes y riesgos de privar del voto a ciudadanos naturalizados que aparecen incorrectamente en las listas elaboradas por las autoridades federales.
Uno de los principales reveses para Trump llegó el lunes 2 de noviembre, cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó la petición de emergencia del Departamento de Justicia para impedir que California contabilizara papeletas por correo de más de 20.000 personas señaladas como posibles no ciudadanas. El Gobierno federal pretendía que las autoridades electorales separasen esos votos y no los contabilizasen mientras se verificaba la ciudadanía de las personas incluidas en una lista elaborada por el propio Departamento de Justicia. Sin embargo, la solicitud afectaba de forma directa a papeletas de ciudadanos que ya estaban formalmente registrados para votar y cuya elegibilidad cuestionaba la Administración.
El Supremo rechazó intervenir sin publicar una explicación, algo habitual en las decisiones de emergencia; tampoco constaron votos discrepantes por parte de los magistrados. Esta resolución confirmó, en la práctica, que la Administración no había conseguido el respaldo judicial necesario para imponer dicha medida antes de la jornada electoral.
-
Demócratas y republicanos se enfrentan a una noche decisiva: así puede cambiar el Congreso de Estados Unidos
-
El bolsillo de los estadounidenses pone en aprietos a Trump y puede darle una sorpresa en el Congreso
-
Las claves de las midterms: Trump se juega en las urnas las manos libres para gobernar EE UU
Este enfrentamiento venía gestándose desde semanas atrás. A mediados de octubre, el Departamento de Justicia había entregado a funcionarios electorales de Los Ángeles y Sacramento una unidad USB con los nombres de las personas supuestamente no ciudadanas, otorgándoles un plazo de solo 48 horas para revisar la información. Asimismo, la entidad federal amenazó con emprender acciones judiciales inmediatas si no se apartaban las papeletas correspondientes.
Ante esta exigencia, las autoridades californianas se negaron de inmediato. El registrador del condado de Los Ángeles, Dean Logan, denunció públicamente que el Departamento de Justicia no había facilitado las pruebas, las fuentes ni la metodología utilizadas para determinar que aquellas personas supuestamente no podían votar.
De hecho, las comprobaciones preliminares realizadas por los propios funcionarios electorales locales detectaron múltiples errores en los registros proporcionados por el Gobierno federal. Entre los principales riesgos señalados figuraba la inclusión indebida de ciudadanos naturalizados, quienes gozan de pleno derecho legal para participar en las elecciones federales de Estados Unidos.
El gobernador de California, Gavin Newsom, celebró la decisión del Supremo y la calificó como un rechazo a lo que consideró un ataque infundado contra el proceso electoral estatal. El fiscal general californiano, Rob Bonta, advirtió, sin embargo, de que el trabajo legal del estado no había terminado.
Una cadena de derrotas judiciales para el Departamento de Justicia
El fallo del Supremo no fue un episodio aislado, ya que durante las horas previas a la apertura de los colegios electorales distintos tribunales federales limitaron las actuaciones del Gobierno de Trump. En Washington, un juez bloqueó la exigencia federal de que California dejara de contabilizar las papeletas de las personas incluidas en la lista de supuestos no ciudadanos. Asimismo, otro magistrado impidió que la Administración enviara listas similares a funcionarios electorales de cualquier estado con el fin de presionarles sobre el tratamiento de esos votos.
Además, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito confirmó una orden judicial que prohíbe al Gobierno amenazar con procesamientos penales a los responsables electorales que no acepten sus exigencias. Esta decisión prolongaba un revés anterior del juez federal David Carter, quien el 28 de octubre había rechazado la pretensión de apartar las papeletas cuestionadas. En su resolución, el magistrado describió la intervención como una actuación extraordinaria y escribió que nunca antes el Gobierno federal había intentado, en vísperas de unas elecciones, obligar a una administración estatal y local a abandonar sus propios procedimientos constitucionales.
La Administración también sufrió una derrota en Alaska, donde el Departamento de Justicia había solicitado impedir la certificación de la elección al Senado si el republicano Dan Sullivan perdía por un margen estrecho, bajo el argumento de que la presencia de otro candidato con el mismo apellido podía confundir a los votantes. Sin embargo, la jueza federal Sharon Gleason desestimó la demanda el domingo 1 de noviembre de 2026, al considerar que el estado no podía realizar la investigación solicitada preservando al mismo tiempo el secreto del voto. Aunque el Departamento de Justicia ya ha recurrido la decisión, el fallo supuso otro freno judicial para el Gobierno federal en vísperas de los comicios.
El principal argumento jurídico de los estados y de los grupos defensores del derecho al voto es que la Constitución estadounidense asigna a los estados la responsabilidad fundamental de administrar las elecciones, aunque el Congreso puede establecer determinadas normas federales.
Eso no significa que el Gobierno federal carezca de competencias para investigar delitos electorales. El voto de personas no ciudadanas en elecciones federales está prohibido, y el Departamento de Justicia puede perseguir infracciones cuando dispone de pruebas y actúa dentro de la ley.
La controversia reside principalmente en el procedimiento utilizado, dado que los tribunales han cuestionado que la Administración pretenda imponer decisiones sobre papeletas concretas mediante listas cuya fiabilidad no ha quedado suficientemente acreditada, además de aplicar amenazas de responsabilidad penal contra los funcionarios que se nieguen a obedecer. Este problema adquiere especial relevancia porque los errores administrativos pueden afectar de forma directa a ciudadanos estadounidenses naturalizados. Al respecto, la judicatura ha enfatizado que la sola inclusión de una persona en una base de datos bajo sospecha no demuestra, por sí misma, que carezca de su legítimo derecho al voto.
Según datos y análisis citados por Associated Press, el voto ilegal de personas no ciudadanas es extremadamente infrecuente. Las investigaciones independientes y las auditorías estatales también han encontrado que el fraude electoral en Estados Unidos es poco habitual, aunque existen casos individuales que pueden y deben investigarse.
Trump, sin embargo, lleva años sosteniendo, sin pruebas que respalden sus afirmaciones, que el fraude generalizado le hizo perder las elecciones de 2020. Los grupos vinculados a sus aliados presentaron entonces más de 60 demandas para cuestionar aquel resultado, todas ellas sin éxito.
Una transformación del papel del Departamento de Justicia
La Administración no ha aceptado los fallos como el final de su estrategia. Kiersten Pels, portavoz del Departamento de Justicia, expresó la decepción del organismo por las decisiones del Supremo y del Noveno Circuito, pero aseguró que continuaría actuando para garantizar que solo los ciudadanos estadounidenses puedan votar.
Pels anunció el despliegue de observadores electorales en California y otros estados, además de nuevas actuaciones judiciales y procesamientos por presunto fraude. El fiscal general Todd Blanche ha defendido que el departamento se limita a aplicar la legislación federal y que sus iniciativas no favorecen a ninguna campaña.
No todas las peticiones del Gobierno fueron rechazadas. Un juez federal de Washington desestimó el lunes una solicitud de la NAACP para impedir el despliegue de agentes federales como observadores en los colegios electorales. El magistrado tuvo en cuenta las garantías ofrecidas por el Departamento de Justicia de que los supervisores procedentes de organismos policiales acudirían desarmados y vestidos de manera discreta.
La presencia de estos observadores, por tanto, no quedó prohibida. La discusión se centra en si su actuación puede convertirse en una herramienta de intimidación o interferencia, algo que el Gobierno niega. @mundiario
