La relación entre Reino Unido e Israel ha entrado en una fase especialmente delicada. El Gobierno británico ha anunciado una prohibición de las importaciones procedentes de asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados, nuevas sanciones contra quienes financien o faciliten su expansión y restricciones a la publicidad de esas colonias en suelo británico. Pero el alcance político del anuncio va bastante más allá del comercio: Londres ha calificado de “limpieza étnica” la situación que sufren los palestinos en determinadas zonas de Cisjordania y ha declarado ilegal la propia ocupación israelí.
La respuesta de Tel Aviv ha sido inmediata. El ministro israelí de Exteriores, Gideon Sa’ar, anunció el cierre del consulado británico en Jerusalén Este, la prohibición de entrada a varios diputados británicos y el fin de la cooperación británica en el entrenamiento de las fuerzas de seguridad palestinas. Israel también quedará fuera de una misión de coordinación para Gaza liderada por Estados Unidos.
El Gobierno británico de Andy Burnham ha recalcado que sus recientes medidas (en una coalición internacional con Francia y Canadá), 0no constituyen un embargo comercial general contra el Estado de Israel. Al presentar ante la Cámara de los Comunes el veto a los productos de las colonias en Cisjordania, el ministro de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, subrayó expresamente que las restricciones comerciales y financieras se dirigen de forma exclusiva contra los asentamientos ilegales y las empresas que facilitan su expansión. De hecho, Londres mantiene formalmente su respaldo al comercio bilateral e incentiva los flujos de inversión con Israel siempre que se circunscriban al territorio delimitado por la Línea Verde.
Al trazar esta distinción legal y geográfica, el Ejecutivo laborista ratificó su rechazo a la campaña global del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), defendiendo que su política busca salvaguardar la viabilidad de la solución de dos Estados.
La nueva política contempla una prohibición de importar productos procedentes de asentamientos israelíes en los territorios ocupados, además de sanciones contra empresas y particulares que proporcionen financiación, construcción, infraestructuras, servicios inmobiliarios u otras actividades que contribuyan a ampliar esas comunidades.
Londres también prohibirá la publicidad en Reino Unido de asentamientos considerados ilegales. El nuevo régimen legislativo está previsto para entrar en vigor en un plazo de entre seis y nueve meses, aunque el Gobierno británico ha anunciado sanciones adicionales e inmediatas contra determinados colonos.
Por tanto, el impacto económico directo puede ser limitado, porque los asentamientos representan una parte reducida del comercio británico-israelí. Su importancia es sobre todo política: Londres intenta establecer una diferencia jurídica y económica entre Israel y los territorios ocupados.
-
España se une al pulso contra Israel por los asentamientos de Cisjordania: estas son las medidas que prepara
-
Netanyahu recibió una alerta sobre Hamás días antes del 7 de octubre: esto es lo que ocurrió después
-
Israel desafía al Reino Unido por las Malvinas: Ben Gvir pide reconocer la soberanía argentina
La acusación de “limpieza étnica” eleva todavía más la tensión
El elemento más significativo del discurso de Miliband es probablemente otro. El ministro afirmó que, por primera vez, la posición oficial británica considera ilegal no solamente los asentamientos, sino la ocupación israelí de los territorios palestinos.
Esta afirmación se apoya en la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia en julio de 2024. El tribunal concluyó que la presencia continuada de Israel en el Territorio Palestino Ocupado es ilegal y consideró que los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este vulneran el derecho internacional. También sostuvo que Israel debe poner fin a las nuevas actividades de asentamiento.
La cuestión, por tanto, no nace con la decisión británica. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ya había establecido en la resolución 2334 que los asentamientos israelíes en los territorios ocupados desde 1967 “no tienen validez jurídica” y constituyen una violación del derecho internacional.
Al fijar la nueva postura del Gobierno británico ante la Cámara de los Comunes, el ministro de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, elevó la dureza diplomática al afirmar que el Ejecutivo laborista coincide en que se está ejecutando una «limpieza étnica» contra la población palestina en diversas áreas de Cisjordania. Miliband responsabilizó directamente a los colonos radicales, a quienes tildó de «terroristas de los asentamientos», y acusó abiertamente al Gabinete de Benjamín Netanyahu de «mirar hacia otro lado» e incluso amparar el desplazamiento forzoso.
A nivel doctrinal, esta contundente declaración política se ciñe a la definición de la ONU sobre la expulsión deliberada de un grupo civil mediante el terror; por lo tanto, no equivale a una acusación formal de genocidio ni supone la apertura de un proceso judicial internacional por parte de Londres. El pronunciamiento constituye, en cambio, la fundamentación jurídica de la Casa de los Comunes para decretar que la totalidad de la ocupación es ilegal, sirviendo de antesala para el paquete de sanciones comerciales y financieras recién anunciado.
La preocupación internacional por la violencia de colonos y por la expansión territorial, sin embargo, no es nueva. Naciones Unidas y la propia Corte Internacional de Justicia han señalado los efectos de las confiscaciones de tierras, la violencia de colonos y las políticas que pueden generar un entorno coercitivo para la población palestina. (Corte Internacional de Justicia)
En el centro de la disputa aparece también el proyecto E1, al este de Jerusalén. Reino Unido considera que su desarrollo podría fragmentar territorialmente Cisjordania y dificultar todavía más la creación de un Estado palestino viable. Londres ya había condenado en agosto la publicación de una licitación israelí para el proyecto E1 y había advertido de que podía separar Cisjordania de Jerusalén Este.
La decisión británica, por tanto, no surge de un único episodio. Es la culminación de meses de advertencias, sanciones contra colonos y presión diplomática. En junio, Londres ya había coordinado con otros países nuevas sanciones contra personas y entidades vinculadas con la violencia de colonos y había recomendado a las empresas británicas no desarrollar actividades económicas o financieras en asentamientos ilegales.
Israel responde golpeando donde puede: la diplomacia
El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, oficializó duras «contramedidas» en respuesta al veto comercial contra los asentamientos. Sa’ar acusó formalmente al laborismo de orquestar una «injerencia flagrante» destinada a influir en las elecciones legislativas israelíes de la Knesset del 27 de octubre de 2026.
Además, el consulado afectado no es una sede cualquiera, sino una de las misiones «históricas» de Jerusalén Este, clave para el mundo palestino. El presidente israelí, Isaac Herzog, calificó las sanciones de “grave error de cálculo” y defendió el diálogo frente a las sanciones. La posición oficial israelí sostiene que Jerusalén es su capital indivisible y rechaza cualquier actividad diplomática extranjera que considere incompatible con su soberanía.
Por su parte, Washington se ha desmarcado tajantemente del bloque europeo. El secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, confirmó que Estados Unidos «obviamente» no secundará el veto británico a las importaciones de los asentamientos. Rubio argumentó que aplicar estas sanciones comerciales en Cisjordania es una medida desestabilizadora que dinamita la capacidad de Washington para avanzar en su agenda diplomática para la región, específicamente en la consolidación del alto el fuego en Gaza y el desarrollo de su iniciativa de estabilidad regional conocida como el Plan de 20 puntos y la Junta de la Paz.
Esta ruptura escenifica un choque directo en la comunidad internacional: mientras el Reino Unido, Francia y Canadá —junto a otros nueve aliados occidentales como España— coordinan restricciones comerciales punitivas contra la ocupación, la administración Trump ha cerrado filas en defensa de la economía de las colonias de la mano de su embajador en Israel, Mike Huckabee. De hecho, Huckabee advirtió explícitamente sobre inminentes «repercusiones y represalias» financieras contra corporaciones del Reino Unido.
El mecanismo de castigo norteamericano cuenta con un sólido precedente jurídico interno: más de 30 estados de EE UU poseen legislaciones punitivas que obligan a rescindir contratos públicos o retirar fondos de inversión de cualquier empresa extranjera que participe en campañas de boicot o desinversión contra entidades controladas por Israel, incluidas las asentadas en territorio palestino.
La decisión británica tampoco es aislada. Reino Unido, Canadá y Francia han anunciado prohibiciones de importaciones procedentes de asentamientos, mientras Dinamarca, Finlandia, Islandia, Irlanda, Noruega, Polonia, Portugal, España y Suecia han expresado su intención de introducir o apoyar restricciones adicionales conforme a sus procedimientos nacionales. @mundiario
