El terremoto judicial desencadenado en torno al Manchester City ha dejado al descubierto una profunda crisis de gobernanza en el fútbol contemporáneo. Según la información confirmada por la Premier League, una comisión independiente declaró al club culpable de todas las infracciones financieras graves cometidas entre 2009 y 2018. El fallo acredita contratos simulados de patrocinio y cuentas falseadas para eludir el control económico. Aunque el club presentó recurso, el foco ya no apunta a la falta, sino a la ineficacia del sistema sancionador.
El primer gran fallo del modelo reside en los tiempos de respuesta de la justicia deportiva. El veredicto definitivo ha tardado casi diecisiete años en llegar desde la comisión de la primera falta en la temporada 2009-10. Una resolución que aterriza una generación más tarde resulta incapaz de restablecer la limpieza de la competición adulterada. Los títulos pueden retirarse formalmente sobre el papel, pero el arraigo comercial, la masa social y la inercia ganadora acumulada durante más de una década son intangibles que no se pueden revertir.
El segundo obstáculo insalvable es la manifiesta carencia de medios de las entidades organizadoras. Una liga profesional actúa como una simple asociación de derecho privado y carece de facultades procesales para requerir información bancaria o intervenir servidores fuera de su jurisdicción. El organismo depende enteramente de la buena voluntad documental del propio club inspeccionado. Frente a conglomerados internacionales respaldados por capital estatal, esa asimetría probatoria convierte la fiscalización en una tarea prácticamente utópica.
El tercer factor problemático es la contradicción estructural de que la Premier League actúa como juez y parte. Es la propia patronal quien decide cuándo abrir expedientes, qué medios destinar y cómo acusar a sus propios miembros. Cabe recordar que el origen del caso no nació de sus auditorías internas, sino de las filtraciones periodísticas de Football Leaks. Castigar a una de sus mayores marcas globales compromete sus derechos audiovisuales y tensa la relación con el resto de socios, varios de los cuales reclaman indemnizaciones.
Frente a la debilidad del modelo anglosajón, el control preventivo de LaLiga en España ofrece un contraste esclarecedor. El sistema español calcula de forma previa el coste de plantilla admisible en función de los ingresos reales, bloqueando la inscripción de futbolistas en caso de rebasarlo. Aunque ha recibido críticas por su rigidez o el uso de palancas, este mecanismo cerró el grifo de las insolvencias históricas e impidió que el gasto desorbitado se consumara sobre el césped, evitando litigios a posteriori.
-
Petrodólares o justicia: la Premier ante el abismo de convertirse en un rehén del City
-
El City no se rinde: apela el veredicto y planta cara al poder de la Premier
-
Rebelión legal en el City: ¿se viene una desbandada de Haaland y compañía?
La agonía de las ligas y la obligada intervención de la ley común
Castigar con dureza a uno de los buques insignias de un campeonato siempre entraña un coste sistémico inasumible para la propia industria. Italia lo padeció en primera persona durante el escándalo del Calciopoli, una trama descubierta por escuchas judiciales que sumió al Calcio en una crisis deportiva y económica que tardó años en sanar. En España, las denuncias del caso Negreira evidenciaron la prescripción del ámbito federativo, obligando a trasladar la investigación a la justicia ordinaria ante la impotencia deportiva.
Este panorama confirma una tendencia inequívoca hacia la fiscalización a través de la ley común y los tribunales civiles. La aprobación en 2025 de un regulador independiente en el Reino Unido dotado de potestades legales representa el paso más firme hacia ese nuevo orden. La medida salió adelante desafiando las tradicionales advertencias sobre injerencia política formuladas desde la Fifa y la Uefa, dos instituciones que históricamente también han ejercido como juez y parte en sus respectivos torneos continentales.
La experiencia demuestra que ningún organismo puede arbitrar con garantías e imparcialidad un partido en el que se juegan sus propios intereses mercantiles. Cuando las instituciones intentan proteger su negocio aplazando los castigos a los clubes más poderosos, terminan dinamitando los cimientos de la equidad deportiva. Proteger el espectáculo a costa del cumplimiento estricto de las reglas básicas degenera en una indefensión total para los clubes que compiten con balances saneados.
La crisis del City personifica con crudeza la célebre advertencia atribuida a Maquiavelo: «Quien tolera el desorden para evitar la guerra tiene primero el desorden y después la guerra». El fútbol europeo miró hacia otro lado durante años ante el descontrol presupuestario para preservar el brillo de sus grandes estrellas y ahora afronta una fractura total entre sus participantes. La complacencia del pasado ha dejado al deporte rey frente a un escenario de litigios cruzados y descrédito público.
Para evitar que estos episodios se repitan de manera cíclica, la gobernanza del balompié internacional exige una reestructuración de raíz y una supervisión externa implacable. El caso del Manchester City no solo juzga las maniobras de un club hegemónico, sino la credibilidad de un sistema que permitió su crecimiento al margen de las normas. El futuro de la competición depende de construir mecanismos de control eficaces antes de que la desconfianza de los aficionados sea irreversible. @mundiario
