Europa se rinde al plan Meloni: cinco países replicarán sus centros de deportación

La externalización de las devoluciones de migrantes ha dejado de ser una propuesta marginal en Europa para convertirse en una de las vías que varios Gobiernos quieren explorar de forma coordinada. Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos han acordado en Copenhague avanzar hacia la creación de centros de retorno fuera de la Unión Europea, una fórmula que toma como referencia el experimento impulsado por Italia bajo el Gobierno de Giorgia Meloni.

El objetivo danés es especialmente ambicioso, los gobiernos esperan cerrar a comienzos de 2027 un acuerdo con un tercer país y comenzar a trasladar allí a personas sin derecho a permanecer en territorio comunitario antes de que termine ese mismo año. Los cinco Gobiernos, de tendencia conservadora, liberal y socialdemócrata, aseguran que ya existen conversaciones con posibles Estados socios, aunque por ahora no han revelado sus nombres.

El paso dado en Copenhague llega después de que las instituciones comunitarias hayan abierto la puerta legal a este tipo de centros. El nuevo sistema europeo de retornos contempla la posibilidad de establecer “return hubs” en terceros países mediante acuerdos que deben respetar el Derecho internacional, incluido el principio de no devolución (non-refoulement). La Comisión Europea defiende que el objetivo es aumentar la eficacia de unas devoluciones que actualmente siguen siendo limitadas.

El tabú ya no es, por tanto, si Europa puede plantearse jurídicamente esta fórmula, sino cómo se aplicaría en la práctica y qué garantías tendrían las personas trasladadas.

Los cinco países quieren avanzar precisamente en esa dirección. La reunión ministerial ha servido para fijar un modelo común y una hoja de ruta que permita intensificar las conversaciones con Estados de fuera de la UE. El siguiente paso será enviar misiones técnicas y concretar las condiciones jurídicas y operativas de los acuerdos. La iniciativa cuenta además con un respaldo transversal en el club comunitario. Alrededor de una veintena de Estados miembros ya han defendido que la UE estudie y financie centros de retorno en terceros países, con especial atención a posibles socios africanos.

El precedente de Meloni: Albania como laboratorio europeo

El Gobierno italiano fue uno de los primeros en convertir esta estrategia en una política concreta. El acuerdo con Albania permitió habilitar instalaciones para gestionar fuera del territorio italiano determinados procedimientos vinculados a migrantes interceptados en el Mediterráneo.

El modelo italiano ha servido de referencia para otros Gobiernos, pero también ha mostrado sus problemas. Su puesta en marcha ha estado acompañada de elevados costes, obstáculos judiciales y dificultades para trasladar y gestionar a los migrantes, lo que ha limitado sus resultados.

Pese a ello, la fórmula ha ganado terreno político. La lógica que comparten sus defensores versa que, si los Estados europeos carecen de capacidad para ejecutar las órdenes de retorno, trasladar parte del proceso a países terceros podría facilitar las expulsiones y reducir el incentivo para emprender rutas migratorias irregulares. La experiencia de Albania no ha disuadido a los cinco países reunidos en Copenhague. Al contrario, consideran que los problemas del primer ensayo pueden servir para diseñar acuerdos más sólidos.

Ceuta acelera el giro migratorio

El calendario también está marcado por el endurecimiento del debate migratorio en Europa. La crisis de Ceuta de este verano, con la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma española, reforzó la posición de los Gobiernos que reclaman una política de retornos más contundente.

Los gobiernos del canciller austriaco Christian Stocker (ÖVP) la primera ministra danesa Mette Frederiksen (Socialdemócratas), el canciller alemán Friedrich Merz (CDU), el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis (Nueva Democracia) y el primer ministro neerlandés Rob Jetten (D66) ya habían intensificado sus contactos sobre esta cuestión y ahora han decidido convertir esa coordinación política en un proyecto operativo. El ministro de Interior austriaco ha defendido incluso el objetivo de llevar la inmigración ilegal a cero.

Bruselas observa el proceso con una posición favorable, aunque prudente. El comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, ha respaldado la coordinación entre Estados miembros y ha señalado que el nuevo marco europeo proporciona la base jurídica para explorar “nuevas” soluciones en materia de retornos.

El límite: derechos fundamentales

La externalización también abre un importante frente jurídico. El Consejo de Europa ha advertido expresamente a los cinco Gobiernos de los riesgos que plantean los centros de deportación y ha reclamado garantías estrictas antes de ponerlos en marcha.

El comisario de Derechos Humanos, Michael O’Flaherty, ha pedido que cualquier proyecto vaya precedido de una evaluación exhaustiva de los riesgos para los derechos humanos, mecanismos independientes de supervisión y acuerdos jurídicamente vinculantes con cláusulas de protección. También reclama transparencia y mecanismos efectivos para suspender las operaciones si se producen vulneraciones.

El punto más delicado afecta a las personas especialmente vulnerables. El nuevo marco europeo contempla salvaguardias para los menores y mantiene el principio de que cada retorno debe estar sometido a una evaluación individual. La Comisión insiste en que los acuerdos con terceros países deben respetar el Derecho internacional y la prohibición de devolver a una persona a un lugar donde pueda sufrir persecución o daños graves. @mundiario