El Gobierno de Estados Unidos quiere recuperar una medida electoral que permanece bloqueada por orden judicial. Para ello, el Departamento de Justicia ha presentado una solicitud de emergencia ante el Tribunal Supremo, al margen de esperar a que otro tribunal federal resuelva primero el recurso planteado por la propia Administración.
La disputa se centra en una orden ejecutiva firmada por Trump en marzo. El texto pretende ampliar la intervención del Gobierno federal en determinados aspectos relacionados con las elecciones, pese a que la gestión electoral corresponde principalmente a los estados.
El punto más delicado afecta al Servicio Postal estadounidense (USPS). La Administración busca que este organismo pueda utilizar listas de votantes proporcionadas por los estados antes de distribuir determinadas papeletas por correo.
En la práctica, quienes no aparezcan en esos registros podrían quedar fuera del envío postal mientras se comprueba su situación electoral.
Los estados demócratas ya han acudido a los tribunales
La propuesta ha provocado una ofensiva legal. Veintitrés estados gobernados por demócratas, junto a organizaciones defensoras del derecho al voto, han llevado la orden ejecutiva ante los tribunales.
Los demandantes sostienen que la Casa Blanca no puede otorgar al Servicio Postal una función que termine condicionando quién recibe una papeleta. También cuestionan que el Gobierno federal pueda asumir competencias que tradicionalmente han estado en manos de las autoridades estatales.
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El 27 de agosto, una jueza federal de Massachusetts decidió mantener paralizada la aplicación de la medida mientras continúa el proceso judicial.
La Administración Trump recurrió esa decisión ante un tribunal federal de apelaciones. Sin embargo, el Departamento de Justicia ha optado ahora por acudir directamente al Supremo con una petición de emergencia.
El calendario electoral aumenta la presión
La decisión del Supremo tendrá especial relevancia por el momento en que llega. Las elecciones legislativas de noviembre determinarán la composición del Congreso y pueden modificar el equilibrio de poder en Washington.
Trump ha defendido durante años mayores restricciones sobre el voto por correo y ha relacionado este sistema con posibles irregularidades electorales. Sus críticos consideran que las nuevas reglas pueden generar obstáculos para ciudadanos que dependen de la votación postal.
El caso plantea además una cuestión más amplia sobre el reparto de competencias entre Washington y los estados. Si el Supremo permite aplicar la norma mientras continúa el litigio, el Gobierno podría avanzar en su política electoral antes de que exista una sentencia definitiva sobre el fondo del conflicto.
Por ahora, la última palabra corresponde al máximo tribunal de Estados Unidos. Su decisión determinará si la Administración puede poner en marcha estas restricciones antes de las legislativas o si la medida seguirá bloqueada durante la campaña electoral. @mundiario
