La cuestión de qué ocurrirá con la población palestina de Gaza vuelve a situarse en el centro de la disputa diplomática de Oriente Próximo. Ocho países de mayoría musulmana han condenado las declaraciones de los ministros israelíes Israel Katz e Itamar Ben Gvir sobre el desplazamiento de palestinos del enclave y han advertido de que transformar esas ideas en medidas concretas podría comprometer los esfuerzos internacionales para consolidar la paz.
El comunicado conjunto de Arabia Saudí, Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán e Indonesia no es una declaración meramente retórica. Entre sus firmantes figuran algunos de los principales actores árabes implicados en cualquier eventual arreglo para Gaza, además de Turquía, Pakistán e Indonesia. Todos coinciden en rechazar cualquier iniciativa destinada a alterar la composición demográfica o territorial del enclave.
La controversia, sin embargo, tiene un elemento especialmente relevante: Estados Unidos sostiene que no existe un plan para expulsar por la fuerza a los palestinos de Gaza, mientras miembros destacados del Gobierno de Benjamín Netanyahu han hablado públicamente de mecanismos para facilitar una salida masiva de la población.
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó esta semana que Israel dispone de planes para facilitar la emigración de palestinos desde Gaza y sostuvo que no existe una solución duradera para el territorio sin contemplar esa posibilidad. Según sus declaraciones, Israel estaría preparado para facilitar las salidas por tierra, mar o aire, aunque la propuesta necesitaría de otros países dispuestos a recibir a los palestinos.
Un día después, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, presentó un proyecto mucho más concreto. Su iniciativa, que él denomina de “emigración voluntaria”, contempla la salida de unos 250.000 palestinos durante el primer año y del resto de la población de Gaza durante los seis siguientes. El planteamiento se vincula además al escenario político israelí de las elecciones generales previstas para el 27 de octubre.
Ahí aparece una de las principales dificultades del debate: la diferencia entre emigración voluntaria y desplazamiento forzoso. Ben Gvir presenta su propuesta como una salida voluntaria, mientras los países firmantes del comunicado consideran que cualquier mecanismo diseñado para sacar masivamente a los palestinos de su territorio supone un intento de expulsión.
En un territorio devastado por la guerra, con enormes desplazamientos internos y unas condiciones de vida extremadamente deterioradas, la discusión sobre hasta qué punto una salida puede considerarse verdaderamente voluntaria adquiere una dimensión política y jurídica central.
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La respuesta de los ocho países musulmanes
Los ministros de Exteriores de los ocho países condenaron “con fuerza” las declaraciones de Katz y Ben Gvir y rechazaron cualquier intento de desplazar a los palestinos, tanto dentro como fuera del territorio ocupado.
El comunicado sostiene que esas propuestas constituyen una violación de los principios del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, además de una amenaza directa contra los derechos palestinos. Los gobiernos firmantes advierten también de las “graves consecuencias” que tendría convertir los llamamientos al desplazamiento en una política oficial o en medidas prácticas.
La composición del grupo resulta significativa. Egipto y Jordania son países fronterizos y llevan décadas ocupando una posición central en las negociaciones árabe-israelíes. Arabia Saudí mantiene una influencia decisiva en el mundo árabe y ha defendido la creación de un Estado palestino. Catar ha desempeñado un papel relevante en las negociaciones relacionadas con Gaza. Emiratos Árabes Unidos, por su parte, mantiene relaciones diplomáticas con Israel desde los Acuerdos de Abraham.
La coincidencia entre todos ellos demuestra que la propuesta de desplazamiento no es aceptable para los principales gobiernos árabes implicados en la arquitectura regional, independientemente de sus diferencias sobre Hamás, Israel o la futura administración de Gaza.
El segundo elemento de la declaración es incluso más relevante desde el punto de vista diplomático: los ocho países sostienen que una política de desplazamiento contradiría directamente el plan de paz impulsado por Donald Trump. El documento estadounidense presentado en septiembre de 2025 establece expresamente que nadie será obligado a abandonar Gaza y que quienes quieran salir podrán hacerlo y regresar. El plan contempla además la reconstrucción del territorio, una administración palestina tecnocrática, la desmilitarización de Gaza y una retirada progresiva de las fuerzas israelíes bajo determinadas condiciones.
Ese punto convierte las declaraciones de Katz y Ben Gvir en un problema que trasciende la relación entre Israel y los palestinos. Si una parte del Gobierno israelí plantea una política incompatible con uno de los principios expresamente recogidos en la hoja de ruta estadounidense, aparece una contradicción dentro del propio campo que debería ejecutar el proceso de paz.
La cuestión es todavía más delicada porque el plan de Trump no es únicamente una propuesta política abandonada en un cajón. La Casa Blanca ha presentado durante 2026 distintas fases de su aplicación y Naciones Unidas aprobó la resolución 2803, vinculada a la arquitectura internacional planteada para Gaza.
Washington intenta marcar distancias
La respuesta de Washington ha llegado formalmente a través de su embajador en Israel, Mike Huckabee. Durante una rueda de prensa este sábado en la localidad cisjordana de Turmus Ayya, el diplomático afirmó categóricamente que «no existe un plan de los israelíes para desplazar a la gente de Gaza en contra de su voluntad», aclarando que ni Estados Unidos ni el Ejecutivo de Netanyahu respaldan una expulsión forzosa.
La declaración introduce una línea roja respecto a las propuestas de la coalición gubernamental: mientras el ministro de Defensa, Israel Katz, y el titular de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, defienden una «emigración voluntaria» masiva —con un plan específico de Ben Gvir para evacuar a 250.000 palestinos el primer año—, la Casa Blanca insiste en que nadie será obligado a abandonar el territorio. Esta contradicción interna evidencia la profunda fractura ideológica que divide al gabinete de ministros de Israel de cara al futuro posguerra de la Franja.
Ese es precisamente el punto que preocupa a los países árabes: que una idea inicialmente defendida por sectores concretos de la coalición termine convirtiéndose en una política oficial.
El calendario político añade otra variable. Israel se encamina hacia unas elecciones generales previstas para el 27 de octubre, y Ben Gvir ha vinculado su iniciativa a la continuidad de la actual coalición. La cuestión de Gaza forma parte, por tanto, del debate electoral israelí y no únicamente de la negociación diplomática internacional.
Para Benjamín Netanyahu, el desafío político inmediato consiste en gestionar un delicado equilibrio que amenaza la supervivencia de su coalición antes de las elecciones de octubre. Por un lado, la Casa Blanca presiona para que Israel acepte la hoja de ruta de la Junta de Paz, un plan de 15 puntos que prohíbe el desplazamiento forzoso y exige un repliegue militar recíproco. Por otro lado, los sectores ultraconservadores de su propio ejecutivo lideran una contraestrategia radical: el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, reclama la ocupación e indefensión total de la Franja, mientras que el ministro de Defensa, Israel Katz, insiste públicamente en la necesidad de forzar una «migración masiva» por tierra y mar, dinamitando el consenso diplomático internacional. @mundiario
