La histórica fricción entre Washington y La Haya ha derivado en una guerra abierta. Dispuesto a pulverizar el margen de maniobra del Tribunal Penal Internacional (TPI), el gobierno de Donald Trump activó una ofensiva sin precedentes diseñada para desarmar el blindaje legal del tribunal y garantizar la impunidad total de sus ciudadanos. La consigna de la Casa Blanca es blindar por completo a sus tropas, espías y altos cargos, cerrando cualquier resquicio legal que permita a la justicia internacional sentar a un estadounidense en el banquillo de los acusados.
El anuncio realizado por el secretario de Estado, Marco Rubio, confirma que Washington ya no pretende únicamente cuestionar la jurisdicción del TPI, sino reducir su influencia diplomática e institucional mediante sanciones, presión internacional y un aislamiento político coordinado.
Rubio presentó la iniciativa como una cuestión de defensa de la soberanía estadounidense. En su comunicado fue tajante: «El TPI representa una amenaza intolerable para la soberanía estadounidense: se arroga la autoridad para procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios estadounidenses que actúan en defensa del interés nacional de Estados Unidos».
La campaña contempla un amplio abanico de medidas. Entre ellas figuran nuevas sanciones económicas contra responsables del tribunal, prohibiciones de viaje, revocación de visados, restricciones a organizaciones vinculadas a la Corte y una intensa presión diplomática sobre gobiernos aliados para que abandonen el Estatuto de Roma o rechacen expresamente cualquier intento del TPI de ejercer jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses.
Según responsables del Departamento de Estado, Washington también incrementará el escrutinio sobre aquellos países que reciben apoyo militar o de seguridad estadounidense pero continúan respaldando la autoridad de la Corte.
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¿Por qué Estados Unidos ataca al TPI?
Aunque el actual enfrentamiento se produce bajo la presidencia de Trump, la desconfianza estadounidense hacia la Corte Penal Internacional no es nueva, ya que Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma —el tratado que dio origen al TPI— precisamente porque sucesivas administraciones consideraron que el tribunal podía interferir en su soberanía nacional y en la actuación internacional de sus Fuerzas Armadas.
El principio defendido por Washington es claro: los militares y funcionarios estadounidenses deben responder únicamente ante el sistema judicial de Estados Unidos, no ante un tribunal internacional.
La embestida de Trump contra La Haya viene de lejos. Tras un primer mandato de abierta confrontación, la venganza contra el tribunal terminó de fraguarse en noviembre de 2024. Su reelección coincidió con el peor escenario para Washington: la Corte dictó una orden de arresto internacional contra Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel y principal aliado estadounidense. Aquel desafío judicial encendió las alarmas en el equipo de Trump, activando de inmediato un plan de represalias financieras y veto de visados para asfixiar a los magistrados del tribunal.
En marzo de 2020, la Fiscalía del tribunal abrió una investigación en Afganistán que incluía indicios de posibles crímenes por parte de las tropas estadounidenses. Sin embargo, desde 2021 ha dejado en un segundo plano el papel de EE UU y se ha centrado en los presuntos crímenes cometidos por el Gobierno afgano y las fuerzas talibanes.
El secretario de Estado afirmó que se está instando a las naciones que colaboran con las fuerzas de seguridad estadounidenses, albergan presencia militar estadounidense o se benefician de su paraguas de seguridad general a «rechazar la supuesta autoridad de la TPI para procesar a funcionarios y militares estadounidenses».
Para la Administración Trump, ambos episodios demostraron que la Corte estaba ampliando progresivamente el alcance de sus competencias; ante esto, el secretario de Estado, Marco Rubio, endureció el discurso en un artículo publicado en The Wall Street Journal, donde definió a la institución como «un árbitro global sin rendición de cuentas» y aseguró: «Utilizando todos los recursos a disposición de nuestro gobierno, trabajando codo a codo con cada aliado con quien podamos unir fuerzas, desmantelaremos el TPI, paso a paso, si es necesario».
En otra de las frases más contundentes de su ofensiva política afirmó: «Si nos quedamos de brazos cruzados, todos estaremos a merced de jueces extranjeros situados a miles de kilómetros de aquí, expuestos al riesgo constante de ser procesados, e incluso encarcelados, por el supuesto crimen de haber defendido su propio país». Este lenguaje refleja un cambio de estrategia: ya no se trata únicamente de rechazar la competencia del tribunal, sino de intentar reducir activamente su legitimidad internacional.
La presión sobre los aliados
El Departamento de Estado pretende convencer a países socios —especialmente aquellos que mantienen estrechas relaciones militares con Washington o dependen de su paraguas de seguridad— para que cuestionen públicamente la autoridad del TPI respecto a ciudadanos estadounidenses.
El aviso de Washington es un ultimátum: cualquier gobierno aliado que siga financiando o respaldando a La Haya mientras cobra cheques de asistencia estadounidense entrará directo en la lista negra de la Casa Blanca. No estamos ante un simple choque de tecnicismos legales; Donald Trump busca forzar una fractura global y coordinar un bloque internacional de contención que mutile definitivamente el alcance de la justicia transnacional.
La controversia refleja dos concepciones muy distintas del derecho internacional, ya que, mientras el Tribunal Penal Internacional sostiene que puede actuar cuando un Estado no investiga o no quiere investigar presuntos crímenes de guerra, genocidio o delitos contra la humanidad, Estados Unidos considera, por el contrario, que ese principio no puede aplicarse a un país que nunca aceptó la jurisdicción de la Corte y dispone de un sistema judicial propio plenamente operativo.
Ese desacuerdo lleva más de dos décadas presente, aunque la actual Administración ha decidido convertirlo en uno de los ejes centrales de su política exterior.
La controversia refleja dos concepciones muy distintas del derecho internacional, ya que, mientras el TPI sostiene que puede actuar cuando un Estado no investiga o no quiere investigar presuntos crímenes de guerra, genocidio o delitos contra la humanidad, Estados Unidos considera, por el contrario, que ese principio no puede aplicarse a un país que nunca aceptó la jurisdicción de la Corte y dispone de un sistema judicial propio plenamente operativo.
Al mismo tiempo, una mayor presión estadounidense puede reforzar la división existente entre los países que defienden un sistema internacional de justicia penal con competencias amplias y aquellos que consideran que dichas competencias invaden la soberanía de los Estados.
Este zarpazo diplomático agarra a La Haya en su momento de mayor vulnerabilidad. El tribunal opera bajo máxima presión, con investigaciones abiertas en los polvorines más calientes del planeta, mientras su cúpula judicial ya sufre en carne propia el castigo de Washington: una grave crisis de legitimidad y presión política debido a las fuertes represalias y sanciones económicas aplicadas por Washington contra sus altos funcionarios, una situación de tensión institucional histórica que debilita la capacidad de la institución para avanzar de forma independiente en investigaciones de crímenes de guerra. @mundiario
