Israel convoca elecciones tras una ofensiva legislativa de Netanyahu para amarrar a sus socios

Israel entra de nuevo en campaña electoral, pero esta vez lo hace tras una de las ofensivas legislativas más intensas y controvertidas de los últimos años. La disolución de la Knéset, aprobada durante la madrugada de este viernes, pone fin a una legislatura marcada por la guerra, la polarización política y un profundo enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Antes de cerrar definitivamente sus puertas, el Parlamento dejó aprobadas varias reformas impulsadas por la coalición de Benjamín Netanyahu que refuerzan el poder del Gobierno y buscan asegurar la cohesión entre sus socios de cara a las elecciones del 27 de octubre.

La estrategia del primer ministro responde al interés de garantizar la continuidad del bloque formado por el Likud, los partidos ultraortodoxos y la extrema derecha nacionalista y llegar a las urnas con los compromisos adquiridos con sus aliados ya convertidos en ley, cuando el grueso de las encuestas perfila a la oposición israelí al borde de la mayoría absoluta, sin necesidad de aliarse con las formaciones árabes.

El cierre del mandato no ha supuesto una tregua política, sino todo lo contrario. Durante los últimos días, la mayoría gubernamental aceleró la aprobación de un amplio paquete legislativo que modifica algunos de los principales contrapesos institucionales del sistema israelí.

La reforma más polémica afecta al cargo de fiscal general, una de las escasas figuras con capacidad para limitar las decisiones del Ejecutivo. La nueva legislación permite a los ministros ignorar los dictámenes jurídicos de la Fiscalía, hasta ahora de obligado cumplimiento, y facilita el nombramiento y eventual destitución del fiscal general.

La actual fiscal general, Gali Baharav-Miara, mantiene desde hace meses un duro enfrentamiento con el Gobierno y había bloqueado diversos intentos de Netanyahu de cesarla. Sus detractores consideran que la reforma forma parte del amplio proceso de transformación judicial iniciado por el Ejecutivo en 2023 para reducir el peso del Tribunal Supremo y aumentar el control político sobre las instituciones. Desde el Gobierno, sin embargo, defienden que la reforma fortalece la democracia al devolver la autoridad a representantes elegidos por los ciudadanos.

Netanyahu consolida la alianza con los ultraortodoxos

La otra gran reforma aprobada antes de la disolución del Parlamento afecta al ecosistema de medios audiovisuales. La nueva ley elimina el actual organismo regulador independiente y lo sustituye por un consejo cuyos miembros serán designados mayoritariamente por el ministro de Comunicación, Shlomo Karhi.

Además, modifica el reparto de la publicidad institucional y reduce obligaciones económicas que afectaban a algunos operadores privados, entre ellos el Canal 14, considerado próximo al Gobierno. Las organizaciones críticas con la norma sostienen que abre la puerta a una mayor influencia política sobre el funcionamiento de los medios de comunicación Karhi celebró la aprobación de lo que definió como “una reforma derechista de los medios” y aseguró que el Supremo carece de autoridad para anular las leyes aprobadas por el Parlamento.

La ofensiva legislativa también ha servido para satisfacer una de las principales reivindicaciones de los partidos ultraortodoxos, socios imprescindibles para la supervivencia política del primer ministro. La Knéset aprobó varias medidas destinadas a proteger las exenciones del servicio militar para miles de jóvenes dedicados al estudio religioso.

Se trata de una cuestión especialmente sensible en plena prolongación del conflicto en Gaza y en otros frentes abiertos por Israel. Mientras las Fuerzas de Defensa (FDI) aseguran necesitar miles de nuevos efectivos, decenas de miles de jóvenes ultraortodoxos siguen exentos del servicio obligatorio. El propio jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, calificó públicamente la legislación de “inconcebible” e incompatible con las necesidades actuales del Ejército. Pese a las críticas, el Gobierno sacó adelante la iniciativa gracias al respaldo de sus socios religiosos, que a cambio apoyaron otras reformas promovidas por Netanyahu.

Una nueva campaña para el político que más tiempo ha gobernado Israel

Las próximas elecciones serán las primeras desde el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023 y desde el inicio de las posteriores campañas militares en Gaza, el Líbano e Irán. También llegarán en un contexto de creciente presión internacional sobre Israel. Las operaciones militares han deteriorado significativamente la imagen exterior del país y han dado lugar a procedimientos abiertos en instancias internacionales por posibles vulneraciones del derecho internacional humanitario.

En el ámbito interno, Netanyahu continúa afrontando además los procesos judiciales por corrupción que pesan sobre él desde hace años. Precisamente por ello, sus adversarios consideran que parte de las reformas aprobadas persiguen debilitar los mecanismos institucionales capaces de supervisar la actuación del Gobierno.

Con la disolución de la Knéset comienza la duodécima campaña electoral de Netanyahu. El dirigente del Likud ha ocupado el cargo de primer ministro durante 19 de los 78 años de existencia del Estado de Israel y aspira ahora a reeditar una coalición que ha logrado completar una legislatura completa, algo inédito desde finales de los años ochenta.

Sin embargo, los primeros sondeos no resultan especialmente favorables para el bloque gubernamental. Diversas encuestas apuntan a que la oposición podría reunir una mayoría parlamentaria sin necesidad de apoyarse en los partidos árabes, mientras la actual coalición se situaría claramente por debajo de los 61 diputados necesarios para conservar el poder. @mundiario