Días después de su dimisión, la fiscalía general venezolana abrió una investigación contra Ramírez por presuntos delitos de corrupción. Los tribunales venezolanos imputan a Ramírez, entre otros presuntos delitos, ‘peculado doloso’ (hurto de caudales públicos) y asociación para delinquir, durante su gestión como representante legal de la Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima (PDVSA).
Venezuela pidió a Italia su extradición en noviembre del 2020. Según los abogados de Rafael Ramírez, el régimen de Maduro se basó en «falsas acusaciones de apropiación indebida».
Las relaciones entre Italia y Venezuela están reguladas por un tratado de extradición aprobado en 1931. En el documento del fiscal del tribunal de apelación de Roma se especifica que «no existen elementos para creer que el proceso penal pendiente ante la autoridad judicial de Venezuela sea el resultado de una actividad persecutoria determinada por motivos políticos». «Tampoco existen elementos -añade la fiscalía de Roma- para creer que el procedimiento al que sería sometido en su país de origen no respetará los derechos fundamentales del imputado».
No lo entienden así los abogados de Ramírez, que temen ahora por su libertad. Inicialmente, Italia no dio curso a la extradición. Pero, según los abogados del opositor venezolano, «en las últimas semanas, presiones políticas internas e internacionales están poniendo en riesgo la libertad y la vida de quien está considerado por la mayoría de los observadores políticos internacionales como el más autorizado e importante opositor ‘Chavista’ a la dictadura de Maduro», destaca la nota de los abogados de Ramírez.
