La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha decidido endurecer la respuesta del Estado frente a la violencia juvenil con un nuevo paquete de medidas que amplía las posibilidades de actuación policial sobre los menores. El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto de seguridad que permite aplicar la detención preventiva a jóvenes menores de 18 años y refuerza la responsabilidad penal de los adolescentes a partir de los 14 años.
La iniciativa supone un nuevo giro en la política de seguridad del Ejecutivo italiano y llega después de varios días de disturbios, enfrentamientos con las fuerzas del orden y saqueos en Milán y otras ciudades del país. El Gobierno sostiene que es necesario actuar con mayor contundencia para evitar nuevos episodios de violencia y frenar la participación de menores en altercados públicos.
Entre las medidas más destacadas figura la posibilidad de trasladar a comisaría y retener durante un periodo limitado a menores cuando existan indicios de que pueden representar un peligro para la seguridad. El decreto también introduce un nuevo delito relacionado con la participación violenta en manifestaciones, endurece las consecuencias económicas de los daños materiales y contempla sanciones para los progenitores cuando sus hijos menores causen destrozos.
Meloni ha defendido la reforma como una respuesta a unos acontecimientos que considera incompatibles con el mantenimiento del orden público. La aprobación del decreto permite que las medidas entren en vigor de inmediato, aunque el texto deberá superar el procedimiento parlamentario previsto para su conversión en ley.
Detenciones preventivas de menores antes de posibles altercados
Una de las novedades más controvertidas es la extensión a los menores de la figura de la detención preventiva, que hasta ahora se aplicaba a adultos en determinados supuestos. La nueva regulación permite a las fuerzas de seguridad trasladar a comisaría y retener hasta 12 horas a jóvenes cuando concurran las condiciones de riesgo previstas en la norma.
El objetivo declarado por el Ejecutivo es impedir que se cometan delitos en concentraciones multitudinarias, manifestaciones o zonas donde puedan producirse enfrentamientos. La medida no equivale a una autorización para detener indiscriminadamente a cualquier adolescente: su aplicación debe ajustarse a los presupuestos legales establecidos y a las circunstancias concretas de cada intervención.
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El Gobierno considera que las herramientas existentes resultaban insuficientes ante determinados episodios de violencia juvenil. Sus críticos, en cambio, advierten de que una ampliación de las facultades policiales puede generar actuaciones desproporcionadas si no se aplican criterios estrictos y mecanismos efectivos de supervisión.
El decreto también incorpora cambios en el tratamiento penal de los adolescentes. La nueva regulación establece una presunción de imputabilidad para los jóvenes de entre 14 y 18 años, de modo que se presume que pueden comprender sus actos, salvo que se demuestre lo contrario.
La medida pretende evitar que la edad se convierta, por sí sola, en un obstáculo para exigir responsabilidades cuando se cometen delitos graves. El Ejecutivo la presenta como una herramienta para combatir la delincuencia juvenil y las actuaciones violentas protagonizadas por grupos de adolescentes.
No obstante, la reforma no significa que los menores de 14 años pasen a ser penalmente responsables ni que todos los adolescentes reciban automáticamente el mismo tratamiento que un adulto. La responsabilidad, las sanciones y el procedimiento aplicable deben interpretarse conforme a la legislación penal y juvenil italiana.
El endurecimiento de las normas se suma a otras iniciativas impulsadas por el Gobierno de Meloni desde su llegada al poder, orientadas a ampliar las facultades de las fuerzas de seguridad y elevar las consecuencias legales de determinadas conductas delictivas.
Otra de las novedades del decreto es la creación de un delito específico de participación violenta en manifestaciones. La norma contempla penas de hasta cinco años de prisión y multas que pueden alcanzar los 20.000 euros cuando una persona participa, dentro de un grupo de cinco o más individuos, en acciones violentas que pongan en peligro la seguridad de los demás.
El Ejecutivo pretende diferenciar las protestas pacíficas de los actos que derivan en agresiones, saqueos o daños materiales. Meloni ha insistido en que el descontento social no puede servir de justificación para la violencia y ha defendido que las autoridades deben disponer de instrumentos eficaces para perseguir a quienes participan en este tipo de actuaciones.
Los padres también podrán tener que pagar los daños causados por sus hijos
El paquete de seguridad incorpora asimismo medidas para reforzar las consecuencias económicas de los destrozos cometidos por menores. El Gobierno italiano defiende el principio de que quienes provocan daños deben asumir sus consecuencias y que las familias pueden tener que responder económicamente cuando sus hijos sean responsables de actos que ocasionen perjuicios a terceros.
La medida busca que las consecuencias de los saqueos y del vandalismo no recaigan exclusivamente sobre los propietarios de los establecimientos afectados o sobre las administraciones públicas. Entre los daños que podrían dar lugar a reclamaciones figuran los desperfectos en escaparates, vehículos, mobiliario urbano y otros bienes.
La primera ministra ha resumido este planteamiento con un mensaje contundente: quien causa daños debe pagarlos y, cuando se trata de un menor, sus padres pueden verse obligados a asumir esa responsabilidad en los términos previstos por la ley.
El alcance concreto de las obligaciones dependerá de las circunstancias de cada caso y de los procedimientos legales aplicables. La responsabilidad económica no debe confundirse con la responsabilidad penal del menor, que constituye una cuestión distinta.
La aprobación del decreto se produce después de los graves incidentes registrados durante el fin de semana en Milán. Los enfrentamientos, los saqueos y los daños a establecimientos comerciales llevaron al Ejecutivo a preparar una respuesta más contundente y a reforzar la presencia policial en las zonas afectadas.
La crisis de seguridad ha tenido también consecuencias para la actividad comercial. Algunos establecimientos de lujo del centro de Milán cerraron temporalmente o protegieron sus escaparates ante el temor a nuevos episodios de violencia.
Como parte de la respuesta, el Gobierno ha anunciado el despliegue de otros 500 militares en la ciudad hasta finales de año, que colaborarán con la policía y los carabinieri en las tareas de seguridad. La medida se suma a las actuaciones destinadas a reforzar la justicia juvenil y ampliar los recursos disponibles para gestionar los casos que afectan a menores.
Meloni sostiene que el Estado debe responder con firmeza ante los saqueos y las agresiones, independientemente de la edad de quienes los cometan. Para su Gobierno, la prioridad es impedir que se repitan escenas de violencia y garantizar la protección de los ciudadanos y de sus bienes. @mundiario
