Inicio Artículos LA SENTENCIA QUE ESPERA SER CUMPLIDA POR EL MINISTERIO DE TURISMO EN...
HISPANA MULTIMEDIOS.
En un Estado democrático y de derecho, las decisiones de los tribunales no son simples recomendaciones ni sugerencias administrativas. Son mandatos legales que deben ser respetados y ejecutados por todos, incluyendo las instituciones públicas.
Por ello, resulta preocupante que, según denuncian los afectados, desde el pasado mes de febrero el Ministerio de Turismo haya sido formalmente notificado de una sentencia relacionada con unos terrenos propiedad de la familia Mañón, ubicados frente al mar en provincia Peravia, sin que hasta la fecha se haya producido el cumplimiento efectivo de lo ordenado por la justicia.
La situación ha generado inquietud y malestar, no solo entre los propietarios de dichos terrenos, sino también entre diversos sectores que observan con preocupación lo que consideran una prolongada negativa a ejecutar una decisión judicial definitiva. La pregunta que surge es sencilla: ¿por qué una institución del Estado no ha cumplido una orden emanada de un tribunal competente?
La familia Mañón sostiene que los terrenos permanecen retenidos de manera ilegal por parte de la institución estatal, situación que, de ser cierta, constituiría una vulneración de derechos fundamentales protegidos por la Constitución de la República Dominicana, entre ellos el derecho de propiedad y la tutela judicial efectiva.
Cuando un ciudadano obtiene una sentencia favorable después de agotar los procedimientos legales correspondientes, espera que el fallo sea respetado. De lo contrario, se envía un mensaje peligroso a la sociedad: que algunos organismos pueden colocarse por encima de la ley y de las decisiones de los jueces.
El silencio absoluto que ha rodeado este caso merece una explicación pública. Los ciudadanos tienen derecho a conocer las razones por las cuales una sentencia aún no ha sido ejecutada. La transparencia es una obligación de las instituciones y una garantía para la confianza pública.
Asimismo, resulta legítimo preguntar quiénes son los responsables de mantener paralizado el cumplimiento de esta decisión judicial. ¿Se trata de una demora administrativa? ¿Existen intereses particulares detrás de la negativa? ¿Qué razones justifican que una familia tenga que seguir esperando por el reconocimiento de derechos que, según se afirma, ya fueron validados por los tribunales?
La República Dominicana ha avanzado significativamente en el fortalecimiento de sus instituciones democráticas. Sin embargo, esos avances solo tienen valor cuando las leyes se aplican por igual a todos. El respeto a las sentencias judiciales constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático moderno.
Por esta razón, diversos sectores entienden que el Ministerio de Turismo debe proceder de manera inmediata a cumplir con la decisión emitida por los tribunales, siempre que no exista ninguna disposición legal posterior que suspenda o modifique sus efectos. El cumplimiento de la ley no puede quedar sujeto a conveniencias políticas ni a intereses particulares.
Igualmente, hacemos un llamado al presidente de la República para que, en su condición de garante del funcionamiento institucional del Estado, promueva el respeto irrestricto a las decisiones judiciales y a los derechos de los ciudadanos. La fortaleza de un gobierno democrático se mide también por su capacidad de garantizar que las instituciones actúen dentro del marco de la ley.
La opinión pública espera respuestas. La familia Mañón espera justicia. Y el país espera que las sentencias emitidas por los tribunales sean respetadas y ejecutadas sin más demoras.
Porque cuando una sentencia no se cumple, no solo se afecta a una familia; se pone a prueba la credibilidad del Estado de derecho y la confianza de todos los dominicanos en sus instituciones.
