La UE debate enviar una flota al mar Negro: la seguridad de los mercantes, en juego

El mar Negro se ha convertido en uno de los puntos más sensibles de la guerra de Ucrania. La sucesión de ataques con drones contra buques comerciales, algunos de ellos a escasa distancia de las costas de Rumanía y Bulgaria, ha llevado al Parlamento Europeo a pedir que la Unión Europea estudie el despliegue de una misión naval en la región. La propuesta busca reforzar la seguridad de la navegación civil, mejorar la vigilancia y reducir el riesgo de que nuevos incidentes afecten directamente a países miembros de la OTAN.

La iniciativa llega después de una cadena de ataques que ha provocado víctimas mortales, desapariciones y daños graves en embarcaciones que transportaban cereales, petróleo y productos químicos. El episodio más reciente descrito en los informes es el del petrolero Wine Trader, alcanzado por varios drones cerca de Sulina, en la desembocadura del Danubio. Cinco tripulantes fueron rescatados, mientras que otros siete permanecían desaparecidos después de que las explosiones provocaran un incendio y dañaran gravemente el buque.

El mar Negro es una vía fundamental para las exportaciones agrícolas de Ucrania y un corredor importante para el transporte regional de materias primas. Si los ataques obligan a las navieras a modificar sus rutas o encarecen los seguros, las consecuencias pueden extenderse al comercio, los precios de los alimentos y la economía de los países que dependen de esas exportaciones.

La resolución aprobada por la Eurocámara pide a los Estados miembros que consideren una operación naval de la UE y reclama una mayor implicación de la OTAN, proponiendo además reforzar la cooperación entre Rumanía, Bulgaria y Turquía por su posición estratégica en la seguridad marítima del mar Negro. Aunque esta iniciativa representa una petición política para que los Veintisiete estudien una respuesta europea más coordinada, no significa por sí sola que la Unión haya aprobado el despliegue de una flota, establecido sus reglas de actuación o fijado una fecha para la misión. Todos estos aspectos técnicos y operativos requerirán, obligatoriamente, de decisiones posteriores y acuerdos firmes entre los gobiernos implicados.

Una operación de este tipo podría contemplar diferentes funciones, según el mandato que finalmente se aprobara: vigilancia marítima, intercambio de información, seguimiento de amenazas, coordinación de las respuestas ante incidentes y apoyo a la protección de las rutas comerciales. También podría contribuir a mejorar la capacidad de detectar drones y otras amenazas que se aproximen a los buques civiles o a las aguas de los Estados miembros.

Sin embargo, la diferencia entre vigilar una zona y escoltar permanentemente a los mercantes es importante. La primera tarea permite identificar movimientos sospechosos y compartir información entre países; la segunda exige más medios, una presencia continuada y reglas claras sobre las circunstancias en las que las fuerzas desplegadas podrían intervenir. La resolución parlamentaria no equivale a una garantía de escolta militar para cada barco que atraviese el mar Negro.

Además, el marco operativo sería determinante. Una misión centrada en la vigilancia y la protección de la navegación tendría implicaciones distintas de otra autorizada para interceptar drones o responder militarmente a los ataques. La definición del mandato, la coordinación con la OTAN y la relación con las fuerzas navales de los países ribereños serían cuestiones centrales antes de cualquier despliegue.

Siete buques afectados en diez días elevan la alarma en Europa

La propuesta europea responde a una sucesión de incidentes que ha deteriorado la percepción de seguridad en las rutas comerciales. A comienzos de octubre, el carguero Royad Mammadov, de bandera turca y cargado de maíz, se incendió tras un ataque con drones y terminó hundiéndose frente a Rumanía. Dos de sus trece tripulantes murieron.

Al día siguiente, los buques Able y Alfa Watan fueron atacados frente a Bulgaria. La tripulación del primero sobrevivió, mientras que diez marineros del segundo continuaban desaparecidos según el balance incluido en la información facilitada. En los días posteriores, el HS Dignity se hundió con once tripulantes desaparecidos, mientras que los quince ocupantes del Chelsea 3 fueron evacuados. También se registró un ataque contra el petrolero Yara J, del que toda la tripulación salió ilesa.

El ataque contra el Wine Trader ha añadido otra emergencia a una secuencia que afecta tanto a buques de carga como a petroleros. El balance provisional recogido en las informaciones habla de dos marineros muertos y decenas de desaparecidos, aunque las cifras pueden variar conforme avanzan las operaciones de búsqueda y se actualiza la información de cada incidente.

La repetición de ataques en una zona relativamente próxima a las costas de dos países de la UE ha aumentado el temor a que la guerra se extienda, de forma indirecta o accidental, hacia territorio aliado. El problema no consiste únicamente en el hundimiento de barcos: los incidentes también pueden obligar a las navieras a reconsiderar las rutas, elevar los costes de transporte y reducir la actividad en los puertos regionales.

La resolución del Parlamento Europeo atribuye a Rusia la responsabilidad principal del deterioro de la seguridad marítima y presenta los ataques contra la navegación civil como parte de una escalada. No obstante, las autoridades rumanas y búlgaras han mantenido una posición más cautelosa al señalar que, en algunos incidentes, no disponen de pruebas materiales concluyentes para atribuir la autoría de manera definitiva.

La escalada también se desarrolla en un contexto de represalias relacionadas con la guerra. Rusia ha intensificado sus ataques contra infraestructuras y exportaciones ucranianas, mientras Ucrania ha ampliado sus operaciones contra objetivos vinculados a la capacidad militar y económica rusa, incluidos petroleros de la llamada flota en la sombra. Algunos analistas consideran que los ataques contra cargamentos agrícolas buscan dificultar las exportaciones de Ucrania y aumentar la presión económica sobre Kiev.

La Comisión Europea también ha expresado su preocupación por los ataques contra buques comerciales y sus tripulaciones. El principio de protección de la navegación civil ocupa un lugar central en el debate, al igual que las obligaciones del derecho internacional humanitario y del derecho del mar. La legalidad de cada ataque depende de sus circunstancias concretas, incluidos el objetivo, la información disponible y los daños previsibles para la población civil.

La respuesta aliada ya ha comenzado con el refuerzo de las capacidades de detección y seguimiento. La OTAN anunció el despliegue de aviones de patrulla marítima, radares, drones y equipos de inteligencia para mejorar la vigilancia y la coordinación entre los aliados. Francia envió un avión de reconocimiento marítimo a Rumanía, mientras Estados Unidos desplegó un avión P-8A Poseidon que comenzó a operar desde Bulgaria para vigilar el tráfico marítimo.

Estas medidas pretenden mejorar la capacidad de identificar amenazas y compartir información antes de que se produzcan nuevos incidentes. Sin embargo, no equivalen a una escolta militar permanente de los buques mercantes ni eliminan el riesgo de que un dron alcance una embarcación en alta mar.

La velocidad de algunos aparatos añade otra dificultad. Las autoridades rumanas han informado de drones que penetraron en su espacio aéreo y que, según las primeras comprobaciones, podrían corresponder al modelo ruso Geran-4, aunque la identificación técnica debía confirmarse. Cuanto mayor es la velocidad de un objetivo, menor puede ser el margen disponible para detectarlo, determinar su trayectoria y decidir si debe ser interceptado.

El riesgo económico: cereales, seguros y comercio internacional

La amenaza, además, no se limita al espacio aéreo nacional. Un buque mercante puede encontrarse lejos de la costa, sin protección militar y expuesto a un ataque cuya procedencia no siempre se identifica de inmediato. De ahí la importancia de combinar los radares y las patrullas aéreas con vigilancia marítima, intercambio de inteligencia y mecanismos de coordinación entre los países de la región.

Rumanía ha propuesto crear un mando militar regional con dirección rotatoria entre Rumanía, Bulgaria y Turquía, con el objetivo de mejorar la vigilancia y coordinar la respuesta a nuevas incursiones. Bucarest se ha ofrecido a asumir la dirección a partir de 2028. Los tres países también promueven una moratoria sobre los ataques contra buques comerciales, una iniciativa que buscaría reducir el peligro para las tripulaciones y preservar las rutas marítimas.

La dimensión económica de la crisis es considerable. Ucrania y Rusia figuran entre los principales exportadores mundiales de cereales, mientras que Rumanía desempeña también un papel relevante en el comercio agrícola regional. La inseguridad en el mar Negro puede alterar las cadenas de suministro y elevar los costes incluso cuando los buques no resultan directamente afectados.

Los ataques incrementan las primas de los seguros marítimos y pueden llevar a los armadores a evitar determinadas zonas o modificar sus itinerarios. Esos cambios encarecen el transporte y generan incertidumbre para exportadores, importadores y compradores. Si se reducen las salidas de grano ucraniano, los efectos pueden sentirse en los mercados internacionales y en los países que dependen de esas importaciones para abastecer a su población.

El impacto también alcanza a los puertos búlgaros y rumanos. Si el mar Negro se percibe como una zona de riesgo creciente, parte de la actividad comercial puede ralentizarse y las empresas pueden posponer operaciones hasta disponer de garantías de seguridad más claras. @mundiario