Las entradas gratuitas para la gala de los BAFTA se han convertido en un problema para la institución. Según las acusaciones planteadas esta semana en la asamblea general anual de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y Televisivas, varios miembros de su consejo de administración podrían haber infringido la legislación británica sobre organizaciones benéficas y sociedades al aceptar invitaciones que nunca se declararon en las cuentas de la entidad.
Quien ha dado la voz de alarma es Michael Pritchett, presidente del consejo de miembros de los BAFTA. Según informó el diario The Guardian el miércoles, Pritchett aseguró que el asesoramiento legal que solicitó apunta a que los fideicomisarios que aprobaron las cuentas de la organización podrían haber cometido delitos en virtud de la Ley de Organizaciones Benéficas y de la Ley de Sociedades del Reino Unido.
Una práctica que duró casi dos décadas
Los BAFTA operan como una organización benéfica registrada, y durante casi veinte años permitieron que sus fideicomisarios llevaran acompañantes a las ceremonias. Entre esos asientos de cortesía figuraban, al parecer, entradas VIP para los Premios BAFTA de Cine, con un valor de hasta 2.000 libras esterlinas, unos 2.660 dólares.
Pritchett expuso sus dudas en la asamblea celebrada el lunes. Su argumento es que estos acuerdos contravenían las propias normas de la organización, que prohíben a los miembros del consejo directivo recibir remuneración u otros beneficios de la entidad benéfica.
El asunto también abre interrogantes sobre la transparencia financiera de la academia. Las cuentas de 2024 y 2025 indicaban que los consejeros no habían recibido remuneración alguna por sus servicios, y su registro público tampoco recogía pagos ni beneficios de ningún tipo.
Impuestos pendientes y una revisión en marcha
Según Pritchett, los fideicomisarios que firmaron esas cuentas podrían haber incumplido sus obligaciones legales. Además, planteó si las entradas de cortesía debieron tributar de forma retroactiva desde 2016, lo que podría obligar a los BAFTA a asumir el pago de cotizaciones sociales impagadas. Por ello, pidió a los fideicomisarios devolver el dinero adeudado, saldar los impuestos pendientes y corregir las cuentas si fuera necesario. También criticó a un alto ejecutivo de la academia por negarse a entregar los registros que identificarían a quienes recibieron estas invitaciones.
La organización suspendió su política de entradas para invitados en 2025, siguiendo una recomendación de su comité de gobernanza, y desde entonces ha puesto en marcha una investigación independiente sobre este sistema.
La presidenta saliente, Sara Putt, defendió que la academia ya había tomado medidas para atender las preocupaciones. Además, señaló que el asesoramiento legal de Pritchett se apoyaba en información limitada, mientras que los abogados de los BAFTA contaban con un relato más completo de lo ocurrido.
Un portavoz de la institución explicó a Variety que los consejeros asisten a los eventos como representantes de la academia y que, hasta 2025, podían ir con un acompañante. Esa costumbre se eliminó tras la revisión del sistema, y el consejo ha creado un grupo independiente para analizarlo. La revisión sigue en curso y, por ahora, no se ha constatado formalmente ninguna infracción legal.
