Nicolás Maduro y Cilia Flores han vuelto a comparecer ante la justicia estadounidense para responder a una de las acusaciones más graves que afrontan desde su detención: la presunta participación en una estructura de represión que habría recurrido a la tortura para conservar el poder en Venezuela. Ambos se han declarado no culpables de los nuevos cargos durante una audiencia celebrada este jueves en un tribunal federal de Nueva York.
El exmandatario rechazó la acusación y aseguró que se basa en afirmaciones falsas. Flores, por su parte, defendió su inocencia ante el juez Alvin Hellerstein. Los dos habían leído previamente una versión en español del documento presentado por la Fiscalía, que amplía las imputaciones que ya pesaban sobre ellos por narcotráfico, narcoterrorismo y delitos relacionados con armas.
La nueva acusación sostiene que Maduro y su esposa participaron en la creación y supervisión de un sistema de persecución política que habría permitido acosar, detener, maltratar y torturar a personas consideradas contrarias al Gobierno venezolano. El documento también incluye los casos de al menos tres ciudadanos estadounidenses que, según los fiscales, sufrieron distintos tipos de abusos.
La defensa niega las acusaciones y mantiene que ambos deben ser considerados inocentes mientras no se demuestre lo contrario. La causa entra ahora en una fase decisiva, con nuevas diligencias previstas antes de un juicio cuyo comienzo se ha retrasado hasta el verano de 2027.
La Fiscalía acusa a Maduro de dirigir una estructura de torturas
El escrito presentado por los fiscales estadounidenses describe una presunta red de represión que habría funcionado durante años con la participación de responsables políticos, funcionarios civiles y miembros de los cuerpos de seguridad del Estado.
Según la acusación, Maduro habría ejercido el control sobre unidades policiales y militares implicadas en los abusos, ordenado detenciones ilegales y recibido información sobre el trato infligido a determinados prisioneros. La Fiscalía sostiene que estas actuaciones no fueron episodios aislados, sino parte de una estrategia para neutralizar a quienes podían amenazar la continuidad del poder.
Entre los métodos de maltrato mencionados figuran las palizas, las descargas eléctricas, el ahogamiento y la tortura psicológica. Los fiscales también describen amenazas contra familiares de personas detenidas como una forma de obtener información o someterlas a presión.
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El documento incorpora testimonios sobre presuntos abusos cometidos contra ciudadanos estadounidenses. Entre las prácticas denunciadas aparecen la privación de alimentos, las agresiones físicas y distintas formas de intimidación durante la detención.
No obstante, Maduro y Flores no están acusados de ejecutar personalmente todos esos actos. La tesis de la Fiscalía es que ambos habrían contribuido a organizar, ordenar o supervisar las actuaciones de quienes los llevaron a cabo. Estas afirmaciones deberán someterse al examen judicial y no constituyen por sí mismas una declaración de culpabilidad.
El papel de Cilia Flores en las nuevas imputaciones
La acusación también atribuye a la ex primera dama una participación activa en la estructura investigada. Según los fiscales, la esposa de Maduro habría contribuido a desarrollar el sistema de represión y ordenado torturas en determinados casos para proteger actividades ilícitas relacionadas con miembros de su entorno familiar.
Estas imputaciones amplían el alcance del procedimiento judicial contra Flores, que ya afrontaba cargos relacionados con la investigación por narcotráfico. La Fiscalía sostiene que su intervención habría ido más allá de acompañar políticamente al expresidente y que habría participado en decisiones vinculadas con los presuntos abusos.
La defensa rechaza esa interpretación y niega que Flores sea responsable de los delitos que se le atribuyen. Durante la audiencia, la ex primera dama insistió en que es inocente y negó los nuevos cargos.
La causa deberá determinar qué grado de responsabilidad pudo tener cada acusado y qué valor probatorio tienen los testimonios y documentos reunidos por los investigadores. La responsabilidad penal individual será uno de los aspectos centrales del proceso.
El juicio se retrasa hasta junio de 2027
La incorporación de las nuevas acusaciones ha obligado al juez a modificar el calendario judicial. El juicio, que inicialmente estaba previsto para comenzar el 1 de junio de 2027, se ha aplazado hasta el día 14 de ese mismo mes.
La próxima audiencia preparatoria está programada para el 17 de diciembre. En ella podrían abordarse nuevas cuestiones relacionadas con el desarrollo del procedimiento y las solicitudes de las partes.
Los abogados de Maduro y Flores tendrán que analizar las nuevas imputaciones y preparar su estrategia de defensa ante un expediente que ahora incluye presuntos delitos de tortura, además de las acusaciones anteriores. La ampliación de la causa incrementa la complejidad del caso y añade nuevos elementos que deberán examinarse antes de llegar a juicio.
Si fueran declarados culpables de todos los cargos, ambos podrían afrontar penas muy elevadas. Según la información difundida sobre el procedimiento, las imputaciones conllevan una pena mínima obligatoria de 50 años de prisión en caso de condena por el conjunto de los delitos. La pena concreta dependería de la resolución judicial y de los cargos finalmente acreditados. Por ahora, el proceso continúa en fase previa y no existe una sentencia que determine la culpabilidad de ninguno de los dos.
Con el juicio previsto para junio de 2027, Maduro y Flores afrontan una larga batalla legal en Estados Unidos, en un caso que puede tener importantes consecuencias penales y que mantiene bajo escrutinio internacional las denuncias de represión durante el mandato del expresidente venezolano. @mundiario
