Donald Trump ha dado marcha atrás en uno de los planes más controvertidos de su Administración: la retransmisión en directo de la ejecución de Nidal Malik Hasan, el expsiquiatra militar condenado por la matanza de Fort Hood, en Texas. El presidente estadounidense ha confirmado que el Pentágono no emitirá las imágenes del fusilamiento, pese a que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, había defendido públicamente la iniciativa como una forma de advertir sobre las consecuencias del terrorismo.
El cambio de postura llega después de varios días de polémica y de las objeciones expresadas desde distintos sectores políticos y religiosos. Incluso figuras del propio Partido Republicano, entre ellas el vicepresidente J. D. Vance y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, habían manifestado sus reservas ante la posibilidad de convertir una ejecución militar en un acontecimiento retransmitido por internet.
Trump ha justificado su decisión señalando que, aunque considera que mostrar la ejecución podría tener un efecto disuasorio, también hay personas que prefieren no contemplar la muerte de un condenado a través de una pantalla. Sin embargo, el presidente no ha revocado la pena capital: Hasan continúa condenado a morir por un pelotón de fusilamiento y la fecha prevista se mantiene, por ahora, en el 3 de diciembre.
La Casa Blanca modifica así uno de los aspectos más polémicos del plan, pero deja intacto el fondo de la decisión. La ejecución seguirá adelante si no se producen cambios judiciales o administrativos, aunque no podrá seguirse en directo desde los hogares.
Trump frena la retransmisión, pero mantiene el fusilamiento
El presidente comunicó el cambio a través de su red social, Truth Social. En su mensaje defendió inicialmente que la difusión de la ejecución podría servir como advertencia para quienes cometen actos terroristas y mostrar al mundo cómo responde Estados Unidos ante este tipo de crímenes.
No obstante, Trump reconoció que muchas personas, incluso aquellas que desean que se haga justicia por las víctimas, no quieren ver una ejecución en directo ni mediante otros formatos audiovisuales. Con ese argumento anunció que el fusilamiento no será retransmitido.
El mandatario también ha señalado que los familiares directos de las víctimas podrán asistir presencialmente si así lo desean. De este modo, la Administración distingue entre la posibilidad de presenciar el cumplimiento de la condena y la difusión pública de las imágenes a una audiencia masiva.
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La decisión supone un cambio respecto al anuncio realizado por el Pentágono a comienzos de octubre. Hegseth había defendido que la población debía conocer las consecuencias de determinados delitos y había presentado la retransmisión como una forma de reforzar el mensaje disuasorio del castigo.
La iniciativa había provocado una discusión que iba más allá del caso concreto de Hasan: ¿debe el Estado mostrar públicamente una ejecución para transmitir un mensaje de autoridad o existen límites éticos que impiden convertir la pena de muerte en un espectáculo?
La polémica creció dentro del propio Partido Republicano
La propuesta de emitir el fusilamiento generó rechazo incluso entre destacados aliados políticos de Trump. El vicepresidente y Johnson expresaron que no tenían intención de ver la ejecución y aludieron a sus convicciones religiosas para explicar sus reservas.
A esas objeciones se sumaron voces religiosas y críticas internacionales. La posibilidad de que el Gobierno estadounidense retransmitiera la muerte de un condenado abrió un debate sobre la dignidad humana, el papel de las instituciones públicas y el riesgo de que unas imágenes extremadamente violentas pudieran utilizarse para alimentar la radicalización.
La discusión también afectó a la imagen de Estados Unidos como Estado de derecho. La ejecución de una condena judicial es una cuestión distinta de la decisión de difundirla masivamente: mientras la primera responde al sistema penal, la segunda introduce un componente de exhibición pública que sus críticos consideran innecesario y potencialmente peligroso.
El plan inicial había sido defendido como una medida ejemplarizante. Sin embargo, la controversia evidenció que la retransmisión no contaba con un respaldo unánime, ni siquiera entre quienes apoyan la aplicación de la pena capital en los casos más graves.
La rectificación de Trump evita, al menos por ahora, que el Pentágono convierta la ejecución en una emisión pública. No obstante, no supone un cambio en la condena de Hasan ni una renuncia de la Administración a defender la pena de muerte.
Nidal Hasan mató a 13 personas en la base militar de Fort Hood
Nidal Malik Hasan, de 56 años, era psiquiatra del Ejército estadounidense cuando el 5 de noviembre de 2009 abrió fuego en un centro médico de la base militar de Fort Hood, en Texas. El ataque se saldó con 13 muertos y 32 heridos, y se convirtió en uno de los episodios más graves de violencia registrados en una instalación militar estadounidense.
Hasan fue juzgado por un tribunal militar y declarado culpable en 2013 de 45 cargos de asesinato premeditado e intento de asesinato. Durante el proceso reconoció los hechos y sostuvo que había cambiado de bando para apoyar a los talibanes en Afganistán. La investigación también estableció vínculos con el clérigo radical Anwar al-Awlaki.
El antiguo psiquiatra militar resultó herido por los disparos de la Policía durante su detención y quedó paralizado, por lo que desde entonces utiliza una silla de ruedas. Permanece encarcelado en la prisión militar de Fort Leavenworth, en Kansas.
La condena a muerte quedó firme después de que el Tribunal Supremo rechazara examinar su caso en marzo de 2025. Su ejecución está programada para el 3 de diciembre de 2026, aunque cualquier modificación dependerá de los procedimientos que puedan quedar pendientes.
El caso tiene una relevancia especial dentro de la historia militar estadounidense. La aplicación de la pena capital en el ámbito castrense es excepcional y el fusilamiento previsto sería el primero de este tipo en el Ejército desde 1945. @mundiario
