La crisis política que atraviesa India ha registrado un nuevo giro tras la orden de un tribunal de Nueva Delhi de liberar a Saurav Das y Ashutosh Ranka, dos de los principales representantes de la Cockroach Janta Party (CJP), un movimiento juvenil que se ha convertido en uno de los focos más incómodos para el Gobierno de Narendra Modi. Ambos activistas habían sido detenidos el 13 de octubre después de saltar barricadas para acceder al histórico observatorio de Jantar Mantar, en el centro de la capital; una vez allí, desplegaron la bandera nacional y corearon consignas exigiendo la dimisión del jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar, a pesar de que el lugar había sido retirado recientemente de la lista de espacios autorizados para protestar.
Tras su arresto, un tribunal ordenó inicialmente que permanecieran cinco días en prisión. Posteriormente, la detención se prolongó durante dos jornadas más, hasta que un magistrado especial dispuso su puesta en libertad el miércoles 21 de octubre. Según las informaciones difundidas sobre la resolución, los dos dirigentes tuvieron que abonar una fianza de 50.000 rupias (544,14 euros) y firmar un compromiso de no alterar la paz durante un año.
La decisión judicial supone un revés para los intentos policiales de mantenerlos bajo custodia, aunque no pone fin al enfrentamiento entre el movimiento y las autoridades. La liberación tampoco resuelve las acusaciones relacionadas con la entrada en una zona restringida ni las controversias sobre las condiciones impuestas a los manifestantes.
Tras abandonar la prisión de Tihar, Das afirmó que «la verdad ha triunfado». Ambos dirigentes denunciaron posteriormente el trato recibido durante su detención y acusaron a la policía de haberse llevado sus teléfonos móviles sin entregarles, según su versión, los documentos correspondientes. También expresaron su temor a que los dispositivos pudieran ser manipulados. Estas denuncias deben entenderse como acusaciones de los activistas, no como hechos acreditados judicialmente.
Aunque la Cockroach Janta Party nació como una expresión satírica en internet, ha evolucionado hasta convertirse en un movimiento de protesta encabezado por jóvenes cuyo nombre y lenguaje irreverente, difundidos a través de memes y redes sociales, les han permitido conectar con sectores que no se identifican con los partidos tradicionales. Su primera gran demostración de fuerza se produjo durante el verano, cuando las protestas contra las deficiencias del sistema educativo desembocaron en una crisis política que contribuyó a la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, el 25 de julio; una concesión que demostró que la presión callejera podía tener consecuencias reales dentro del Ejecutivo.
Aquella retirada temporal de las calles no significó que el descontento hubiera desaparecido, ya que en octubre la CJP y otros sectores juveniles volvieron a movilizarse, esta vez motivados por las modificaciones de los registros electorales y las sospechas sobre su impacto en la competencia política. En este contexto, el fundador del movimiento, Abhijeet Dipke, también fue detenido el 16 de octubre tras intentar encabezar otra manifestación en Nueva Delhi; sin embargo, fue puesto en libertad al día siguiente y ha sostenido firmemente que la amenaza de sufrir nuevos arrestos no hará que la organización abandone sus reivindicaciones.
El movimiento se enfrenta, sin embargo, a una dificultad considerable: mantener la movilización cuando sus portavoces son detenidos, las concentraciones quedan restringidas y los desplazamientos de los participantes son objeto de controles policiales. La actividad en redes puede sostener la visibilidad pública, pero no sustituye por sí sola la capacidad organizativa necesaria para mantener protestas prolongadas.
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La controversia electoral que ha reactivado las manifestaciones
El principal detonante de las nuevas movilizaciones es la revisión de los padrones electorales. La oposición y los activistas cuestionan la eliminación de más de 130 millones de nombres de los registros de votantes y reclaman explicaciones sobre el procedimiento, sus criterios y sus posibles consecuencias.
Mientras los manifestantes consideran que las modificaciones del padrón podrían perjudicar a determinados electores y beneficiar al Bharatiya Janata Party (BJP), la formación de Narendra Modi, también exigen la dimisión de Gyanesh Kumar, jefe de la Comisión Electoral, al que responsabilizan de supervisar dicho proceso. Por su parte, la Comisión Electoral niega favorecer a ningún partido y sostiene que quienes hayan sido excluidos incorrectamente pueden volver a inscribirse, al tiempo que el BJP acusa a sus adversarios de cuestionar procedimientos legítimos únicamente para debilitar al Gobierno.
La diferencia entre ambas posiciones es central para entender la crisis. Las acusaciones de manipulación electoral constituyen el núcleo de la protesta, pero su alcance debe determinarse mediante información verificable sobre las bajas registradas, los criterios aplicados, los mecanismos de revisión y las garantías de inscripción. El número de nombres eliminados, por sí solo, no demuestra que exista una operación coordinada para favorecer a una formación política.
La controversia ha trascendido, además, el enfrentamiento entre el BJP y el Partido del Congreso, encabezado por Rahul Gandhi. La participación de estudiantes, organizaciones civiles y jóvenes que no proceden necesariamente de familias opositoras ha complicado el intento de presentar las protestas exclusivamente como una maniobra de los partidos tradicionales.
La respuesta del Ejecutivo ha combinado restricciones a las concentraciones, despliegues policiales y detenciones. En las últimas semanas, las autoridades han bloqueado zonas del centro de Nueva Delhi y reforzado la presencia de agentes para impedir que las movilizaciones alcancen una dimensión similar a la registrada durante el verano.
Las medidas han afectado también a los desplazamientos de activistas y simpatizantes. Según las informaciones disponibles, algunos manifestantes han sido interceptados en accesos a la ciudad, estaciones, autobuses y campus universitarios. El movimiento denuncia que este dispositivo dificulta la participación antes incluso de que puedan celebrarse las concentraciones.
La estrategia política del Gobierno parece orientada a contener la continuidad entre las protestas juveniles del verano y la nueva oleada de movilizaciones. Al mismo tiempo, las manifestaciones organizadas por partidos tradicionales han tenido un tratamiento diferente en determinadas ocasiones, una distinción que los críticos interpretan como un intento de encuadrar la crisis dentro del enfrentamiento habitual entre Gobierno y oposición.
La formación de Modi ha presentado las protestas como parte de una «campaña de sus adversarios para desestabilizar el Ejecutivo. La dirigente del BJP Smriti Irani ha acusado al entorno de Rahul Gandhi de buscar un cambio de Gobierno mediante la agitación. Los organizadores de la CJP, por el contrario, sostienen que sus demandas se refieren a la educación, la transparencia electoral y el derecho a manifestarse.
La gestión de la seguridad corresponde en gran medida al ministro del Interior, Amit Shah, una de las figuras más influyentes del Ejecutivo. Su respuesta ha priorizado la prevención de grandes concentraciones, con el objetivo de impedir que las protestas adquieran una dimensión difícil de controlar.
Una crisis que revela fisuras más allá de la oposición tradicional
El alcance político de las movilizaciones no depende únicamente de su número de participantes. Uno de los elementos que más inquietud ha generado en sectores del entorno gubernamental es que el descontento haya llegado a jóvenes que no se consideran vinculados a la oposición.
Dirigentes de la coalición gobernante han reconocido, según testimonios publicados por medios internacionales, que las protestas han sorprendido al Ejecutivo y que existen sectores descontentos con la centralización del poder y con la forma en que se gestionan las decisiones políticas. Otros representantes del BJP mantienen que las movilizaciones no alterarán sus perspectivas electorales y confían en que el Congreso seguirá teniendo dificultades para transformar su apoyo nacional en una organización sólida en los estados.
La oposición también afronta sus propias limitaciones. La alianza contra Modi reúne partidos con intereses regionales y estrategias diferentes, cuya coordinación no siempre resulta sencilla. La popularidad de Rahul Gandhi no garantiza por sí sola una movilización sostenida ni una estructura común capaz de aprovechar el descontento.
La CJP representa un desafío distinto porque su legitimidad no depende exclusivamente de las organizaciones políticas tradicionales. Su lenguaje digital, su origen satírico y su capacidad para conectar reivindicaciones diversas le han permitido atraer atención pública, aunque su futuro dependerá de que pueda mantener una estructura estable y formular demandas concretas más allá de la protesta.
La salida de prisión de Das y Ranka ofrece al movimiento la posibilidad de reorganizarse, pero no significa que las restricciones hayan desaparecido ni que se haya resuelto la disputa electoral. La firma de compromisos judiciales y la continuidad de los dispositivos policiales mantienen abierto el riesgo de nuevos enfrentamientos legales. @mundiario
