Meta abre la puerta a otro aplazamiento de sus términos para editores y promete consultar al sector. La compañía mantiene intacto el texto que se atribuye derechos para raspar con software automatizado las webs de las empresas que operan en Facebook, incluidos los medios con muro de pago.
El calendario ya se movió una vez. Las condiciones estaban fijadas para el 30 de octubre; tras la contestación del sector, Meta las trasladó al 20 de noviembre. Ahora su portavoz, Andy Stone, admite en X que la consulta podría extenderse más allá del 20 de noviembre y que, en ese caso, habría un nuevo retraso. Hasta entonces siguen vigentes los términos actuales, según recoge su cuenta oficial en la red social.
Claves de la operación
- El texto no ha cambiado, solo la fecha. Meta eliminó la palabra ‘train’ y añadió una referencia a ‘productos publicitarios y de negocio’ este mes, pero conserva la autorización para usar rastreadores, bots y spiders sobre webs ajenas.
- La línea roja es el muro de pago. Los editores sostienen que la redacción permite saltarse muros, registros y barreras de suscriptores sin un mecanismo de exclusión para quien quiera conservar su cuenta en la plataforma.
- El marco europeo condiciona cualquier salida. El artículo 15 de la directiva de derechos de autor ya obligó a España a legislar sobre el uso de contenidos de prensa por plataformas, y será la referencia de cualquier recurso editorial.
Un aplazamiento que no toca el texto del contrato
La consulta anunciada no es una rectificación. Meta sostiene que las nuevas condiciones ‘no van de raspar sitios de noticias’ y que respetará las preferencias de robots.txt de los titulares, pero el contrato no menciona ese protocolo en ningún punto. La autorización sigue redactada en términos amplios: acceso mediante ‘software automatizado (como scrapers web, bots, robots, spiders, crawlers y agentes de usuario)’ para ‘proporcionar, desarrollar, mejorar, investigar y mantener productos publicitarios y de negocio’.
La cronología importa. La primera versión hablaba de entrenar modelos; la actual, más edulcorada, traslada el foco a los productos publicitarios. El permiso de acceso, sin embargo, se mantiene íntegro y no incorpora límite de volumen, finalidad ni contraprestación económica para el titular del contenido.
La lectura del sector es muy distinta. Un grupo de medios noruegos ha presentado una demanda contra la compañía y una patronal del ramo calificó el cambio de ‘escandaloso y probablemente ilegal’. Esta semana, el senador demócrata por California Adam Schiff se convirtió en el segundo legislador estadounidense en pedir a Meta que dé marcha atrás. En una carta dirigida a Mark Zuckerberg, Schiff advirtió de que las cláusulas abren ‘una vía alarmante para saltarse medidas técnicas esenciales para la seguridad económica de las organizaciones periodísticas’.
El punto exacto que señala la misiva es la ausencia de opt-out: una empresa puede mantener su página en Facebook o renunciar a ella, pero no conservar la presencia y blindar su web al mismo tiempo. Para un medio con suscripciones, la disyuntiva es binaria y cara. Schiff también reclama una cláusula que recoja por escrito el respeto a robots.txt, hoy inexistente en el contrato.
Un plazo que se mueve no es una concesión: es la diferencia entre negociar con el sector y esperar a que el sector se canse.
Sobre robots.txt se apoya buena parte del argumento de Meta. El portavoz lo invoca como cortafuegos voluntario, aunque el protocolo no vincula legalmente a nadie y las empresas de IA lo ignoran con regularidad. Sin una cláusula contractual que lo recoja —y el texto no lo hace—, el editor carece de palanca ejecutable. Más contexto sobre el estándar en su entrada de Wikipedia.
El muro de pago, la línea roja que ninguna plataforma quiere nombrar
Para los editores el conflicto no es abstracto. El valor de un medio digital con suscripción depende de que la barrera de pago sea opaca al rastreador: si el contenido llega a un sistema que después lo reutiliza para construir productos publicitarios, el activo se deprecia sin contrato ni precio. Es el mismo pulso que la prensa europea lleva una década librando con Google, con una diferencia sustancial: aquí no hay negociación colectiva ni tarifa de referencia.
Los números explican la urgencia. Los ingresos publicitarios digitales de los medios españoles llevan años estancados mientras el tráfico de referencia se concentra en tres plataformas, y cualquier uso no autorizado del contenido de pago erosiona la única línea de ingresos que crece. La consulta con ‘grupos industriales y líderes del sector’ que promete Stone llega después de agotarse el calendario, no antes de fijarlo, y ese orden condiciona el resultado.
El canon AEDE ya midió este pulso en España y salió caro a los editores
España ya ha recorrido este camino. En diciembre de 2014 Google cerró Google News en el país tras entrar en vigor el canon AEDE, la compensación obligatoria e irrenunciable que la Ley de Propiedad Intelectual imponía a los agregadores. El cierre se mantuvo hasta la trasposición del artículo 15 de la directiva europea de derechos de autor, aprobada por real decreto-ley en noviembre de 2021, que sustituyó el canon por un derecho de remuneración negociado. La lección es incómoda: la norma llegó con años de retraso y no fijó tarifas ni obligó a publicar los criterios de reparto.
La diferencia de fondo es de equilibrio de fuerzas. Meta no tiene un competidor equivalente en el IBEX 35 al que temer ni una autoridad española con competencia directa sobre este contrato: la CNMC vigila conductas, no cláusulas privadas ni acuerdos de alcance global. Los editores españoles negocian, por tanto, sin el marco de arbitraje que sí tienen Francia o Australia, donde la designación de plataformas bajo supervisión regulatoria ha convertido el pulso en un procedimiento con plazos y sanciones.
El riesgo real para Meta no es reputacional, es de calendario y de precedente. Cada aplazamiento debilita la posición jurídica de la compañía frente a la demanda noruega y frente a cualquier interpretación europea del contrato. También expone un flanco interno: si la consulta se alarga, el equipo legal tendrá que explicar por qué el texto definitivo se redactó antes de escuchar a los afectados.
Lo que toca observar en las próximas semanas es doble: el contenido exacto de esa consulta —si incorpora o no una cláusula de exclusión y una referencia contractual a robots.txt— y la fecha que Meta mantenga publicada en su web, hoy todavía el 20 de noviembre. Si el texto no cambia, el aplazamiento será solo una pausa; si cambia, habrá que comprobar quién la firma y con qué contrapartidas.
La entrada Meta retrasa sus términos comerciales para editores tras el alud de críticas aparece primero en Moncloa.
