México y Perú restablecen relaciones a cambio de un salvoconducto para la mano derecha de Castillo

México y Perú han decidido pasar página. Cuatro años después de que la moción de vacancia de Pedro Castillo desencadenara una escalada de enfrentamientos diplomáticos entre Lima y Ciudad de México, ambos países han anunciado este viernes la reanudación de sus relaciones diplomáticas. El acuerdo llega a contraprestación de una decisión especialmente sensible, el Gobierno peruano concederá un salvoconducto a Betssy Chávez, la ex primera ministra del mandatario encarcelado que permanecía asilada en la Embajada de México en Lima.

La situación de Chávez fue precisamente el último gran episodio de una crisis que había ido acumulando agravios, declaraciones cruzadas, expulsiones diplomáticas y acusaciones de injerencia. Ahora, el cambio de Gobierno en Lima, con Keiko Fujimori en la Presidencia desde el pasado 28 de julio, ha permitido abrir una ventana para la normalización.

El acuerdo ha quedado formalizado mediante un comunicado conjunto de las cancillerías peruana y mexicana, que reivindica los “históricos lazos de hermandad, amistad y cooperación” entre ambos países y reafirma el compromiso de sus Gobiernos con el derecho internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas.

La ex primera ministra, acusada de haber colaborado con el expresidente condenado por intentar un autogolpe de Estado para evitar una vacancia en el Congreso, se ha convertido en la pieza que permite cerrar el último capítulo de la confrontación. Perú ha decidido concederle el salvoconducto necesario para abandonar el país y trasladarse a México, después de que el Gobierno mexicano le otorgara protección diplomática.

La decisión se ampara en la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, de la que ambos Estados forman parte. Lima sostiene que las garantías concedidas responden a sus obligaciones internacionales, pero deja claro que se reserva el derecho a solicitar la extradición de Chávez si las autoridades judiciales peruanas lo requieren y de acuerdo con los tratados aplicables.

La normalización, por tanto, no equivale a una absolución política ni judicial. Chávez fue condenada como coautora de un delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en la modalidad de conspiración para una rebelión, en relación con los acontecimientos del 7 de diciembre de 2022. Además, afronta investigaciones de la Fiscalía peruana. La salida de la ex primera ministra permite a ambos Gobiernos retirar uno de los principales obstáculos para reconstruir la relación sin que Perú tenga que renunciar formalmente a sus reclamaciones judiciales.

De Pedro Castillo a Keiko Fujimori

La crisis comenzó con la caída de Castillo. En diciembre de 2022, el entonces presidente peruano anunció la disolución del Congreso y la instauración de un Gobierno de excepción. El intento fracasó, Castillo fue destituido y posteriormente detenido. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuestionó abiertamente la actuación de las instituciones peruanas por cesar al dirigente izquierdista y México concedió protección a miembros de su familia. Para Lima, aquellas decisiones constituyeron una injerencia inaceptable en sus asuntos internos.

La tensión fue aumentando durante los meses siguientes. Perú retiró a su embajador en México, el Congreso declaró persona non grata a representantes diplomáticos mexicanos y la relación llegó a un punto de ruptura prácticamente total. La llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia mexicana tampoco consiguió inicialmente cerrar las heridas. El conflicto se prolongó mientras Lima y Ciudad de México mantenían posiciones enfrentadas sobre la legitimidad del proceso contra Castillo y sobre el alcance del asilo diplomático. El último episodio se produjo cuando México acogió en su Embajada de Lima a Betssy Chávez. Para el Gobierno peruano, aquella decisión terminó de hacer inviable la relación y desembocó en la ruptura diplomática.

El factor determinante ha sido el cambio político producido en Perú. La conservadora Keiko Fujimori asumió la Presidencia el 28 de julio y, desde entonces, los contactos con México se intensificaron. La presidenta Sheinbaum confirmó que se habían producido conversaciones con la nueva Administración peruana. El canciller mexicano, Roberto Velasco, habría mantenido contactos directos con Fujimori para explorar las condiciones de una recuperación de las relaciones.

En Lima, el nuevo ministro de Exteriores, Carlos Espá, ha defendido desde el inicio una política de recomposición de los vínculos regionales. El giro contrasta con los últimos años de enfrentamiento y responde también a una lógica pragmática. México y Perú comparten intereses económicos, comerciales y políticos que habían quedado seriamente dañados por una disputa diplomática que terminó contaminando incluso los espacios multilaterales. La recuperación de los vínculos permite volver a colocar sobre la mesa asuntos que van mucho más allá de Castillo y Chávez.

La Alianza del Pacífico como punto de reencuentro

Uno de los principales símbolos de la nueva etapa será la Alianza del Pacífico, mecanismo de integración que ambos países impulsaron junto a Chile y Colombia. Lima ha reivindicado precisamente los principios de libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales como una de las bases sobre las que debe reconstruirse la relación. La diplomacia peruana quiere que el enfrentamiento político deje de condicionar una relación bilateral con importantes intereses económicos y estratégicos.

Durante los años de crisis, el deterioro fue visible en distintos ámbitos. Los ciudadanos peruanos llegaron a necesitar visado para entrar en México, mientras los contactos políticos de alto nivel prácticamente desaparecieron. Perú tampoco invitó a representantes mexicanos a la cumbre de APEC celebrada en Lima en 2024. La ruptura también tuvo consecuencias simbólicas. Dos países que habían defendido una mayor integración latinoamericana terminaron trasladando su disputa a organismos regionales y foros internacionales.

El restablecimiento de relaciones no significa, sin embargo, que Perú haya aceptado la interpretación mexicana sobre el asilo diplomático. La cancillería peruana ha insistido en que en el país no existe persecución política, y ha reivindicado el Estado de derecho, la separación de poderes y el respeto al debido proceso. Lima también ha anunciado que promoverá en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) consultas destinadas a evitar una utilización que considere distorsionada de la figura del asilo diplomático. Es una cuestión de fondo que seguirá pendiente. @mundiario