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Abogados denuncian que el Ministerio retiene unos 41,000 metros cuadrados de terrenos y reclaman al presidente de la República intervenir para garantizar el cumplimiento de la decisión judicial

SANTO DOMINGO.– Abogados de la familia Manón denunciaron que el Ministerio de Turismo se niega a entregar unos 41,000 metros cuadrados de terrenos que, según afirman, mantiene retenidos desde hace varios meses, pese a una decisión de la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo TSA que ordenaría al organismo estatal cumplir con determinadas actuaciones relacionadas con los terrenos en disputa.

La controversia está vinculada a la sentencia núm. 0030-1643-2026-SSEN-00180, de fecha 10 de abril de 2026, decisión que figura oficialmente en los registros del Tribunal Constitucional como objeto de un recurso de revisión constitucional interpuesto por el propio Ministerio de Turismo.

Los representantes legales de la familia Manón sostienen que, independientemente de los recursos que puedan estar en curso, el Ministerio debe observar las disposiciones judiciales que resulten ejecutables y actuar conforme al principio de legalidad que obliga a las instituciones públicas.

Los abogados aseguran que los terrenos, además de encontrarse titulados, poseen un elevado valor económico y potencial para inversiones vinculadas al desarrollo turístico de la región.

A juicio de los representantes de la familia Manón, la prolongada retención de los terrenos estaría perjudicando los derechos de sus propietarios y obstaculizando proyectos de inversión.

Los juristas también expresaron preocupación por lo que califican como la existencia de intereses particulares alrededor de los terrenos, señalando que sectores vinculados a la zona podrían estar interesados en conservar el control o beneficiarse de esas propiedades.

No obstante, tales señalamientos forman parte de las denuncias formuladas por los abogados y deberán ser establecidos mediante las vías correspondientes si existen actuaciones judiciales o administrativas que los sustenten.

Desde el punto de vista jurídico, una institución pública no puede simplemente desconocer una decisión judicial que le haya sido debidamente notificada y que sea ejecutable.

La Constitución dominicana establece el principio de separación e independencia de los poderes públicos, mientras que el ordenamiento jurídico reconoce la obligatoriedad de las decisiones emanadas de los tribunales dentro del ámbito de sus competencias.

En materia de amparo, además, la finalidad de la tutela judicial efectiva exige que las decisiones no se conviertan en declaraciones meramente formales, sino que puedan materializarse cuando corresponda conforme a la ley.

Precisamente por ello, la situación de la familia Manón y el Ministerio de Turismo debe determinarse a partir del contenido íntegro de la sentencia, las actuaciones posteriores y cualquier decisión relativa a su ejecución.

Ante la situación denunciada, los abogados de la familia Manón hicieron un llamado al presidente de la República para que disponga las acciones administrativas necesarias a fin de que el Ministerio de Turismo cumpla con las disposiciones judiciales que le sean aplicables.

“Lo que estamos reclamando es que se respete la ley y que una institución del Estado cumpla con lo que ordenan los tribunales”, sostienen los representantes legales.

Los abogados consideran que la intervención presidencial contribuiría a evitar que el conflicto se prolongue y permitiría despejar cualquier duda sobre la voluntad del Gobierno de garantizar la seguridad jurídica y el respeto a la propiedad privada.

El caso adquiere especial importancia por tratarse, según los abogados, de aproximadamente 41,000 metros cuadrados de terrenos titulados, con potencial para inversiones turísticas de alto valor.

Para los representantes de la familia Manón, el fondo del conflicto no se limita a la entrega material de una extensión de tierra, sino que involucra cuestiones esenciales como seguridad jurídica, respeto a los títulos de propiedad, autoridad de las decisiones judiciales y confianza de los inversionistas.

La discusión coloca nuevamente sobre la mesa una pregunta de especial relevancia para el clima de inversión del país: ¿qué ocurre cuando una persona o empresa obtiene una decisión favorable de un tribunal y una institución pública considera que existen razones para no ejecutarla?Manifetaron

Los abogados  Jacinto Mañon expresaron que “en un Estado de derecho, debe encontrarse en los propios mecanismos establecidos por la Constitución y las leyes: recursos judiciales, solicitudes de suspensión, acciones en dificultad de ejecución y demás procedimientos previstos por el ordenamiento, pero no en el desconocimiento unilateral de la autoridad judicial”.

Los abogados de la familia Manón esperan que el Ministerio de Turismo defina su posición y que, por las vías institucionales correspondientes, se produzca una solución definitiva al conflicto.