El Líbano acaba de modificar una de las cuestiones más sensibles de su sistema penal. El Parlamento ha aprobado la abolición de la pena de muerte, un paso que convierte al país en el primero de Oriente Próximo y del mundo árabe en prohibir formalmente las ejecuciones. La decisión llega después de años de moratoria de facto y en un momento particularmente delicado para un Estado acostumbrado a desenvolverse entre crisis políticas, conflictos armados y una profunda fragilidad institucional.
El cambio no supone que el Líbano haya dejado atrás de un día para otro todas las consecuencias de su pasado judicial. La pena capital llevaba años sin aplicarse: la última ejecución tuvo lugar en enero de 2004. Sin embargo, continuaba formando parte del ordenamiento jurídico y los tribunales podían seguir dictando sentencias de muerte. Esa diferencia es precisamente la que ahora pretende cerrar la nueva legislación.
El efecto más inmediato será la desaparición de la pena capital como castigo legal y la sustitución de las condenas por cadena perpetua con trabajos forzados agravados, una fórmula que organizaciones especializadas consideran problemática porque esas disposiciones sobre trabajos forzados apenas tienen aplicación práctica en el sistema penitenciario libanés.
El alcance de la reforma, por tanto, debe medirse en dos planos. En el primero está el jurídico: la ejecución deja de ser una posibilidad contemplada por la legislación. En el segundo está el político: Beirut se separa de buena parte de su entorno regional precisamente cuando varios países han endurecido sus políticas penales.
La importancia de la decisión se entiende mejor al recordar que el Líbano llevaba más de veinte años suspendiendo las ejecuciones sin eliminar la pena de muerte. Aquella situación permitía una especie de equilibrio precario: el Estado no ejecutaba, pero los jueces podían continuar pronunciando condenas.
Los defensores de la abolición habían advertido durante años de que esa fórmula podía revertirse en cualquier momento. La nueva ley elimina esa posibilidad y convierte una práctica política en una prohibición jurídica. La campaña para acabar con la pena capital tampoco comenzó ahora. Activistas como Ogarit Younan llevan décadas defendiendo la abolición. La organización que impulsó la iniciativa, la Asociación Libanesa de Derechos Civiles, calcula que decenas de presos estaban todavía afectados por condenas de muerte.
El recorrido explica que la votación parlamentaria tenga un significado que va más allá de la coyuntura. Líbano había respaldado repetidamente en Naciones Unidas las resoluciones favorables a una moratoria y había construido durante años una posición de hecho contraria a las ejecuciones. Ahora esa posición se incorpora formalmente a la legislación nacional.
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Una excepción en Oriente Próximo
Mientras Beirut elimina la pena capital, Irán y Arabia Saudí continúan entre los países que concentran un mayor número de ejecuciones en el mundo. Jordania volvió a ejecutar condenados en junio, poniendo fin a años de moratoria. Israel, por su parte, ha avanzado durante 2026 en una legislación que amplía la posibilidad de aplicar la pena de muerte a determinados condenados palestinos.
No significa, sin embargo, que el país haya resuelto los problemas estructurales de su sistema judicial. La abolición de la pena de muerte constituye un cambio relevante, pero la justicia libanesa continúa afrontando dificultades relacionadas con la independencia institucional, las condiciones penitenciarias y la aplicación efectiva de las leyes.
La propia organización Human Rights Watch ha señalado la necesidad de que la reforma tenga consecuencias concretas sobre quienes permanecen condenados a muerte. Amnistía Internacional, por su parte, ha reclamado que todas esas sentencias sean conmutadas y que Líbano avance en la ratificación de los instrumentos internacionales vinculados a la abolición.
La reforma también tiene una lectura política. El Líbano esta atravesando una dura etapa marcada por la guerra entre Israel y Hezbolá, la paralización institucional y el aplazamiento de procesos políticos. En ese contexto, la aprobación de una ley vinculada a los derechos fundamentales permite al Estado proyectar una imagen distinta de la que domina habitualmente en el país, y le brinda una mayor proyección internacional hacia Occidente
El ministro de Justicia, Adel Nassar, ha definido la decisión como histórica y ha defendido que devuelve a Líbano «un papel pionero en materia de derechos humanos».
La histórica decisión del Parlamento destraba uno de los mayores obstáculos para la cooperación judicial internacional del país de Oriente Próximo. Nassar argumentó que mantener la pena capital en el código penal actuaba como un freno legal invisible, pues impedía de forma reiterada que naciones europeas —que exigen por principios de derechos humanos la garantía de no ejecución— aprobaran la extradición de prófugos clave vinculados a delitos de terrorismo, espionaje o asesinatos.
Con la entrada en vigor de esta ley, que conmuta de forma retroactiva las sentencias de muerte por cadena perpetua, Beirut elimina los vacíos y asimetrías jurídicas, facilitando que los tribunales europeos den luz verde a las solicitudes de repatriación pendientes para que los criminales rindan cuentas en suelo libanés.
Un cambio relevante en un país todavía frágil
La paradoja es que esta decisión se produce en un país donde el Estado sigue teniendo dificultades para ejercer plenamente sus competencias y donde la violencia política ha condicionado durante décadas la vida institucional. Precisamente por ello, la abolición adquiere una dimensión particular. No elimina los problemas de seguridad ni las tensiones internas, pero establece un límite sobre el poder punitivo del Estado que hasta ahora no existía de manera definitiva.
La nueva legislación tendrá además que superar su propia prueba práctica: transformar las condenas existentes, revisar las disposiciones incompatibles con la abolición y garantizar que la sustitución de la pena de muerte no se convierta simplemente en una nueva fórmula de castigo extremo.
Líbano se encuentra así ante una reforma que es histórica por su contexto, pero cuyo verdadero alcance dependerá de cómo se aplique. En una región donde la pena capital continúa siendo utilizada y donde en algunos países incluso se está ampliando su ámbito, Beirut ha escogido una dirección diferente. El desafío ahora será conseguir que esa decisión quede incorporada de forma efectiva y permanente al funcionamiento de su sistema de justicia. @mundiario
