Polonia entra en territorio desconocido: crisis por la suspensión de la cúpula del Constitucional

Polonia vuelve a quedar atrapada en la batalla por el control de sus instituciones. El Tribunal Constitucional, convertido durante la última década en uno de los principales premios de la guerra política entre liberales y ultraconservadores, ha sido este viernes el epicentro de una nueva confrontación que ha obligado incluso a desplegar efectivos policiales en sus dependencias. La chispa ha sido la suspensión temporal de su presidente y vicepresidente, pero el conflicto extiende sus raíces en una disputa por la legitimidad de la propia composición del alto tribunal.

La decisión fue adoptada por la magistrada Anna Korwin-Piotrowska, la jueza de mayor antigüedad, que asumió temporalmente la presidencia y justificó la suspensión de Bogdan Święczkowski y Bartłomiej Sochański por el bloqueo de la Asamblea General de jueces, órgano que debe aprobar, entre otras cuestiones, el presupuesto de la institución. Sobre el presidente del Constitucional pesan además acusaciones de manipular la composición de las salas y la exclusión de magistrados elegidos por el Parlamento, controlado por el Gobierno del primer ministro centroderechista Donald Tusk, sostenido por el frente unitario conformado por la Coalición Cívica (KO), partidos conservadores, centristas liberales, movimientos agrarios y los socialdemócratas de la Nueva Izquierda (NL).

La reacción del campo ultraconservador fue rotunda. El partido anterior partido gobernante Ley y Justicia (PiS), de Jarosław Kaczyński, convocó protestas frente al tribunal y calificó la actuación como un “golpe de Estado”. Kaczyński llegó a afirmar que Polonia se había convertido desde ese momento en un “Estado policial” que conduce a “un camino directo al autoritarismo, y luego al totalitarismo”, mientras Sławomir Mentzen, uno de los líderes del ultraderechista Konfederacja, sostuvo que el país estaba ya “al borde de un golpe de Estado” y reclamó al presidente Nawrocki la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional.

La intervención policial fue la catarsis de la tensión de una noche marcada por los intentos de algunos manifestantes de acceder al edificio y por enfrentamientos con dirigentes ultraconservadores. La Policía aseguró, no obstante, que no había entrado en la sede del Constitucional y que su presencia en el recinto obedecía a los incidentes registrados en el exterior, entre ellos el lanzamiento de objetos considerados peligrosos.

Los agentes fueron desplegados a petición de la jueza Korwin-Piotrowska, coordinada con el ministro de Justicia y fiscal general Waldemar Zurek, bajo el argumento de proteger a los jueces y trabajadores y garantizar la seguridad. De hecho, la magistrada ordenó la suspensión de la cúpula del Constitucional invocando el artículo 130 de la Ley del Régimen de los Tribunales Ordinarios, tras considerar que el presidente y su número dos estaban obstruyendo la Asamblea General que debe aprobar el presupuestos del tribunal, al no permitir que los nuevos magistrados se incorporen en sus puestos.

🇵🇱 | En escenas extraordinarias frente al Tribunal Constitucional de Polonia, su controvertido jefe, Bogdan Święczkowski, intentó entrar al edificio junto con legisladores de la oposición. Un cerrajero cortó el cierre metálico de la puerta, pero la policía aún bloqueó el acceso al edificio. Mientras tanto, el presidente Karol Nawrocki ha aterrizado en Varsovia después de dar media vuelta a su avión en pleno vuelo hacia Senegal, a medida que la crisis constitucional se intensifica. Los líderes de la oposición acusan al gobierno del primer ministro Donald Tusk de intentar un “golpe de Estado”. El gobierno afirma que está restaurando el estado de derecho. https://t.co/JrHmFIw9nX

— Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 30, 2026

Nawrocki regresa a Varsovia

La ebullición política del episodio quedó patente cuando Karol Nawrocki decidió interrumpir su viaje oficial a Senegal. “En un momento como este, el presidente debe estar en Polonia. Interrumpo mi vuelo a Senegal. Regreso”, anunció el jefe de Estado en X. Ya en Varsovia, recibió en el Palacio Presidencial a Święczkowski y al presidente del Tribunal Supremo, Zbigniew Kapiński.

Nawrocki, cercano al PiS y elegido presidente en 2025 con el respaldo de ese partido, planta cara por enésima vez a un Gobierno con el que mantiene un pulso permanente sobre la reforma de las instituciones, consideradas como capturadas por afines al anterior Ejecutivo ultraconservador que llevaron a Bruselas a denunciar que Varsovia socavaba su propio Estado de derecho. Tusk, elegido en las urnas en 2023 tras su regreso a la política nacional, defendió la actuación contra la dirección del Constitucional y presentó el conflicto como una nueva fase de su promesa de desmontar el deterioro institucional acumulado durante los años de mandato ultraconservador.

«Restaurar el Estado de derecho es nuestro deber», sostuvo Tusk. El primer ministro admitió que el proceso es «difícil» y en ocasiones «doloroso», pero insistió en que no existe una alternativa. A pesar de su pulso reformista, la agenda común de las distintas fuerzas que integran la coalición del Gobierno han enfrentado las trabas del anterior presidente, Andrzej Duda, y el actual mandato de Nawrocki, toda vez que la Constitución le reserva un poder de veto con el que las iniciativas de regeneración han aterrizado con el tiempo en manos del máximo órgano de garantías, que ha sido de mayoría afín al PiS hasta que este año se han producido las vacantes necesarias en magistrados para darle vuelta a la correlación de fuerzas.

El Constitucional, origen de un conflicto que dura una década

El Tribunal Constitucional polaco lleva años en el centro de una crisis que trasciende a los jueces que hoy ocupan sus despachos. Durante los gobiernos del PiS, la institución aprobó decisiones que provocaron fuertes enfrentamientos con Bruselas, entre ellas el cuestionamiento de la primacía del derecho europeo sobre el nacional y una resolución que cerró a cal y canto la posibilidad de permitir el aborto. La deriva judicial del país llevó a la Unión Europea a bloquear miles de millones de euros de fondos comunitarios, cuyo descongelamiento comenzó tras la llegada de Tusk al poder.

Pero la actual disputa no empezó con el actual Gobierno. La politización del Constitucional se remonta también a decisiones adoptadas durante una etapa anterior de Plataforma Cívica, el partido de Tusk. El problema se agravó durante los años del PiS con el nombramiento de magistrados cuya legitimidad ha sido cuestionada posteriormente por tribunales europeos.

Entre ellos se encuentran los denominados en Polonia “jueces dobles”, magistrados nombrados en 2015 para plazas que, según diferentes resoluciones, ya habían sido cubiertas legalmente por el Parlamento anterior. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) concluyó en 2021 que aquellos nombramientos vulneraron las reglas fundamentales del procedimiento de elección.

El Gobierno de Tusk, al asumir el poder en diciembre de 2023 con el compromiso de restaurar el Estado de derecho, optó por no reconocer plenamente la legitimidad de un Constitucional dominado por magistrados designados durante la etapa anterior. Pero tampoco consiguió completar su renovación. Durante los primeros años de la legislatura no cubrió varias vacantes, a la espera de alcanzar acuerdos entre las fuerzas políticas por exigencia de la sociedad civil. El bloqueo terminó trasladándose al nuevo presidente.

🚨🇵🇱 President Karol Nawrocki has arrived at the protesters’ gathering in Warsaw! After cutting short his foreign trip, the president appeared at the scene of the ongoing constitutional crisis. Protesters, politicians, and a large police presence have gathered at the site. Towards the end of the video, clashes with police officers can also be seen. 🎥 Footage by a NEXTA reporter.

— NEXTA (@nexta_tv) October 30, 2026

Nawrocki bloquea cinco nombramientos

Este año, cuando finalmente comenzaron a producirse relevos y ocho de los 15 miembros del Constitucional habían sido renovados, Nawrocki rechazó tomar juramento a cinco magistrados elegidos por el Sejm, la Cámara baja. Święczkowski, a su vez, impidió que estos jueces comenzaran a ejercer sus funciones.

Tras solicitar protección policial para jueces y trabajadores del tribunal, el ministro de Justicia Zurek sostuvo que existe una situación “sin precedentes” en un Estado democrático de derecho porque magistrados elegidos legalmente no pueden ejercer sus funciones. También reclamó avanzar en los procedimientos contra jueces investigados por la Fiscalía y pidió retirarles la inmunidad. La Asamblea General del Tribunal Constitucional ha sido convocada para el 3 de noviembre. Siete jueces permanecían en el edificio durante la noche y aseguraban que permanecerían allí el tiempo que fuese necesario.

En diciembre de 2023, poco después de la llegada al poder del nuevo Gobierno, dirigentes del PiS ocuparon durante días las instalaciones de la televisión pública polaca para protestar contra la destitución de su dirección. Ahora, casi tres años después, el escenario cambia, pero el mecanismo de confrontación es similar: una institución estatal convertida en símbolo de la lucha por el poder y dos bloques políticos que niegan la legitimidad de las decisiones del otro. @mundiario