La investigación que instruye la Audiencia Nacional sobre el denominado caso Plus Ultra ha incorporado un nuevo elemento que pone en jaque el tablero político y cambia el ritmo del proceso judicial. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sostiene en un reciente informe que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero habría recibido 200.000 euros a cambio de utilizar su influencia ante las autoridades bolivianas para favorecer los intereses empresariales del conglomerado peruano Grupo Gloria, una de las mayores corporaciones industriales de América Latina.
El atestado policial, elaborado a partir de las conversaciones extraídas del teléfono móvil de su secretaria, Gertrudis Alcázar, y de la documentación intervenida en el registro del despacho situado en la madrileña calle Ferraz, apunta a la existencia de una estructura de intermediación que, según la UDEF, simulaba servicios de asesoría inexistentes para justificar pagos económicos.
Conviene subrayar que estas conclusiones forman parte de una investigación judicial en curso y no constituyen una sentencia firme ni implican por sí mismas una declaración de culpabilidad.
La UDEF afirma haber encontrado “nuevos indicios” que permiten identificar una “dinámica de intermediación e influencias orientadas a beneficiar los intereses del Grupo Gloria, todo ello mediando una contraprestación económica de 200.000 euros, empleando para justificar el pago un contrato simulado con una sociedad interpuesta”.
Según los investigadores, el dinero fue canalizado mediante un contrato firmado con la empresa peruana Focus Social Research, una sociedad dedicada al marketing cuya actividad, según el informe, no guardaría relación con los supuestos servicios prestados por el expresidente.
La Policía considera que dicho contrato habría servido para encubrir una actividad de influencia sobre instituciones del Estado boliviano vinculada a los litigios que mantenía Soboce, empresa perteneciente al Grupo Gloria, condenada en Bolivia a pagar más de 107 millones de dólares por competencia desleal.
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La cronología de las gestiones investigadas
La reconstrucción efectuada por los agentes sitúa el origen de la relación en mayo de 2024. La secretaria de Zapatero habría enviado varios borradores de contratos a Carmen Almendras, relacionada con Kreab Bolivia, tras diversas reuniones preparatorias. Posteriormente, la directora de Asuntos Corporativos y Relaciones Institucionales del Grupo Gloria, Ana María Ospina, habría asumido directamente las negociaciones sobre el contrato. El acuerdo con Focus Social Research contemplaba el pago de 200.000 euros más gastos por servicios de asesoramiento.
El 13 de mayo se emitió una primera factura de 100.000 euros. Poco después, según la investigación, comenzaron los intercambios de documentación relacionados con los procesos judiciales que afectaban a Soboce. La UDEF destaca especialmente que, una vez firmado el contrato, todas las comunicaciones posteriores giraron alrededor de las causas judiciales abiertas en Bolivia y de las posibles vías para lograr una solución favorable para la compañía peruana.
Uno de los aspectos más relevantes del informe se refiere a los contactos mantenidos con dirigentes del Gobierno boliviano.
Los investigadores sostienen que Zapatero se reunió el 15 de septiembre de 2024 con el entonces presidente boliviano Luis Arce y con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Paralelamente, se produjeron contactos con la ministra de Presidencia, María Nela Prada, y con Fabiola Salazar, jefa del gabinete presidencial.
La Policía considera además “acreditado” que el expresidente español realizó gestiones para conseguir una reunión entre directivos del Grupo Gloria y el ministro de Justicia boliviano, César Adalid Siles. El informe añade que Zapatero solicitó la intermediación del entonces presidente Arce ante el procurador general del Estado, aunque finalmente sería el propio ministro Siles quien, por indicación presidencial, habría trasladado las gestiones pertinentes.
Las transferencias económicas bajo sospecha
La investigación sitúa tres pagos concretos. El primero, de 100.000 euros, se habría realizado tras la firma del contrato de asesoría. Posteriormente, una vez que una sala constitucional boliviana suspendió temporalmente la condena contra Soboce, Focus Social Research ordenó dos nuevas transferencias de 50.000 euros cada una.
La UDEF considera especialmente significativo que dichos pagos coincidieran temporalmente con decisiones judiciales favorables a la empresa peruana. Según los agentes, el flujo económico respondería al cumplimiento de un único contrato de asesoría que, a juicio de la unidad policial, ocultaría una actividad de intermediación política.
Buena parte de las conclusiones del informe se apoyan en los mensajes intercambiados por Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero e investigada en la causa. Las conversaciones reflejarían la preparación de reuniones, la transmisión de documentación relacionada con el caso Soboce y la reclamación de pagos pendientes.
Los investigadores sostienen que Alcázar actuaba como enlace operativo entre el expresidente y los representantes del Grupo Gloria, organizando encuentros y manteniendo el contacto permanente con las autoridades bolivianas y con los directivos empresariales.
El nuevo informe ha sido remitido al magistrado José Luis Calama, instructor de la causa en la Audiencia Nacional, y se incorpora al sumario del denominado caso Plus Ultra.
La UDEF llega a afirmar que existen indicios de una “organización criminal, liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que, aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes”.
Se trata, no obstante, de una tesis policial que deberá ser sometida al análisis judicial y a la eventual contradicción de las partes implicadas.
El caso añade un nuevo elemento de tensión al panorama político español y amplía el foco de una investigación que ha evolucionado desde el rescate de Plus Ultra hasta el análisis de una supuesta red internacional de intermediación y tráfico de influencias. Ahora será la Audiencia Nacional la que determine si esos indicios poseen suficiente consistencia para sostener las acusaciones o si, por el contrario, las explicaciones de los investigados permiten desmontar la hipótesis planteada por los investigadores. @mundiario
