Diecisiete días después de la segunda vuelta presidencial, el panorama electoral peruano parece haber entrado en una fase prácticamente definitiva. Con el 99,8% del escrutinio completado, Keiko Fujimori ha consolidado una ventaja que ya no puede ser revertida por su rival, Roberto Sánchez. La candidata de Fuerza Popular suma el 50,1% de los votos frente al 49,8% obtenido por el aspirante de Juntos por el Perú, una diferencia de más de 43.000 sufragios cuando apenas restan poco más de 40.000 papeletas por contabilizar.
La proclamación oficial aún depende de la resolución de las impugnaciones pendientes por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), pero los datos disponibles convierten la ventaja de Fujimori en irreversible. La dirigente conservadora, que concurrió por cuarta vez a unos comicios presidenciales, se convertirá así en la novena persona en ocupar la presidencia peruana en apenas una década y en la primera mujer elegida directamente para el cargo.
Sin embargo, la victoria no ha venido acompañada de una aceptación pacífica por parte de su adversario, reproduciendo un fenómeno que se ha vuelto recurrente en una política peruana profundamente polarizada. Uno de los factores determinantes en el desenlace electoral ha sido el sufragio de los peruanos residentes en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, donde se concentra la mayor comunidad peruana fuera del país.
Precisamente sobre este aspecto se han concentrado las denuncias de Roberto Sánchez y de Juntos por el Perú. El candidato izquierdista sostiene que se han producido irregularidades en el sistema de custodia y traslado de las actas del exterior, llegando incluso a promover una denuncia constitucional contra el ministro de Exteriores Carlos Pareja por supuestas vulneraciones del proceso electoral.
No obstante, los especialistas consultados por medios peruanos, como El Comercio, consideran que las acusaciones carecen de pruebas sustanciales y recuerdan que los procedimientos cuestionados forman parte de mecanismos utilizados desde hace años en coordinación entre la Cancillería y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Mientras tanto, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha ido resolviendo las apelaciones presentadas por Juntos por el Perú, sin que hasta el momento las decisiones hayan alterado significativamente el resultado.
Roberto Sánchez rechaza reconocer la victoria de Fujimori
La tensión aumentó cuando Roberto Sánchez anunció públicamente que no reconocerá un eventual Gobierno de Keiko Fujimori si el JNE no atiende su solicitud de anular las votaciones en 119 oficinas consulares. “Si el Jurado Nacional de Elecciones no resuelve en atención a la seguridad jurídica la normativa electoral, ese fraude se habrá consumado. Nosotros qué decimos, en esas condiciones de transgresión a las normas, nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora (Keiko) Fujimori”.
El dirigente también convocó movilizaciones para presionar a las autoridades electorales y mantener viva la denuncia de fraude.
Sus declaraciones han provocado críticas incluso entre los sectores que no apoyan a Fujimori. Diversos dirigentes y antiguos candidatos presidenciales han defendido la necesidad de respetar los resultados oficiales, recordando además que en 2021 fue la propia Keiko Fujimori quien denunció fraude tras perder frente a Pedro Castillo, sin que aquellas acusaciones prosperaran.
La paradoja es evidente: ambos bloques han terminado recurriendo en distintos momentos al mismo argumento de cuestionamiento del sistema electoral.
¿Qué vías le quedan todavía a Roberto Sánchez?
A pesar de la irreversibilidad matemática del escrutinio, el candidato de Juntos por el Perú aún dispone de algunos caminos institucionales, aunque con escasas posibilidades de alterar el resultado final.
La primera vía consiste en esperar la resolución de las impugnaciones pendientes, que afectan al 0,2% de las actas. Sin embargo, incluso una revisión favorable difícilmente compensaría la diferencia existente. La segunda opción pasa por mantener los recursos ante el Jurado Nacional de Elecciones y agotar todas las instancias previstas en la legislación electoral peruana.
En paralelo, Juntos por el Perú ha impulsado una denuncia constitucional contra el ministro de Exteriores Carlos Pareja, que deberá ser evaluada inicialmente por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Si no llega a tramitarse antes del final de la legislatura, la nueva Cámara de Diputados asumirá su estudio. No obstante, varios expertos consideran improbable que prospere, debido a la ausencia de evidencias concluyentes sobre una manipulación sistemática del voto exterior y al propio dominio del movimiento fujimorista en el nuevo Legislativo.
Fuera del ámbito jurídico, Sánchez mantiene la posibilidad de convertir la protesta política y las movilizaciones sociales en una herramienta de presión. Sin embargo, esa estrategia no modificaría el cómputo electoral, sino que trasladaría la disputa al terreno político y de legitimidad.
La victoria de Keiko Fujimori no cierra las fracturas del país, sino que probablemente las profundice. La líder de Fuerza Popular ha construido su campaña alrededor del lema “Vuelve Fujimori, vuelve el orden”, centrando su discurso en la lucha contra la inseguridad y reivindicando parte del legado político de su padre, Alberto Fujimori.
Ese legado continúa dividiendo a la sociedad peruana. Para sus seguidores, representa la derrota del terrorismo y la estabilización económica; para sus detractores, simboliza el autoritarismo, la corrupción y las violaciones de derechos humanos.
Más allá del recuento, el mayor reto para la futura presidenta será gobernar un país sometido a una permanente inestabilidad institucional. La fragmentación política, la debilidad de las instituciones y la existencia de una oposición que ya cuestiona la legitimidad del proceso auguran un mandato complejo.
Roberto Sánchez aún puede seguir recurriendo y movilizando a sus bases, pero las opciones reales para revertir la elección son muy limitadas. Todo apunta a que la disputa electoral está llegando a su fin, aunque el conflicto político que deja tras de sí apenas acaba de comenzar. @mundiario
