La intervención judicial de Revolut en Italia deja una cifra incómoda: 76,5 millones de euros en movimientos que sus filtros no frenaron.
El Tribunal de Milán ha colocado bajo administración judicial durante un año a la sucursal italiana de Revolut Bank UAB, una decisión adelantada por Reuters y amparada en el artículo 34 del Código Antimafia. Dos administradores judiciales entran en la filial con la supervisión de la Guardia di Finanza. Es un banco con licencia europea y, desde ahora, un supervisor externo sentado en la sala de máquinas del negocio.
Claves de la operación
- Un año de tutela con quince obligaciones: los administradores asisten a los comités de dirección, leen las actas y las auditorías internas y verifican a los beneficiarios finales de cada cuenta.
- La cifra que sostiene la Fiscalía son 76,5 millones: operaciones que, con controles correctos, se habrían frenado a tiempo y rastreado hasta su origen. La filial no está imputada por delito económico ni fiscal.
- El precedente pesa más en España que en Italia: Revolut es ya el cuarto banco por número de clientes en el mercado español, donde crece con la misma operativa automatizada que Milán cuestiona.
Un año de tutela y quince tareas que tocan el negocio
La Fiscalía no acusa a Revolut de colaborar con organizaciones criminales. Su reproche es otro y, para un banco, igual de serio: los controles no frenaron movimientos sospechosos por 76,5 millones. Con los filtros bien aplicados, esas operaciones se habrían podido bloquear a tiempo y arrancar el rastreo de su origen.
La batería de obligaciones es amplia. Los administradores deberán presentarse en las reuniones de dirección, acceder a las actas de los órganos sociales, revisar los resultados de las auditorías internas, entregar informes periódicos al tribunal, comprobar quién está detrás de cada cuenta, y reescribir los procedimientos antiblanqueo. Quince tareas, según recoge el diario Il Giorno, que convierten la supervisión en una auditoría permanente.
El auto se apoya en el diagnóstico de la propia Fiscalía, que habla de ‘la reiteración y la heterogeneidad de los casos comprobados’ para subrayar la ‘inidoneidad’ de las medidas adoptadas. Antes, una inspección antiblanqueo detectó más de un millón de infracciones en la verificación de clientes y en la conservación de datos. Un millón, no un fallo puntual; un patrón.
El dato más incómodo aparece en el cruce de expedientes. Entre 2023 y 2024, 24 clientes residentes en el área de Milán estaban inmersos en procesos por delitos relevantes. Otros bancos remitieron 112 comunicaciones de operaciones sospechosas sobre esas mismas personas. Revolut no envió ninguna sobre sus movimientos.
Ahí está la contradicción que ningún departamento de comunicación tapa: la entidad no delinque, pero llega tarde a avisar. El Corriere della Sera subraya que la filial italiana no está investigada por ningún delito de carácter económico o fiscal; lo que se pone en duda es la eficacia de sus sistemas de detección del fraude.
Un banco no falla por el dinero que mueve, sino por el silencio que mantiene cuando debería haber levantado la mano.
Revolut respondió con el argumentario de siempre: se toma ‘muy en serio’ sus obligaciones normativas e invierte de forma constante en reforzar los sistemas de prevención de delitos financieros y los equipos de cumplimiento de todos los mercados donde opera. La respuesta es idéntica a la de cualquier otro expediente. La diferencia, esta vez, es que hay dos administradores judiciales con acceso a las actas.
El problema no es la mafia: es el sistema que no avisó
El artículo 34 del Código Antimafia no es una herramienta pensada para castigar, sino para impedir. Su lógica original es evitar que una estructura empresarial sirva de fachada o de correa de transmisión a circuitos ilícitos. Aplicarla a un banco digital por deficiencias de cumplimiento cambia el terreno de juego: la justicia ya no espera a la condena penal para intervenir, le basta con acreditar que la prevención no funcionó.
Hay un detalle que el expediente italiano deja en segundo plano. La filial no tiene licencia propia: opera bajo la de Revolut Bank UAB, la entidad con la que el grupo articula su banca en Europa. Eso convierte la decisión de Milán en un asunto que trasciende Italia, porque cualquier supervisor que comparta licencia tiene motivos para preguntar si el fallo es local o de diseño.
Lo que se juega en España, su cuarto mercado
En España Revolut ya es el cuarto banco por número de clientes, con solo tres entidades por delante. Su crecimiento se ha apoyado en dos palancas: alta en minutos y un catálogo que mezcla cuenta corriente, inversión y criptoactivos. La misma agilidad que en Milán se ha convertido en problema.
La comparación con la banca del IBEX 35 resulta inevitable. BBVA y Santander llevan una década financiando tecnología de cumplimiento, y ese gasto nunca ha sido un argumento de marketing. La ventaja de costes de las fintech se construyó, en parte, sobre modelos de verificación más ligeros. Cuando la supervisión aprieta, la factura de esa ligereza llega con intereses.
No hay indicio de que el Banco de España haya abierto expediente alguno a la filial española, y el alcance de la medida italiana se limita a la sucursal del país transalpino. Eso sí, el precedente pesa: si el criterio de Milán se extiende, la expansión del grupo hacia productos de inversión y banca privada en España encontrará un escrutinio más fino en cada autorización.
La próxima cita es el primer informe periódico que los administradores judiciales deben entregar al tribunal, ya en 2027. Para entonces se sabrá si Milán es excepción o manual. La pregunta que ninguna fintech quiere responder en público es cuántas han crecido con un diseño de controles parecido y sin que nadie haya mirado dentro.
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