Ruanda, la solución para el primer centro de deportación de la UE: el modelo de Merz y Frederiksen

La política migratoria europea da un nuevo paso hacia la externalización de las expulsiones. Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Austria y Grecia han firmado un acuerdo con Ruanda para establecer el primer centro de retorno destinado a personas que se encuentran en situación irregular en la Unión Europea y sobre las que pesa una orden ejecutable de expulsión. El proyecto, impulsado políticamente por el canciller alemán, Friedrich Merz, y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, pretende comenzar a funcionar en 2027 con una instalación piloto para un centenar de personas.

El pacto, presentado oficialmente en Viena, supone un avance para quienes defienden que las deportaciones deben poder ejecutarse fuera del territorio comunitario cuando los países de origen no aceptan la repatriación o los afectados se niegan a regresar. La Comisión Europea ha recibido “con satisfacción” los esfuerzos de los cinco gobiernos, de todo el espectro ideológico, y considera que mejorar la eficacia de los retornos supone una prioridad para los Veintisiete. Sin embargo, la iniciativa en línea con el giro hacia una política migratoria más escorada a la derecha abre un nuevo frente de debate sobre la responsabilidad jurídica de los Estados europeos y las garantías de quienes sean trasladados a África.

El mecanismo está pensado para personas que hayan agotado las vías legales para permanecer en la UE y estén sujetas a una decisión firme de retorno. No se trata, por tanto, de trasladar a Ruanda a solicitantes de asilo mientras se estudian sus expedientes, sino de enviar a quienes ya no tienen derecho a residir en territorio comunitario y no han abandonado voluntariamente Europa.

La primera instalación tendrá capacidad para unas 100 personas y funcionará como un centro de recepción con rotación continua. El acuerdo contempla que los trasladados reciban en Ruanda un permiso de residencia legal, acceso al mercado laboral, formación y alojamiento. También podrán solicitar ayuda para regresar a su país de origen o desplazarse a un tercer Estado en el que tengan derecho a residir.

Los gobiernos promotores aseguran que no será un centro de detención cerrado y calculan que la estancia no superará los dos meses. El programa estará dirigido tanto a hombres como a mujeres, pero excluirá a los menores no acompañados. La Comisión Europea participará como observadora del proyecto. El Ejecutivo danés, de tendencia socialdemócrata pero al mismo tiempo uno de los más contrarios a la inmigración, defiende que el sistema permitirá reducir la distancia entre las decisiones de expulsión y su ejecución efectiva. “Los retornos son un pilar fundamental de un sistema migratorio creíble y eficaz”, sostuvo Copenhague, que considera que los centros pueden contribuir a debilitar las redes de tráfico de personas y a disuadir a quienes pretendan entrar irregularmente en la Unión.

 

Merz y Frederiksen impulsan el giro en la política migratoria europea

La iniciativa tiene una dimensión política que va más allá de sus primeras cien plazas. Frederiksen, una de las dirigentes socialdemócratas europeas que más ha defendido el endurecimiento de la política migratoria, considera que el acuerdo constituye un hito y una respuesta a las deficiencias del actual sistema de expulsiones. “Estamos mandando la señal de que no puedes entrar en la UE de forma ilegal y quedarte”, afirmó la primera ministra danesa, que confía en que la posibilidad de ser trasladado a un tercer país disuada a potenciales migrantes de emprender el viaje.

El canciller alemán, Friedrich Merz, también ha respaldado una política de mayor control de las fronteras y de ejecución de las decisiones de retorno. El proyecto refleja así una convergencia entre gobiernos de distintas familias políticas, en un momento en que la inmigración se ha convertido en uno de los asuntos centrales del debate europeo. El canciller austríaco, el democristiano Christian Stocker, definió los centros como un “cambio de paradigma verdaderamente histórico” y defendió que la UE debe poder hacer cumplir sus propias decisiones de expulsión. “Debemos ser los dueños de nuestra propia casa”, afirmó durante la presentación del acuerdo.

Bruselas ha valorado el trabajo preparatorio y las garantías anunciadas por los países participantes, especialmente en materia de derechos humanos y cooperación con agencias de Naciones Unidas. No obstante, el respaldo de la Comisión no disipa las dudas sobre cómo se aplicará el mecanismo ni sobre las responsabilidades que asumirán los Estados europeos una vez efectuado el traslado.

No es el modelo de Meloni en Albania

Aunque la iniciativa bebe de la misma filosofía que el plan de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en Albania, ambos proyectos tienen diferencias importantes. Los centros impulsados por el Ejecutivo de coalición italiano estaban concebidos para trasladar a determinados migrantes y tramitar allí sus solicitudes de asilo, con el objetivo de determinar si podían entrar en la UE.

El acuerdo con Ruanda plantea en el proyecto una fase posterior del procedimiento, porque los afectados ya habrían agotado las posibilidades legales de permanecer en Europa y serían trasladados a un país con el que no tienen necesariamente ningún vínculo. El objetivo es que puedan establecerse allí, regresar a su país de origen o continuar hacia otro Estado en el que tengan autorización para residir.

Los impulsores del pacto sostienen que esa diferencia resulta determinante desde el punto de vista jurídico toda vez que, una vez realizado el traslado, las personas pasarían a estar bajo la jurisdicción ruandesa y recibirían un permiso legal de residencia. Sin embargo, esa interpretación tendrá que enfrentarse a posibles impugnaciones judiciales de organizaciones humanitarias y al examen de las obligaciones internacionales de los Estados implicados.

El precedente británico constituye una advertencia. El Reino Unido intentó poner en marcha un plan para deportar a Ruanda a solicitantes de asilo, pero el proyecto quedó bloqueado por los tribunales. Dinamarca también había explorado fórmulas similares sin llegar a materializarlas. Los cinco gobiernos europeos son conscientes de que el nuevo acuerdo puede acabar sometido al escrutinio de los tribunales nacionales y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Ruanda busca acuerdos con Europa y descarta acoger a miles de personas

Para Kigali, el pacto también representa una oportunidad de estrechar sus relaciones con varios gobiernos europeos. Aunque todavía no se ha concretado el coste del programa, los países participantes defienden que la operación no supondrá un desembolso desproporcionado y que los gastos de manutención en Ruanda serán inferiores a los que asumirían si los migrantes permanecieran en Europa.

El acuerdo contempla, además, una cooperación preferente en materia de inversiones y desarrollo entre Ruanda y los cinco Estados europeos. No se han cerrado todos los detalles financieros, por lo que el alcance económico del compromiso continúa pendiente de trazarse. En el pacto también han participado los gobiernos del primer ministro socioliberal de los Países Bajos, Rob Jetten, y el primer ministro democristiano de Grecia, Kyriakos Mitsotakis.

El ministro del Interior ruandés, Vincent Biruta, rechazó que su país pretenda recibir a miles de personas. Según explicó, la motivación de Kigali no es exclusivamente económica, sino que responde también a su experiencia histórica como país que ha sufrido desplazamientos y ha acogido a refugiados. Ruanda vivió el genocidio de 1994, un episodio que sigue marcando su memoria nacional. Los promotores aspiran a que el proyecto piloto pueda servir de referencia para acuerdos similares con otros países africanos si demuestra ser viable. De ese modo, la externalización de los retornos podría convertirse en una herramienta más amplia de la política migratoria comunitaria. @mundiario