La ciudadanía suiza ha rechazado en referéndum una de las propuestas más ambiciosas y controvertidas planteadas en Europa en materia demográfica e inmigratoria. La denominada iniciativa “No a una Suiza de diez millones”, impulsada por la populista Unión Democrática de Centro (UDC), pretendía introducir mecanismos constitucionales para frenar el crecimiento de la población y obligar al Gobierno a restringir la inmigración y el asilo si el país superaba determinados umbrales demográficos antes de 2050.
Los resultados preliminares muestran una derrota relativamente ajustada para los promotores de la iniciativa. Entre un 54% y un 55% de los votantes rechazaron la propuesta, frente a un respaldo cercano al 45%. Aunque el “no” se impuso, el porcentaje de apoyo revela hasta qué punto el debate sobre la inmigración y la presión demográfica se ha convertido en una cuestión central en la política suiza.
La propuesta sometida a votación era singular incluso para los estándares de la democracia directa suiza. El texto buscaba impedir que la población nacional alcanzara los diez millones de habitantes antes de mediados de siglo. Si el país superaba los 9,5 millones de residentes antes de 2050, el Gobierno tendría la obligación de adoptar medidas restrictivas en materia migratoria, asilo y reunificación familiar.
La iniciativa iba mucho más allá de un simple objetivo estadístico. En la práctica, establecía una hoja de ruta que podía desembocar en la renegociación o incluso la ruptura de acuerdos fundamentales con la Unión Europea, especialmente el principio de libre circulación de personas.
Por ello, muchos analistas calificaron la propuesta como una especie de “Brexit suizo”, aunque adaptado a las peculiaridades institucionales de la Confederación Helvética. El temor era que una limitación constitucional de la población obligara a desmontar parte de la arquitectura económica y política que Suiza ha construido durante décadas con Bruselas.
-
La denuncia de un mundo que obliga a arriesgar la vida para sobrevivir
-
Fujimori encuentra en la diáspora la llave de la presidencia: el voto emigrante rompe patrones en Perú
-
El Papa contra los “monstruos del mar”: su aviso a los migrantes y el reproche a Europa
El crecimiento demográfico que alimenta el debate
La propuesta no surgió de la nada. Suiza vive desde hace años una transformación demográfica acelerada. En 2002 el país contaba con aproximadamente 7,3 millones de habitantes. En 2026 supera los 9,1 millones. Se trata de un crecimiento cercano al 25% en apenas veinticuatro años, una de las tasas más elevadas de Europa Occidental.
La mayor parte de este aumento no procede de la natalidad. Con una tasa de fertilidad cercana a 1,3 hijos por mujer, una de las más bajas del continente, alrededor del 80% del crecimiento demográfico ha estado vinculado a la inmigración neta. Actualmente, cerca del 28% de la población residente es extranjera. Además, aproximadamente dos tercios de esos residentes proceden de países de la Unión Europea, especialmente de Alemania, Italia y Portugal.
Estos datos han alimentado un intenso debate sobre la capacidad del país para absorber nuevos residentes sin deteriorar su calidad de vida.
Los defensores de la iniciativa centraron gran parte de su campaña en problemas cotidianos que afectan a numerosos ciudadanos. La escasez de vivienda asequible se ha convertido en una preocupación creciente. Los alquileres en muchas ciudades suizas figuran entre los más elevados de Europa y encontrar vivienda resulta cada vez más difícil en áreas urbanas como Ginebra, Zúrich o Basilea.
A ello se suman las quejas por la saturación de infraestructuras, el aumento del tráfico, los trenes abarrotados y la creciente urbanización de espacios naturales. La UDC presentó estas cuestiones como consecuencias directas del crecimiento poblacional. Según sus dirigentes, la inmigración estaba ejerciendo una presión excesiva sobre los recursos nacionales y amenazando el modelo de vida suizo.
La estrategia política fue eficaz hasta cierto punto. Los sondeos previos anticipaban una votación mucho más ajustada de lo que finalmente reflejaron los resultados, lo que demuestra que el mensaje conectó con una parte significativa del electorado. La iniciativa fracasó en la gran mayoría de las regiones. Ya se conocen los datos definitivos de 25 de los 26 cantones, registrando una clara tendencia en contra de la medida, especialmente en los centros urbanos como Zúrich.
El argumento económico que inclinó la balanza
Sin embargo, la oposición a la iniciativa consiguió movilizar una amplia coalición que incluyó al Gobierno, el Parlamento, los sindicatos, las organizaciones empresariales y prácticamente todos los partidos políticos, desde la izquierda hasta sectores conservadores moderados.
Suiza depende de la mano de obra extranjera en numerosos sectores estratégicos. La sanidad constituye uno de los ejemplos más claros. Médicos, enfermeros, cuidadores y otros profesionales procedentes del extranjero desempeñan un papel esencial en un sistema que ya afronta las consecuencias del envejecimiento demográfico.
La situación es similar en la investigación científica, la industria farmacéutica, la tecnología, la construcción, la hostelería y los servicios financieros. Los empresarios insistieron en que limitar drásticamente la inmigración pondría en riesgo la competitividad de una economía que figura entre las más innovadoras y productivas del mundo.
Los datos respaldan parte de esa preocupación. La población extranjera representa alrededor del 35% de la fuerza laboral del país, una proporción extraordinariamente elevada para los estándares europeos.
El factor decisivo: la relación con la Unión Europea
Más allá de la economía interna, el elemento que probablemente resultó decisivo fue la posible repercusión sobre las relaciones entre Suiza y la Unión Europea. Aunque el país no forma parte de la UE, mantiene una compleja red de acuerdos bilaterales que le permiten acceder ampliamente al mercado europeo. La libre circulación de personas constituye uno de los pilares fundamentales de ese sistema.
La iniciativa establecía que si la población alcanzaba los diez millones de habitantes durante dos años consecutivos, el Gobierno tendría que revisar los acuerdos internacionales responsables de ese crecimiento demográfico. En la práctica, esto apuntaba directamente al acuerdo de libre circulación con Bruselas.
Para numerosos votantes, el riesgo económico y diplomático asociado a una eventual ruptura con la UE probablemente resultó demasiado elevado.
La Unión Europea absorbe aproximadamente la mitad de las exportaciones suizas y sigue siendo el principal socio comercial del país. Aunque la iniciativa fue rechazada, el resultado también deja un mensaje político relevante.
Que cerca de la mitad de los votantes respaldara una propuesta de estas características indica que existe una preocupación real por las consecuencias del crecimiento demográfico acelerado. La vivienda, las infraestructuras, la gestión del asilo y la integración de los inmigrantes seguirán ocupando un lugar destacado en el debate político suizo.
El líder de la iniciativa, Thomas Matter, reconoció la derrota pero subrayó precisamente ese aspecto: millones de ciudadanos consideran que la evolución demográfica del país plantea desafíos que no pueden ignorarse. @mundiario
