La situación judicial de Nicolás Maduro y Cilia Flores se complica todavía más en Estados Unidos. La Fiscalía federal de Nueva York ha presentado nuevos cargos contra la pareja por una presunta conspiración para cometer torturas, incorporando al proceso acusaciones especialmente graves relacionadas con el aparato represivo que, según los fiscales, habría funcionado durante años en Venezuela.
Los nuevos cargos se suman a la causa que ambos ya afrontaban en territorio estadounidense por delitos relacionados con el narcotráfico y el narcoterrorismo. Maduro y Flores se encuentran bajo custodia estadounidense desde enero, después de ser capturados en Caracas y trasladados a Nueva York. Ambos se han declarado no culpables de las acusaciones anteriores.
La nueva imputación sostiene que el Gobierno de Maduro habría recurrido durante años a la detención arbitraria, la violencia y la tortura como instrumentos para neutralizar a sus adversarios y mantenerse en el poder. La acusación sitúa a Maduro en el centro de ese supuesto sistema y atribuye a Flores un papel activo en su desarrollo y funcionamiento.
Descargas eléctricas, golpes y otras formas de tortura
El documento presentado ante un tribunal federal de Manhattan describe varios episodios de presuntos malos tratos. Entre las prácticas mencionadas aparecen descargas eléctricas, palizas, asfixia y otras formas de violencia física y psicológica.
La Fiscalía sostiene que las víctimas no fueron únicamente opositores políticos. También habría militares, personas consideradas enemigas del Gobierno e incluso ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. El expediente menciona al menos a tres ciudadanos de Estados Unidos entre las personas que habrían sufrido torturas.
Uno de los casos recogidos por los fiscales describe a un ciudadano estadounidense que habría sido golpeado y sometido a descargas eléctricas durante su detención. Otro habría sufrido graves lesiones que requirieron hospitalización. Las autoridades estadounidenses sostienen que la nacionalidad de algunos detenidos podía convertirlos además en posibles instrumentos de presión en futuras negociaciones con Washington.
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La acusación también señala directamente a los organismos de seguridad venezolanos. Entre ellos aparece la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), uno de los cuerpos señalados durante años por organizaciones de derechos humanos por su actuación contra opositores y personas consideradas una amenaza para el poder chavista.
El papel que la Fiscalía atribuye a Maduro
La nueva causa intenta establecer que la represión no habría sido consecuencia de actuaciones aisladas de agentes de seguridad, sino parte de un sistema presuntamente dirigido desde las más altas esferas del poder.
Los fiscales sostienen que Maduro autorizó el uso de determinadas técnicas de tortura y que recibió información sobre el trato dispensado a algunos detenidos. La acusación llega incluso a atribuirle conocimiento directo de determinados episodios de violencia contra prisioneros.
La Fiscalía considera que el objetivo último de este mecanismo era político: intimidar a quienes podían desafiar al Gobierno y evitar que la oposición adquiriera capacidad para disputar el poder.
En el caso de Flores, los fiscales sostienen que no se limitó a desempeñar un papel institucional como esposa del entonces presidente. La nueva imputación le atribuye participación en la construcción del sistema represivo y la vincula con órdenes relacionadas con determinados casos de tortura.
Un proceso judicial que se hace cada vez más grave
Las nuevas acusaciones colocan a Maduro y Flores ante un escenario judicial todavía más complicado. El matrimonio ya estaba acusado en Estados Unidos de delitos relacionados con el envío de cocaína al país y otras actividades vinculadas al narcotráfico.
Ahora, la acusación incorpora un componente de presuntas violaciones graves de derechos humanos, lo que eleva considerablemente la trascendencia del proceso. Maduro y Flores han rechazado las acusaciones anteriores y sus defensas mantienen que no son culpables. Sus abogados también han planteado ante los tribunales estadounidenses argumentos relacionados con la inmunidad que, según sostienen, correspondería a un antiguo jefe de Estado y a su esposa. Esa cuestión todavía está pendiente de resolución.
Si fueran declarados culpables, las consecuencias penales podrían ser extremadamente severas. El juicio por la causa que ya estaba abierta está previsto para junio de 2027, aunque el calendario podría verse condicionado por las distintas cuestiones legales que todavía debe resolver el tribunal.
Una nueva batalla judicial con Venezuela como telón de fondo
La nueva acusación abre una nueva etapa en el proceso contra quien fuera durante años el hombre fuerte de Venezuela. Maduro gobernó el país desde 2013 hasta su captura en enero de 2026 y durante ese periodo fue acusado reiteradamente por organizaciones internacionales de derechos humanos de utilizar la represión para silenciar a sus adversarios.
Ahora, esas acusaciones forman parte de un proceso penal abierto en Estados Unidos que podría determinar el futuro del antiguo mandatario durante muchos años. El caso también tiene una dimensión política extraordinaria. Maduro ya no controla Venezuela, pero su pasado en el poder se está convirtiendo en el eje de una batalla judicial en Nueva York. Y con la incorporación de los nuevos cargos por tortura, el proceso deja de centrarse exclusivamente en las acusaciones de narcotráfico para abordar directamente el supuesto funcionamiento del aparato represivo de su Gobierno.
La Fiscalía estadounidense trata de demostrar que la persecución de opositores y la violencia contra detenidos no fueron episodios aislados, sino elementos de una estrategia destinada a preservar el poder. Una acusación que Maduro y Flores tendrán ahora que combatir ante los tribunales estadounidenses. @mundiario
