La política internacional suele castigar las certezas absolutas. Pocas decisiones ilustran mejor esa dinámica que el giro que ha dado la estrategia estadounidense hacia Irán. En 2018, Donald Trump retiró unilateralmente a EE UU del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), el acuerdo nuclear firmado tres años antes entre Teherán y las principales potencias mundiales. Lo calificó entonces como un pacto «débil», «desastroso» y contrario a los intereses estadounidenses.
Hoy, sin embargo, la Administración Trump se encuentra negociando un nuevo entendimiento con la República Islámica que, según los elementos conocidos hasta ahora, guarda similitudes significativas con aquel acuerdo que la propia Casa Blanca decidió enterrar durante su primer mandato. La diferencia fundamental no reside tanto en el contenido como en el contexto. Y ese contexto resulta considerablemente más favorable para Irán.
La guerra iniciada a finales de febrero transformó el equilibrio regional. Tras meses de enfrentamientos, miles de víctimas y una grave perturbación de los mercados energéticos internacionales provocada por el cierre del estrecho de Ormuz, Washington ha terminado aceptando una negociación que persigue, ante todo, estabilizar la región y evitar nuevas sacudidas económicas globales.
El memorando preliminar anunciado entre ambos países constituye, en esencia, una hoja de ruta para regresar a la diplomacia. El compromiso incluye la reapertura del estratégico paso marítimo de Ormuz, el levantamiento parcial de sanciones y la discusión de un futuro acuerdo nuclear durante un periodo de negociación de sesenta días.
La paradoja es evidente. Muchos de los elementos que Trump criticó del JCPOA siguen presentes en la nueva negociación. Irán continúa rechazando la renuncia a su programa de misiles balísticos y tampoco acepta vincular el acuerdo nuclear a sus alianzas regionales con actores como Hezbolá, Hamás, las milicias chiíes iraquíes o los hutíes. Del mismo modo, la cuestión central vuelve a girar en torno a los límites al enriquecimiento de uranio, las inspecciones internacionales y el alivio gradual de sanciones.
La diferencia es que ahora Teherán negocia desde una posición de mayor capacidad de influencia.
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Irán consigue el alivio económico de las sanciones
Durante años, la principal herramienta de presión estadounidense fue el régimen de sanciones económicas. Sin embargo, la reciente crisis demostró que Irán conserva una capacidad de desestabilización asimétrica que afecta directamente al comercio mundial. El cierre de Ormuz recordó a las principales economías que una parte sustancial del suministro energético global sigue dependiendo de la estabilidad del Golfo Pérsico.
Ese factor altera inevitablemente la ecuación negociadora. Mientras que en 2015 Irán buscaba desesperadamente alivio económico para escapar del aislamiento internacional, ahora puede presentar la reapertura del estrecho como una concesión propia y utilizar esa capacidad de presión como carta de negociación.
Además, el escenario político interno iraní ha evolucionado. La guerra ha fortalecido a los sectores más duros del régimen y ha incrementado la desconfianza hacia Occidente. Si el acuerdo de 2015 se construyó sobre una cierta expectativa de apertura gradual, las conversaciones actuales se desarrollan en un clima marcado por el trauma bélico, el nacionalismo y la percepción de que la resistencia ha permitido a Teherán sobrevivir a una ofensiva militar sin precedentes.
Desde la perspectiva estadounidense, el cálculo también ha cambiado. Tras meses de conflicto, los objetivos iniciales —desmantelar completamente el programa nuclear iraní, debilitar decisivamente al régimen o alterar el equilibrio político interno del país— parecen más difíciles de alcanzar por medios exclusivamente coercitivos. La negociación emerge así como una vía para contener riesgos y recuperar estabilidad.
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Discrepancias por el enriquecimiento de uranio
Sin embargo, la futura arquitectura del acuerdo presenta interrogantes importantes. Los detalles conocidos hasta ahora sugieren que las diferencias sobre el enriquecimiento de uranio, la gestión de las reservas ya acumuladas y el sistema de inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) siguen lejos de resolverse definitivamente. Tampoco existe claridad sobre el alcance real del alivio de sanciones ni sobre los incentivos económicos que podrían recibir las autoridades iraníes.
La cuestión de fondo es si este proceso conducirá a un acuerdo estructural o simplemente a una tregua diplomática temporal. La experiencia del JCPOA demuestra que incluso los acuerdos más complejos pueden ser reversibles cuando cambian las circunstancias políticas. Y precisamente ese precedente condiciona las conversaciones actuales.
Para Irán, la retirada estadounidense de 2018 constituye una prueba de que ningún compromiso es irreversible. En el caso de Washington, la expansión posterior del programa nuclear iraní alimenta las dudas sobre la eficacia de los mecanismos de control.
El resultado es una negociación marcada por la desconfianza mutua. Pero también por una realidad difícil de ignorar: después de una guerra costosa para todas las partes, Estados Unidos e Irán vuelven a sentarse a discutir cuestiones muy parecidas a las que ya abordaron hace una década.
